En el antiguo régimen, la búsqueda del poder político estuvo directamente asociada al compromiso de eximir a los grandes capitales del pago de contribuciones. Ello, controvirtió el principio fiscal de universalidad de las contribuciones, como la “obligación de todos los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa”, así como el también principio fiscal de rectoría económica y de justicia tributaria, que regula la condonación de impuestos, previsto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se señala que “el ejecutivo podrá condonar impuestos: 1. Cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad; y 2. En caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

Sin embargo, la práctica de condonación de impuestos se fue institucionalizando y generalizando a favor de grandes contribuyentes, sin respetar dicho marco regulatorio. Incluso vale destacar que en la Constitución de 1917 se estableció una prohibición expresa de las exenciones tributarias, considerando este término como la prohibición de todo acto de los poderes públicos para dispensar o eximir a una persona de su obligación de contribuir al gasto público, salvo algunas excepciones.

Por ello, en el análisis de la minuta de reforma en comento, se observa que las condonaciones que se otorgaron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre los años 2007 y 2018, no se efectuaron bajo las condiciones legales vigentes, pues carecieron de “generalidad, abstracción e impersonalidad”.

La condonación de impuestos ha sido una práctica perniciosa que se ha realizado de manera desproporcionada e inequitativa entre los sujetos obligados al pago de estas contribuciones, y por tanto, no ha cumplido con el fin para la que se previó en la ley, que era evitar la desaceleración económica en situaciones de crisis generalizada.

Desmantelar este esquema de privilegios fiscales para este grupo selecto de grandes contribuyentes es el objetivo de la reforma constitucional a discusión. Gracias a la investigación y perseverancia de la organización Fundar, hoy los mexicanos sabemos cuál ha sido el costo para el erario público de esta política que favoreció a empresarios que han hecho uso del poder político para evadir sus responsabilidades fiscales.

En el periodo de 2007 a 2018, el monto de las condonaciones a valor actual es de 400,902 millones de pesos (valor histórico es 297,074 millones de pesos) a un total de 153,530 contribuyentes, de los cuales el 54% del monto total de dichas condonaciones fiscales se concentró en solo 108 contribuyentes del sector privado. A esos 108 se les condonaron 213,000 millones de pesos (a valor actual). De esos 108, se ampararon 45, cuyas condonaciones suman 134,000 millones de pesos (a valor actual). Es importante señalar que, 48 de los 108 contribuyentes fueron beneficiados en dos ocasiones durante dicho periodo; 58 de estos cotizan en la Bolsa de Valores y 45 obtuvieron amparo para proteger sus datos, según los archivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En otras palabras, el monto condonado en los últimos once años, equivale a doce veces lo asignado para actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. Esta comparación nos permite darnos una idea del nivel de daño al patrimonio del Estado, de la cantidad de dinero que se evitó entrara a las arcas públicas.

El fin de la casta fiscal en México ya está muy cerca. Se camina hacia la desaparición de los privilegios de todo tipo para igualar las condiciones económicas, sociales y políticas de los mexicanos. La justicia tributaria es uno de los principales objetivos de este nuevo régimen de progreso y bienestar para todos y todas.

Opinión por la Senadora Imelda Castro.