Una sola afirmación del premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, define el estado de la salud pública en el mundo: “Las grandes farmacéuticas anteponen los beneficios económicos a la salud y detienen el avance científico en la cura de enfermedades, porque curar no es rentable como la cronicidad”.
En México, avanzar en la construcción del estado de bienestar social, pasa por atender una de las más graves enfermedades nacionales: la salud. Por ello, el acceso universal está entre las principales prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Una de las metas de las autoridades de salud en el país es llegar a destinar el 6% del presupuesto federal al término del sexenio. Pero también rediseñar las políticas públicas en el sector, para hacer llegar de manera directa el servicio a todos los mexicanos y combatir la corrupción.
En ese marco, se ha creado, por ley, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto auxiliar a la Secretaría de Salud en la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, incluidas las intervenciones quirúrgicas, que puedan requerir todas las personas sin seguridad social.
Las instituciones de salud de los estados del país podrán celebrar convenios de colaboración con el Insabi para lograr progresivamente la universalización del acceso a los servicios de salud. Con ello se acabará, entre otras, con las restricciones que tuvo el llamado Seguro Popular, en la atención a muchas enfermedades no reconocidas en su régimen.
Con el Insabi se eliminan las barreras de acceso a la salud, pues no será necesario “afiliarse” y ser parte de un padrón, únicamente será necesario contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), acta o certificado de nacimiento. No importará tampoco en qué parte del territorio se encuentre el solicitante, ni su condición socioeconómica.
Se amplía también la cobertura de servicios de salud y medicamentos gratuitos al garantizar la consulta externa, mínimamente en el primer y segundo nivel de atención; la hospitalización para especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Con el fin de optimizar las inversiones en salud, previo acuerdo con las entidades federativas se centralizarán los recursos destinados a la prestación gratuita, compra consolidada de medicamentos y demás insumos. También se desincentivará el dispendio y la corrupción, con este tipo de medidas.
Con la creación del Insabi se fortalece la rectoría de competencias, ya que establece un modelo de atención que será de observancia obligatoria por mandato de ley. Pues a través del Instituto se organizará, operará y supervisarán todas las fases de la prestación del servicio para homologarla.
En el debate parlamentario, la oposición cuestionó el proyecto, aduciendo la “desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, creado para dar servicio de alta especialidad a pacientes con enfermedades de alto costo”, lo que se demostró como un mito ya que se crea el Fondo de Salud para el Bienestar que tiene como fin destinar sus recursos a la atención de enfermedades que, justamente, provocan gastos catastróficos; la atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social y, complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como el acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
En fin, con el Insabi, México se incorpora a un nuevo modelo de salud que atiende la necesidad de ir cerrando la grieta histórica que han generado las políticas públicas excluyentes y la omnipresencia de la corrupción y el saludo del dinero público. Para ello, el Insabi contratará en este primer año de funcionamiento, 2020, con 40 mil millones de pesos. Este es un gran comienzo.
Opinión por la Senadora Imelda Castro.
