Con el permiso de la presidencia;

Compañeras y compañeros senadores, senadoras:

No cabe duda de que vivimos una época estelar en la vida democrática del país.

Diversos son los factores que se han conjugado para hacer posible, por primera vez, el ejercicio del derecho del pueblo de México a ser tomado en cuenta como un actor protagónico del proceso de toma de decisiones públicas.

Por un lado, un presidente de la República que concibe a la democracia más allá de lo estrictamente electoral, y que cree en la necesidad de replantear y repensar la relación existente entre la democracia, representación y participación social.

Con la decisión que habremos de tomar el día de hoy, estaremos contribuyendo a construir un nuevo modelo de democracia directa y popular, cuya legitimidad fortalecerá directamente de las y los ciudadanos en este país.

De esta forma, la consulta popular se constituye ya como un instrumento democrático de un gobierno surgido del pueblo y que, a diferencia de los gobiernos anteriores, ejercían el poder político de manera antidemocrática y ahora es para el beneficio del pueblo y no solo de unos cuantos sectores privilegiados.

En segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fin se atrevió a reinterpretar su responsabilidad constitucional y decidió respetar el ejercicio del derecho del pueblo de México a ser tomado en cuenta en asuntos de la mayor trascendencia nacional.

La mayoría de ministras y ministros que se pronunciaron a favor de declarar constitucional la materia de la consulta presidencial, dejaron de concebir a la justicia como un privilegio y dieron un paso firme para garantizarla como lo que verdaderamente es: un derecho.

La redacción de la pregunta aprobada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ciertamente es distinta a la presentada por el presidente de la República.

Pero, contrario a lo que argumentan quienes no creen y temen a la participación del pueblo, la nueva pregunta coincide plenamente con el objetivo que motivó al poder ejecutivo, y nos brinda una cobertura constitucional y popular mucho más amplia, para que el Estado mexicano haga uso, con la mayor legitimidad posible, de las herramientas e instrumentos legales con los que cuenta para proveer justicia y combatir la impunidad.

Como fue expresado en la exposición de motivos que acompaña la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la corte, o la Suprema Corte de Justicia determinó que la consulta popular planteada tiene las siguientes vertientes:

1- Política criminal, que es la que va a cerrar el largo camino y oscuro periodo que tuvimos en este tiempo en que se infringían graves daños a nuestro pueblo y también al patrimonio de la República.
2- La política de responsabilidad de servidores públicos.
3- Mecanismos e instrumentos para el esclarecimiento de la verdad.

Por eso, hoy fue constitucional la materia de la propuesta de consulta, ahora la cita con las urnas es esta vez para reiterar el eco de las elecciones de julio de 2018, un “ya basta” a la impunidad de los poderosos.

Es un aliento a las autoridades competentes de la República para que, nunca más vuelvan a ocurrir actos de corrupción y con la fuerza ciudadana detrás, cumplan sus obligaciones constitucionales y se exijan las responsabilidades políticas y jurídicas a los altos funcionarios públicos que desviaron su función social con fines espurios.

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Aquí se nos viene a decir que no hay ningún tema de trascendencia nacional, cómo no va a ser tema de trascendencia nacional el Fobaproa, cómo no va a ser un tema de trascendencia nacional la privatización de las industrias estratégicas, la banca, telecomunicaciones, ferrocarriles.

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Cómo no va a ser de trascendencia nacional el abandono que se tuvo al campo, lo de Acteal, en Chiapas; cómo no va a ser de trascendencia nacional la corrupción cometida por todos los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, el señor Felipe Calderón, Vicente Fox y Peña Nieto; la declaración de guerra que le hizo el expresidente Calderón al crimen organizado.

Cómo no va a ser un tema de trascendencia nacional lo ocurrido con Agronitrigenados, con la empresa Pajaritos, cuando se adquirió por más de 200 millones de dólares de más. Cómo no va a ser de trascendencia nacional todos estos actos de corrupción cometidos por los gobiernos anteriores. Por favor senadores, un poco de inteligencia para saber todo lo que nos pasó y nos ocurrió.

Por eso entendemos miedo y su preocupación, sus líderes y cómplices perderán el privilegio de la impunidad porque ahora con la pregunta, aunque dice que no se dice con claridad, pero de fondo es lo mismo, si queremos que se juzgue a los expresidentes, a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox y a Peña Nieto, y al señor Calderón; todos ellos seguramente van a pasar en nuestro país como los verdaderos pillos que hemos tenido.

Y es verdad, los tribunales constitucionales deben ajustarse a hacer valer la constitución y no pueden guiarse por presiones.

Sin embargo, se omite reconocer que los tribunales constitucionales, en las democracias, están obligados a interpretar el texto constitucional priorizando la defensa de los derechos y libertades ciudadanas.

El derecho es y siempre ha sido una fuerza viva y no una camisa de fuerza.

Por ello, a quienes hoy vienen a señalar que es un sometimiento o una claudicación del poder judicial, es necesario que aquí entiendan que, en esta ocasión, la corte demostró madurez, sensibilidad y apertura democrática; y consolidó su autonomía demostrando que es posible interpretar la constitución tomando en cuenta la realidad social.

Esta es una extraordinaria noticia; óiganlo bien conservadores; y esperamos que sea solo el inicio de una nueva etapa de nuestra justicia constitucional.

Porque la justicia debe apegarse a los principios y valores constitucionales, pero también debe inspirarse a los ideales populares y democráticos.

Por ello, qué bueno que el pueblo de México se ha pronunciado por enjuiciar a los expresidentes y a todos los actores políticos corruptos del pasado; y que bueno que la Suprema Corte ha sentado las bases para que el ejercicio del derecho ciudadano a ser consultado pueda hacerse realidad.

Hoy, corresponde a este poder actuar en consecuencia y acatar el mandato ciudadano.

Por ello, mi voto será a favor del dictamen y a favor de una consulta popular que deberá ser el punto de partida de un conjunto de acciones encaminadas a saldar la enorme deuda que tiene este país con las víctimas de la corrupción y la injusticia.

Ese es el valor social y la trascendencia histórica de la decisión política que estamos a punto de tomar.

Una decisión que va más allá de los aspectos jurídicos o constitucionales representa una oportunidad invaluable para avanzar en una agenda integral de justicia transicional que le permita a nuestro país, de una vez por todas, dejar atrás una historia llena de impunidad.

Es cuanto presidente.

Muchas gracias.