Una de las críticas más duras y sensibles que ha enderezado la oposición panista contra el Gobierno federal es el presunto desabasto de medicamentos, como la efedrina y vacunas para la rubiola y el sarampión, pero sobre todo del fármaco para contener el progreso del cáncer: el químico denominado metotrexato. En ello, la más fuerte acusación es la relacionada con la muerte de la niña Mariana, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
En los próximos días la verdad saldrá a flote. Se trata de la puesta al descubierto de una red de intereses tejida alrededor de unas cuantas empresas que controlaban la “venta” de medicamentos bajo un esquema de monopolio, que en realidad significaba una transferencia directa y exclusiva de dinero público a manos privadas.
La recuperación del control del Gobierno sobre la adquisición de medicamentos para el sector salud, a través del esquema de compras consolidadas, está poniendo en crisis el modus operandi de estas mafiofarmacéuticas y sus redes de apoyo.
La política de austeridad, ahorro y combate a la corrupción que está implementando el Gobierno federal ha implicado ciertamente la reducción del gasto y cancelación de compras y contratos por 145,614 millones de pesos, que representan ya el 73% de la meta de 200,000 millones de pesos al cierre del año 2019, equivalente al 0.6% del PIB. En el caso del IMSS e ISSSTE las compras consolidadas de medicamento significan un ahorro para el erario de cerca de 8,000 millones de pesos.
Sin embargo, los problemas en el sector salud no tienen que ver con estas medidas, sino con una suerte de desabasto provocado por la misma resistencia al cambio y por los contratiempos que genera implantar el nuevo esquema. Pero en ningún momento ha significado la muerte de personas por falta de medicamentos. En el caso comentado se trató de otro padecimiento el que causó el lamentable fallecimiento de la niña Mariana, mismo que ha sido aclarado por la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la SSA. No obstante el presidente de la República ha instruido a las autoridades de salud para que se investigue y castigue, en su caso, a los responsables.
¿En qué consiste el control monopólico privado del mercado de fármacos en México? Simple y sencillamente en que solo diez proveedores concentraron el 79.6% del gasto público que corresponde a la compra de medicamentos en el periodo de 2012 a 2018. Es decir, de 303,076 millones de pesos, que se invirtieron en la compra de medicamentos en dicho periodo, estas farmacéuticas se llevaron 241,191 millones de pesos. Y más allá todavía, son solo tres empresas (Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos MAYPO y DIMESA-PiSA) las que concentraron 176,582 millones de pesos.
Es inaceptable, por ejemplo, que habiendo por lo menos cinco fabricantes del medicamento para enfermos de cáncer, el sector de la salud pública en México esté en manos de un solo proveedor (DIMESA-PiSA), dándose el lujo criminal de esconder el medicamento y cerrar la línea de producción desde el mes de mayo pasado, sin informar a las autoridades correspondientes.
Estas son las principales razones de la crisis del abasto del medicamento. No porque ahora se estén haciendo las compras consolidadas, sino por la insuficiencia en las farmacias subrogadas, donde el proveedor debe surtir el químico.
Para contribuir a un abordaje de fondo y definitivo a esta problemática, el Senado de la República discutirá y aprobará en este periodo legislativo sendas reformas a la Ley General de Salud y a las del IMSS e ISSSTE, entre otras. Se creará el Instituto de Salud para el Bienestar y se establecerá el derecho a los medicamentos gratuitos, incluyendo a la población que no tiene aún seguridad social.
Por lo demás, la sociedad tiene derecho a saber. Que la verdad siempre triunfe.
Opinión por la Senadora Imelda Castro.
