En la exposición de su voto particular al dictamen que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el senador Manuel Huerta afirmó que en el Poder Judicial de la Federación no entienden “la transformación pacífica que ha determinado el pueblo de México”.

“No sólo se han opuesto al cambio en aras de la protección de sus intereses burocráticos, sino que también se oponen a la transformación de las estructuras del Poder Judicial, en calidad de operadores judiciales de grupos económicos y políticos conservadores”, sostuvo ante el Pleno.

Los cambios normativos que derivan de las iniciativas presentadas por el expresidente López Obrador en febrero pasado, dan paso a “la designación de los operadores del sistema de justicia de la Nación, para que sea el pueblo quien los designe a través del voto directo y personal”.

En este sentido, indicó que en la Ley Orgánica se establecen disposiciones relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los plenos regionales, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito.

El nuevo cuerpo normativo, añadió, transforma el “Consejo de la Judicatura Federal en un órgano de Administración Judicial dotado de independencia y autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones, separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia, así como el Tribunal de Disciplina Judicial, especializado en velar por la independencia, la imparcialidad, la honestidad y la integridad en la justicia”.

Este órgano de Administración Judicial se instituye como un cuerpo profesional de gobernanza judicial que funcionará en pleno y en comisiones, y contará con las atribuciones necesarias para gestionar eficazmente los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial de la Federación.

Con esta reforma, anotó Huerta, se fortalece el acceso de la ciudadanía a una justicia pronta, imparcial y equitativa, además de establecer criterios claros que relacionan la gravedad de la falta con la sanción impuesta, evitando excesos punitivos y garantizando el derecho a una defensa adecuada, lo que implica un uso eficiente, racional y austero de los recursos.

“La cuarta transformación”, concluyó el senador por Veracruz, “ha sido muy clara en su propuesta de gobierno de ‘primero los pobres’ y de austeridad republicana, así como en los principios de no mentir, no robar y no traicionar, principios a los que se ha alineado la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, se presentaron y se presentan resistencias de grupos y sectores que no justifican su oposición al cambio para el beneficio de las mayorías”.