• El modelo económico neoliberal exhibió su incapacidad para asumir los retos de la vida global.

Es indudable que el advenimiento de la pandemia por covid-19 ha puesto a prueba a las economías y a los sistemas políticos y de salud en todo el mundo.

Ha quedado claro que el modelo económico neoliberal exhibió su incapacidad para asumir, de manera sostenible, los retos de la vida global.

Desde hace más de un año, en México se inició una vía de desarrollo basada en la construcción de un Estado de bienestar fuerte, sustentado en la protección preferencial de la base de la pirámide poblacional, invirtiendo de facto el antiguo régimen de privilegios y corrupción de la élite de dicha pirámide. Se trata de un régimen de derechos sociales que prioriza la salud y la educación, así como los apoyos para la población en mayor estado de vulnerabilidad y el despliegue de programas de impulso a la producción agropecuaria y acceso laboral en diferentes regiones del país para equilibrar el desarrollo nacional.

En poco tiempo se ha avanzado en la disolución del amasiato entre poder económico y poder político que saqueó las arcas del erario, corrompió todas las relaciones de poder, comprometió las finanzas públicas y produjo una creciente pobreza en más de la mitad de la población mexicana.

Una muestra de esta disolución es el pago de más de treinta mil millones de pesos que en menos de un mes han saldado empresas deudoras de impuestos al SAT.

Por supuesto que el camino no es alfombrado. Todo lo contrario, se ha levantado una virulenta oposición a estas transformaciones de gran calado que buscan resarcir el oprobio del ominoso pasado. Hay un evidente realineamiento de segmentos de fuerzas que han perdido privilegios, prebendas y accesos al poder corrupto y corruptor de antaño.

En ese contexto se explica el grito desesperado de gobernadores panistas y priistas que se aferran a mantener privilegios y su estatus de virreyes en sus territorios; se agrupan para solicitar más dinero público y manejarlo a discreción y en gastos suntuosos, para seguir endeudando las arcas estatales e hipotecando el futuro de las próximas generaciones; quieren seguir gastando miles de millones en publicidad gubernamental y comunicación para tratar de desacreditar el trabajo del gobierno federal, golpear y someter a opositores locales, así como para propagar el odio y la infodemia; quieren seguir contratando obra pública con cotizaciones infladas y “moches”; quieren seguir protegiendo a evasores fiscales, en aras de que les patrocinen sus campañas electorales, violando evidentemente la ley. Más allá de su bandera federalista, su actitud es la expresión de su resistencia ante el quiebre de su concepción y práctica de la política.

Los gobernadores se mueven en la frontera del desafío a la unidad política del Estado, por renunciar a la colaboración de poderes establecida en la Constitución y por su desprecio al mandato del pueblo, al poner por encima sus intereses partidistas y personales. Se olvidan que la política cambió. Se trasladan en aviones y helicópteros rentados o de propiedad de los gobiernos a sus reuniones grupales. Sacan adelante mayorías en los congresos locales a favor de la aprobación de préstamos: en Jalisco para 6,200 millones de pesos; en Guanajuato 5,350 millones; en Tamaulipas 4,600 millones, entre otros, y se les olvida que parte del federalismo es respetar la Ley de Disciplina Financiera y, entre otras cosas, obtener el aval de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal.

Se observa una conducta separatista y conservadora, y no hay duda que también ímpetus electorales precipitados, que estimulan la inestabilidad política y debilitan su autoridad, para enfrentar los retos de la pandemia y su consecuente crisis económica.

En fin, la virulencia de los perdedores de privilegios seguirá como pandemia intermitente.

Opinión por la Senadora Imelda Castro.