A 42 años de la creación de la figura que consiguió romper con la hegemonía priista en el Congreso de la Unión (específicamente en la Cámara de Diputados), a través de las diputaciones de Representación Proporcional que en ese entonces se consideraban necesarias y que le dieron un pequeño giro a la dinámica política que se desarrollaba en el Poder Legislativo; en este 2019 nos perfilamos hacia otra reforma trascendental que hará válida aquella cualidad más sustantiva de nuestro régimen político.

Si decimos que en una democracia el verdadero poder radica en el pueblo, entonces hagamos realidad esa verdad a medias y permitamos que el pueblo quite y ponga cuando éste lo considere, no cuando los gobernantes quieran.

La iniciativa ya ha sido aprobada hace unos días en la Cámara de Diputados, pero ha generado incertidumbre, no por el planteamiento de la reforma misma sino por las dudas sembradas por la oposición, que después de la debacle del bipartidismo en julio pasado ven fantasmas por todos lados, la paranoia los invade, por lo tanto es oportuno que le pongamos los puntos sobre las íes.

Los artículos a modificar son el 53, 36, 41, 73, 99, 116, y 122 de la Constitución Política, a fin de que se instituya por primera vez la “Revocación de Mandato” y la Consulta Popular, figuras a través de las cuales el electorado podrá ser consultado legalmente sobre decisiones de gran envergadura que tomen nuestros gobernantes, para que forme parte de los acuerdos y no quede excluido.

Ante la mala propaganda que se dio a la iniciativa, señalando que este era solo un pretexto del presidente Andrés Manuel López Obrador para reelegirse, el propio Ejecutivo federal firmó un compromiso y reafirmó su indudable respeto a ley, resaltando el slogan de Francisco I. Madero, de “Sufragio efectivo, no reelección”.

“Seis años bastan…”, respondió el presidente a los infundios, señalando que en ese periodo podrán concretarse los cambios que México necesita y que él prometió en campaña.

Por el contrario, con la revocación de mandato se otorga a los ciudadanos el poder de quitar a los malos gobernantes, a los que se enriquecen a costa del pueblo, a los corruptos, como han surgido tantos en el pasado reciente. Pero también sirve para desterrar a los ineficientes, a los ineptos, a los que simulan que hacen pero nomás calientan la banca; a los de buenas ideas pero de acciones mediocres en el ejercicio de sus funciones; a los perversos, que en campaña engañan al pueblo con piel de oveja, pero que a la hora de tomar las riendas se convierten en lobos o en las hienas que siempre han sido.

Tampoco es nueva la idea, su origen rebasa en el pasado a nuestro sistema político, a la historia misma de nuestro país, en la actualidad se aplica en países de primer mundo y subyace en otros que no han logrado todavía beneficiarse de los frutos de ésta que debería ser una herramienta de toda democracia.

En concreto, la iniciativa aprobada el pasado 14 de marzo propone establecer el derecho de votar en las consultas sobre revocación del mandato, entendido como un medio de control constitucional de participación ciudadana, que sería usado para destituir a los funcionarios públicos de elección popular cuando así lo soliciten los ciudadanos y haya transcurrido la mitad de su periodo en el cargo.

La revocación de mandato se llevaría  a cabo mediante consulta ciudadana al presidente de la República, los diputados federales, senadores, gobernadores, así como diputados locales, los integrantes de los ayuntamientos, el jefe de gobierno e integrantes de las alcaldías de la Ciudad de México.

En la iniciativa se planteó la necesidad de que cada solicitud de consulta para revocación de mandato de cualquier funcionario público presentada ante el Instituto Nacional Electoral, debe contar por lo menos con el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, de acuerdo a la demarcación territorial que corresponda.

Al igual que el proceso de elecciones para designar funcionarios públicos, la mencionada reforma permitirá al INE organizar la consulta para destituir a los funcionarios que hayan incumplido con su cargo, por lo que será el órgano encargado de revisar los requisitos establecidos en la constitución, organizar las consultas ciudadanas, computar los votos y emitir constancia sobre los resultados obtenidos en ese proceso.

Se establece también que el resultado de la consulta de revocación sea vinculatorio, cuando participen al menos un tercio de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Y que el periodo sexenal del presidente sea de 6 años, salvo que exista un proceso revocatorio en su contra.

En relación al debate sobre los momentos en que deberá llevarse a cabo la consulta, en caso de que sea solicitada, para presidente de la República, se ha propuesto que se lleve a cabo a la par de las elecciones intermedias, que coinciden con la mitad de la gestión del titular del Ejecutivo federal, y con lo cual no se tendría que desplegar una gran cantidad de recursos económicos y humanos por todo el país, tan solo para llevar a cabo la consulta, sino que coincidiría con el proceso electivo para alcaldes, síndicos, diputados federales y locales y varias gubernaturas.

En un proceso de este tipo se invierte en la instalación de casillas, elaboración de boletas, contratación de personal para la capacitación de representantes y funcionarios de casilla en cada uno de los distritos federales del país (300), en materiales para organizar los paquetes electorales, en la promoción y propaganda destinada para la elección que en este caso también serviría para la consulta. 

Hacerlo fuera de este proceso me parece desatinado, no solo por el derroche de recursos, puesto que hablamos de varios cientos de millones de pesos, sino por el capricho de los partidos de oposición que ven moros con tranchete en cada propuesta que hace el presidente López Obrador, en cuanto a la democratización del país.

Nos encontramos en un momento clave para nuestro país, así como en 1953 se aprobó el derecho de la mujer a votar y ser votada en elecciones para obtener un cargo público, en estos momentos México da un paso adelante en ese andar rumbo a la conformación de una verdadera democracia.

Cuyo significado no quedará nomás colgado como adorno en los discursos de los políticos de siempre, sino que será fundamento y sustento para el sistema político de hoy, que exige mayores muestras de que el verdadero poder reside en el pueblo; que la clase política, sobretodo la que ostenta los cargos públicos no es más que representante de éste y que ya se acabaron los tiempos de los gobernantes deificados,  inalcanzables, inamovibles.

Con la revocación de mandato, junto con otras reformas que impulsa el Ejecutivo federal con el apoyo del Congreso de  la Unión, como la eliminación del fuero constitucional, las nuevas medidas de transparencia y combate permanente a la corrupción, entre otros.

Tan mortales somos unos como los otros, aunque el ciudadano debe estar colocado a la cabeza y quienes ocupamos un escaño o curul, quienes se encuentran al frente de cualquier oficina pública, con mucha responsabilidad y compromiso, simplemente debemos ser los que somos mandados. 

Opinión por el Senador Cruz Pérez Cuéllar.