Muchas gracias.

Sólo una corrección, he sido legislador casi toda mi vida: tres veces diputado federal y en el Senado he estado en tres ocasiones, es decir seis Legislaturas con esta que estoy intentando concluir.

Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se han dado cita a este panel.

Agradezco a la Presidenta de esta Asociación su invitación. Y también agradezco a los demás panelistas:

Al magistrado Jorge Sánchez, por compartir esta propia experiencia con ustedes. A Gabriela Dolores, directora de la Escuela Jurídica Electoral. A la magistrada Martha Alejandra y al magistrado José Ángel Yuen Reyes.

La pertinencia de hablar sobre las garantías de la justicia comicial local reside, no sólo en la proximidad de las elecciones más grandes de nuestra historia; sino en la consolidación a mediano y largo plazo de la democracia en México; así como del federalismo y la autonomía de los Tribunales locales Electorales.

Las garantías que dan forma al sistema de Administración de Justicia Electoral, son de tal importancia para los justiciables, como para los juzgadores, pues permiten asegurar que las controversias electorales sean resueltas de forma imparcial, objetiva e independiente.

La construcción de un auténtico Estado constitucional de derecho, requiere de un verdadero fortalecimiento de la autonomía e independencia judicial electoral local.

Esfuerzos como este, académicos, son fundamentales para fomentar el estudio y el concomimiento de la materia político-electoral, y para establecer canales permanentes de intercambio de información que promuevan la especialización y profesionalización de sus miembros.

De este modo, quienes integran estos cuerpos colegiados, pueden tener clara la visión de lo que es la independencia, a fin de garantizar la imparcialidad de los Tribunales Electorales. Además, que es un área nueva, pero con mucha posibilidad de crecimiento y de fortaleza.

Creo que los criterios y las propias resoluciones de los Tribunales Locales, en su mayoría han sido confirmadas por las instancias superiores.

Queda claro que para que la impartición de justicia comicial se encuentra a la altura de los retos que enfrentan hoy la democracia mexicana, debe contar con recursos materiales y humanos suficientes, para desahogar la carga de trabajo que representa el dirimir los conflictos electorales; en especial los relacionados con procesos selectivos.

Sin embargo, más allá de los pendientes que existen en este campo, debe de destacarse el papel que han desempeñado los Tribunales Electorales Locales.

He revisado algunas cifras de las resoluciones y su efectividad, basado en el número de asuntos resueltos durante las elecciones, las impugnaciones y las confirmaciones de segunda y tercera instancia. Y es de resaltar, que aproximadamente un 60 por ciento de las resoluciones a nivel local, son aceptadas por las partes, sin recurrir a estas instancias.

Y que, de cada diez sentencias impugnadas, sólo una se revoca por la instancia superior federal.

En ese sentido, resulta importante visibilizar el trabajo que se realiza en los Tribunales Locales, labor que se lleva a cabo, desde mi punto de vista, de manera consecuente.

Conozco a gran parte de los magistrados electorales en el país. He contribuido a su nombramiento y en su mayoría me siento muy satisfecho por haberlo hecho; porque conozco a hombres y mujeres que defienden con pasión su permanencia. Se resisten al poder local y al poder de los gobernadores que, por muchas ocasiones intentan influir en la decisión y así afectar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Lamentablemente aún persisten en algunos estados, ese poder y esa incluso amenaza contra algunos de los jueces o magistrados electorales.

Por eso, es importante decir que hoy gran parte de las resoluciones en materia comicial, están en los tribunales locales y se requiere una mayor visibilidad para que puedan también estos, cumplir con su función.

Es importante que la relevancia de la actividad jurisdiccional en esta materia, también favorezca la reconciliación entre la ciudadanía y las instituciones, que por momentos se quebranta y se pone en riesgo.

En la medida en que los procesos electorales logren respetar la voluntad popular y el orden constitucional, se podrá alcanzar la paz social en esta nueva etapa de transformación de nuestra vida pública.

Ustedes hace unos días, expresaron a través de un desplegado, algunas de las inquietudes y algunas de las preocupaciones y propuestas para los Tribunales Electorales de la República Mexicana. Y, me parecieron interesantes algunas de las posturas y de cómo van encaminadas a fortalecer la justicia electoral como pilar fundamental de la democracia en México.

