Uno de los rasgos que ya definen el proceso de cambios que vivimos en México en los últimos dos años, es la recuperación de amplios campos que había perdido la acción del Estado. Por eso no puede caracterizarse de otra manera que como la recuperación de la rectoría del Estado en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, la reforma que viene.
Prácticamente dos años lleva el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reflexionando, consultando y diseñando una nueva visión y gestión del sector CTI para el desarrollo nacional.
A pesar de que existían iniciativas que postulaban el derecho humano a la ciencia, fue hasta en esta etapa de cambios que esto ha sido posible. Por ello, la garantía del derecho de toda persona a acceder a los beneficios derivados del desarrollo científico y tecnológico y con perspectiva de género, es ya un compromiso constitucional que deberá reflejarse en la nueva legislación secundaria. Asimismo, la reivindicación de las humanidades, antes minusvaluadas; así como la protección del medio ambiente, la salud y la riqueza biocultural, constituyen el segundo eje transversal.
Al establecer las bases de coordinación entre Federación, estados y municipios, se recupera también la visión regional y local, dejando atrás la dispersión nacional de los esfuerzos en la materia. Se revaloran las áreas de oportunidad en condiciones específicas para dar soluciones articulando las diferentes capacidades de CTI. Hay un nuevo trato a los Centros Públicos de Investigación, pues se regulan sus actividades financieras, jurídicas y laborales, que buscan su fortalecimiento.
Definitivamente se busca fortalecer y consolidar al Sistema Nacional de CTI, como espacio de diálogo vinculando a las instituciones de educación superior y las entidades de la administración pública federal, centros de investigación y actores de los sectores público y social, en una perspectiva nacional. Asimismo, se renuevan los espacios e instancias de participación y consulta, dejando atrás ejercicios opacos y alejados del interés público.
La reforma secundaria que viene articula también el ejercicio presupuestal federal, atendiendo a los problemas nacionales prioritarios y dependencias federales, cerrando el paso a la dispersión, duplicidades y dispendios. Actualmente persiste la asignación de recursos para investigación en diversas dependencias, debilitando la acción de Conacyt como cabeza de sector. Hay, por supuesto un nuevo Conacyt en el proyecto legislativo que promueve el fortalecimiento de la comunidad científica y la ciencia de frontera, a través de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), así como un desarrollo científico, tecnológico e innovación abiertos, que garantice la difusión y acceso universal al conocimiento.
En el proyecto legislativo se vislumbran nuevos modelos de investigación que impulsen la transformación de la sociedad en sus múltiples dimensiones como la económica, normativa, política y cultural y ambiental. Por ello los retos del cambio climático, la transición energética, la pacificación del país y otros, son temas de la nueva agenda de Estado.
Será en el ya iniciado Segundo Periodo de Sesiones de este tercer año de actividades legislativas, cuando tendrá lugar el debate parlamentario y la aprobación de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La reivindicación del interés público se impone sobre el interés particular, sin duda.
Opinión por la Senadora Imelda Castro.
