En campaña y durante los primeros días de su gobierno, Vicente Fox Quesada prometió que iría por “los peces gordos”; más allá de la anécdota de las tepocatas y de las víboras prietas, ningún pez ni gordo ni flaco fue encarcelado. Por eso y más, es relevante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya iniciado a través de la Fiscalía General de la República un proceso para que se haga justicia y sean encarcelados quienes se enriquecieron con los recursos del pueblo.
Las acusaciones en contra del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, contrario a quienes quisieron denostar al actual gobierno, tienen fundamento: muestra de ello es que una juez de amparo ya dejó sin efecto la protección del Poder Judicial y determinó que se le puede aprehender en cualquier momento.
Las corruptelas en que habría incurrido el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto y que son parte de la investigación que sigue la Fiscalía General de la República, son además de innumerables, de no creerse.
Por ejemplo, nos encontramos la compra de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar. Y en las operaciones fraudulentas con Altos Hornos de México también ya es del conocimiento público, que funcionarios de esa empresa le compraron a Lozoya una casa de descanso en Contramar –zona exclusiva- en Ixtapa, Zihuatanejo.
Quien nada debe nada teme, y por lo visto tanto el exfuncionario como su hermana deben mucho, ya que se negaron a comparecer ante las autoridades y Javier Coelllo Trejo -abogado del primero- se ha empeñado en aseverar que Lozoya Austin no actuó solo, sino que siguió órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto.
La demanda de los electores el 1 de julio de hace un año ya, fue clara: Un alto total a la corrupción e impunidad. El país fue saqueado (aunque muchos aún se resisten a creerlo y otros quieren seguir siendo cómplices), y con ello se lesionó a miles de ciudadanos y ciudadanas. Con base en lo anterior, el gobierno de la Cuarta Transformación que es el de la esperanza, no puede dejar pasar de ninguna manera el desfalco y el robo de recursos públicos que dejó un país hundido. Los servidores públicos deben servir al pueblo, no servirse de las arcas públicas, quien robó debe ir a la cárcel, sin importar el rango que ocupó dentro de la administración pública federal.
Los gobernadores también deberían seguir el ejemplo y no archivar los expedientes con los elementos y pruebas que tienen en su poder en contra de sus antecesores en el cargo, la mayor parte de ellos saquearon las arcas de las entidades que administraron y gozan de cabal impunidad.
Lozoya Austin y sus secuaces (y varios más), deben ser investigados y responder ante la ciudadanía por su deshonesto proceder.
El robo a las instituciones y al pueblo de México en las últimas tres décadas no tiene parangón, solamente al ver la miseria de los ciudadanos, la devastación en el sector salud, la falta de oportunidades para los jóvenes, la violencia social, etcétera, comprobamos la magnitud del saqueo y gritamos fuerte y alto: ¡llegó la temporada de “los peces gordos”!
