El teletrabajo o trabajo a distancia, definido como la forma de organizar y realizar la jornada laboral en lugares o establecimientos ajenos al empleador, es una tendencia que ya venía asentándose desde hace algunos años gracias a la creciente utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Actualmente, en el mundo, los países que tienen porcentajes más elevados de su fuerza laboral trabajando fuera de sus oficinas son Finlandia, Japón, Holanda, Suecia y los Estados Unidos. En América Latina, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un promedio de 23% de la fuerza laboral de cada país es apta para realizar trabajo a distancia.
Diversos estudios y organizaciones han abordado los muchos beneficios de esta modalidad de trabajo, siendo la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) una de las que más ha abordado su impacto y analizado sus potencialidades, pues se considera que en algunos casos aumenta la productividad, mejora el estado de ánimo, contribuye a la disminución de la contaminación y genera ahorros para las empresas y organizaciones. En México incluso, la Coparmex ha estimado que esta modalidad podría producir un aumento de la productividad de hasta 28%.
En el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el teletrabajo ha tomado más notoriedad. En los Estados Unidos, por ejemplo, grandes compañías tecnológicas como Twitter y Facebook han comenzado a implementarlo a gran escala. Facebook incluso planea llevar a cabo un plan “agresivo” de contratación de nuevos colaboradores por vía remota, especialmente de personas de edades mayores que no necesitan entrenamiento presencial o mucho desarrollo profesional, y espera convertirse en poco tiempo en la compañía de su escala que más avance en la implementación del teletrabajo o el trabajo remoto. De igual manera, Microsoft también ha desarrollado recientemente guías enfocadas al teletrabajo en el contexto de la pandemia de COVID-19 que pueden resultar muy útiles para las empresas de su rubro.
Con la pandemia muchos trabajos en México han tenido que adaptarse a la modalidad de teletrabajo. Algunas empresas y organizaciones ya llevaban avance en esta tendencia por lo que les ha resultado un poco más fácil adaptarse a las medidas de prevención que demanda la emergencia sanitaria, pero muchas otras, sin embargo, no estaban acostumbradas a enviar a gran parte de su planta laboral a casa y han tenido que esforzarse más y recurrido en costos inesperados como la adquisición de equipo o suscripciones a servicios de video conferencia.
También en el contexto de la pandemia mundial de coronavirus, la OIT ya ha comenzado a delinear medidas y a recopilar las mejores prácticas de trabajo a distancia que se han visto, para motivar a las organizaciones a que las lleven a cabo. En este sentido, el observatorio de la OIT ha elaborado un marco de políticas a impulsar en el ámbito laboral y una de ellas es la adaptación de los acuerdos laborales para permitir modalidades como el teletrabajo con miras a proteger la salud de los empleados y, por ende, aminorar los costos económicos.
En días pasados la OIT y la CEPAL publicaron el documento El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el que señalan al teletrabajo como una política adecuada para abordar la crisis ocasionada por el coronavirus desde un enfoque de permanencia. Una de las cosas que nos muestra este estudio es cómo encontró la pandemia a los países de América Latina y el Caribe en cuanto a la tendencia y la regulación del teletrabajo. Así pues, resaltan los casos de Argentina, Brasil y Costa Rica en donde el trabajo remoto ya estaba regulado, y en donde se impulsaron nuevas medidas y protocolos con base a lo que permitían sus leyes. Panamá, el Salvador y Chile son casos donde la regulación del trabajo remoto se venía discutiendo y en el marco del coronavirus se han aprobado leyes, algunas de ellas transitorias, que favorecen el trabajo a distancia y al mismo tiempo otorgan derechos a los trabajadores bajo esta modalidad. Y también existen países de la región que recientemente promovieron de alguna manera el teletrabajo como Paraguay, Ecuador, Surinam y Trinidad y Tobago.
En México una reforma en materia de teletrabajo deberá considerar también, necesariamente, escenarios como los ocasionados por la pandemia de coronavirus. Esta deberá establecer, por ejemplo, que en los convenios de teletrabajo por virtud de los cuales se establece la relación laboral entre el empleador y el trabajador, se deberá considerar si este último ha estado expuesto a brotes epidémicos, si tiene que cuidar familiares que hayan contraído la enfermedad o si por su edad o condiciones médicas se encuentra dentro de la población de riesgo.
La legislación mexicana, en ese sentido, debiera retomar los esfuerzos hechos en otros países de la región, como acortar el plazo de notificación al empleado a 48 horas de antelación (por escrito o por medios digitales o electrónicos), la obligatoriedad de que el empleador ponga a disposición de sus trabajadores los equipos y la infraestructura necesarios, como el mejoramiento de la banda ancha cuando esto sea requerido, así como reembolsar los gastos adicionales; protocolos de activación de teletrabajo, programas para mejorar la coordinación entre el sector público y el sector privado, el derecho a la desconexión estipulado en la ley y criterios de aplicación del seguro de accidentes para los empleados que se encuentran fuera de las oficinas.
Dentro de los retos para implementar el trabajo remoto en México como una medida más generalizada y regulada, se encuentra el de la necesidad de la ampliación de la cobertura tecnológica, pues actualmente solo el 53% de la población dispone de conexión a internet, lo que nos sitúa en un nivel medio dentro de los países de América Latina y el Caribe; así como que más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, da a conocer un fuerte reto para el progreso del trabajo en casa. Las Inversiones pública y privada deberán contribuir al bienestar de los trabajadores y que la carga financiera de las necesidades digitales y de otros servicios no presionen el ingreso familiar, como sucede ahora. En fin, son muchos los retos que en materia legislativa y de políticas públicas tenemos a la vuelta de la esquina.