Vi los quince puntos, los leí: lo relativo a la salvaguarda de los derechos políticos electorales; federalismo electoral y también el combate a la corrupción y la prevención de delitos electorales. Entiendo que este documento fue discutido y consensado entre ustedes, pero es un punto de partida.

Con la firma de este documento, seguramente se adquieren compromisos, compromisos con la legalidad, que tanta falta hace en la vida pública.

Recordemos, precisamente, que la última reforma política del 2014 si bien generó cambios importantes, también dejó pendientes en la materia.

Dicha reforma, recordemos, estableció la transformación de los Tribunales Electorales en autoridades jurisdiccionales locales. Aún no se sacuden el yugo de los gobiernos estatales y de las influencias locales; ajenas a los poderes judiciales de las entidades federativas, incluso con una fuerte presencia y con una fuerte presión para influir en las decisiones, por parte de los órganos judiciales o jurisdiccionales locales, que intentan influir respecto de las controversias suscitadas con motivo de los comicios en sus entidades.

Además, esta reforma del 2014 incorporó la figura de la Oficialía Electoral, para dar fe de hechos y actos electorales, a solicitud de los ciudadanos, ciudadanas, candidatos e incluso partidos políticos e independientes.

También quedó establecida la paridad de género, las candidaturas para ambos géneros en igualdad de circunstancias.

Se señaló en esta reforma, como aquí se anotó, que los consejos generales de los OPLES, se integrarían con un consejero presidente y seis consejeros electorales, nombrados por el INE. Y también se creó el nuevo sistema de fiscalización para las elecciones locales y federales, que regula aspectos como la propaganda electoral, las denuncias frívolas, las encuestas, los debates y las coaliciones.

No obstante, pese a los avances, las legislaciones locales y federales incluso, deben actualizarse mediante el ejercicio de un Parlamento Abierto, en el que puedan exponerse las necesidades y los distintos puntos de vista de quienes integran estos órganos locales.

Creo que es importante destacar que cada vez que hay elecciones, como éstas tan significativas, siempre resulta un proceso de reformas electorales.

Yo participo de ellas desde 1988, que fue la primera ocasión que fui diputado federal con una elección muy reñida, desde mi punto de vista ganó Cuauhtémoc Cárdenas la elección del 88, pero fue muy ríspida y muy difícil.

Existían los colegios electorales, la autocalificación y no existían los tribunales. Era la propia Secretaría de Gobernación, la Comisión Electoral, la que organizaba las elecciones.

Me tocó esa transición del primer Instituto Federal Electoral; y, después de esa época, en casi todas las reformas electorales he participado.

Cuando piensa la gente que esta reforma electoral es reciente, y recuerdo que siempre se dice “esta reforma será definitiva en materia electoral”, no es así.

Y cuando refieren ese tipo de expresiones algunos de los proponentes, yo digo que nunca habrá una reforma definitiva.

Incluso ahora en el Congreso, en la Cámara de Senadores, hemos estado publicando algunos libros y hace unos meses publicamos uno que les va a sorprender, porque la gente piensa que la reforma y la materia legislativa es muy reciente el siglo pasado o finales del siglo pasado.

Un libro que me encontré, como doy la materia de Derecho Legislativo y de Poder Legislativo en la UNAM, en la maestría, me encontré una edición facsimilar que ya ahora reeditamos en el Senado, de 1888, 1888, de un gran jurista Eduardo Ruiz. Se llama “Curso de Derecho Legislativo”.

Era un michoacano de origen y fue polifacético, Eduardo Ruiz Álvarez.

Destacó en la abogacía, la política, la historia y el periodismo, pero también estuvo muy cercano a Vicente Riva Palacio en la defensa del país, cuando fue la Intervención Francesa, 1888.

Y si lo releen y lo leen, se darán cuenta que muchas de las instituciones que ahora tenemos ya se concebían.

Si consideramos que el presupuesto de la autoridad electoral, por otra parte, los recursos económicos, que es una parte de lo que a mí me preocupa y que por eso creo que no se va a evitar, será prácticamente imposible evitar el que haya una reforma electoral, una vez que concluya este proceso electoral, y tendrá que venir una nueva concepción en donde demos paso no sólo al rediseño de los órganos electorales, sino también a dar paso a la urna electrónica o digital y a poder generar mayor racionalidad en el gasto público.

