El delito de ultrajes a la autoridad está de moda en algunos estados del país, donde las legisladoras y los legisladores locales, como los de Veracruz, establecieron la aplicación de prisión preventiva oficiosa para tal ilícito.

La aplicación de esta medida para ese delito, representa abuso de poder, persecución política, arbitrariedad y violación flagrante a los derechos humanos.

Desde el mes de septiembre en aquella entidad federativa, están detenidos seis jóvenes, y muchos más, que fueron privados de su libertad en un centro comercial y a quienes, sin que opusieran resistencia o cometieran agresiones, se les imputó este delito.

Como ellos, hay cientos de personas más que por el mismo delito están privados de su libertad en Veracruz.

El juez de control, a pesar de tener pruebas suficientes de la inocencia de los jóvenes, no se atrevió a liberarlos, convirtiéndose en un cómplice cómodo del autoritarismo.

Pero el juez federal resolvió, como era lógico, ordenar su liberación por falta de pruebas y por violaciones flagrantes a sus derechos humanos.

Otorgó 72 horas para que fueran puestos en libertad; sin embargo, el juez de control local no lo hizo, y ¿saben ustedes? Salió de vacaciones.

La jueza que en su lugar actúa, dado que se trata de materia penal, se excusó y alegó desconocimiento del caso.

Esto es simplemente desacato a la resolución de un Juez Federal. Vaya justicia local que tiene la población veracruzana, omisa, mediocre y ruin. No lo merece este pueblo tan extraordinario.

El Juez Federal debe acusar de desacato a los jueces locales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe actuar de inmediato para exigir la liberación de los jóvenes y de todos quienes están padeciendo esta prisión y reparar el daño.

No dudo nada, así se las gastan este tipo de autoridades, de que salen y les vuelven a maquinar otro delito, como una especie de vendetta para decirles: “Para que aprendas y no te pongas contra la autoridad”.

Incluso en este caso se tiene que pensar en que familiares o personas agraviadas denuncien penalmente por abuso de autoridad a cualquiera que haya cometido este exceso y a la reparación del daño y los prejuicios que les causaron.

¿Hasta cuándo el Poder Legislativo Local se mantendrá omiso para derogar este delito?

De manera personal, como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, haré un exhorto, una petición formal a la pluralidad del Congreso del Estado de Veracruz, para que antes de que concluyan sesiones ordinarias, o incluso en periodo extraordinario, deroguen este ominoso y absurdo delito.

No sólo son los seis jóvenes, sino cientos de personas que privadas de su libertad claman justicia. Nos sumamos a sus familias para exigir su libertad.

Luchemos juntos, porque juntos vamos a lograrlo.