Los recursos, el presupuesto de la autoridad electoral y los partidos para los próximos comicios, es de más de 40 mil millones de pesos. Es decir, esta cantidad de 40 mil millones de pesos, más de 40 mil millones de pesos para organizar esta elección, es más que la campaña de vacunación contra el Covid-19.

Es decir, es un gasto impresionante y por esa razón creo que se necesita una reforma no sólo para hacer más racional el gasto sino para profundizar la democracia en nuestro país.

Creo que incluso, a la falta de la credibilidad en las elecciones, ha sido un motivo de crear un exceso de órganos de vigilancia y control de las elecciones, por el fraude permanente que se presentó en México en la última etapa y en la sociedad contemporánea.

La población tiene muy claro su preocupación respecto de estos órganos, pero también del gasto público y de nuestras prioridades como país.

Estas instituciones, como el INE y los Tribunales Electorales, sí tendrán que revisarse, se los digo como legislador, por lo que podemos advertir que hay que buscar consensos y hay que buscar frutos que generen condiciones de mayor transparencia, de mayor equidad, de mayor certeza, de menor gasto.

Como se ha expresado, el árbitro electoral carga con un estigma, tanto para vencedores como para perdedores de la contienda electoral, pues pese a que realiza en muchos casos una actuación, cuestionable o no sobre las irregularidades que permanecen impunes, es una gran discusión la que tenemos que dar, fundamentalmente en materia de prevención de delitos electorales y en materia de cultura democrática que el país urge.

Por esa razón, el Senado de la República y el Congreso Mexicano, independientemente de sus resultados, repito, independientemente de sus resultados, tendrá que ir a una reforma político-electoral. Y es ahí donde asociaciones como ésta, o personas en lo individual que les guste la materia electoral, mucho pueden contribuir en los parlamentos abiertos que vamos a organizar.

Con los cambios que traerá la próxima elección, independientemente de la integración de la Cámara de Diputados o de los congresos locales, tendrá que equilibrarse los pesos y los contrapesos de los poderes constitucionales del país, y tendrá, ese es mi deseo, que darse paso a un auténtico Estado constitucional de derecho, con la factibilidad técnica administrativa, para gestionar de forma eficaz la voluntad popular.

Valdría la pena, no sé cuántos minutos me queden en este foro, y les digo, ha sido un día muy pesado estos días, porque les quiero comentar a todos los magistrados y magistradas que mañana concluimos nuestro periodo de sesiones y sólo mañana tenemos 16 temas que tenemos que resolver.

Desde la Ley Orgánica de la Fiscalía hasta temas de prescriptibiliad o imprescriptibilidad de penas para el caso de violadores de niños menores de 15 años; nombramiento de magistrados administrativos, nombramiento de magistrados de la Sala Superior Anticorrupción y otros siete instrumentos jurídicos.

Pero voy a terminar, porque me tengo que retirar dado que tengo sesiones de comisiones que atender porque, les repito, mañana será una sesión larga.

Pero concluyo con esto:

Valdría la pena en este foro, reflexionar con un interés académico sobre el diseño normativo institucional electoral, a la luz de los temas que recientemente se han resuelto en la Sala Superior, del cual su análisis no puede rehuirse.

Es evidente que nuestro sistema electoral no es perfecto. Y, sin otro afán que el de explorar posibles mejores, es que hay al menos estos temas que han surgido en la opinión pública del día de ayer que vale la pena reflexionar y fijar posición.

La cancelación de las candidaturas a gobernadores en los estados de Michoacán y Guerrero, en los supuestos de omisión de entrega de los informes de ingresos y egresos de precampaña.

Se ha resuelto que son asimilables la omisión de entregar el informe como la entrega extemporánea del mismo, y que la sanción adecuada es la pérdida del registro de la candidatura.

De esta manera se abandona el criterio establecido por la propia Sala Superior, al resolver los expedientes en apelación: 197-2016; 1520-2016; 1521-2016, y 198-201, que habían asumido un criterio garantista de no permitir la supresión del registro de quienes estaban en condiciones similares y les fue restituida la candidatura para participar y que la gente decidiera.

Ese criterio, lamentablemente garantista para los candidatos, hoy el Tribunal, su mayoría, lo ha sepultado y es preocupante, pues el Tribunal anteriormente, en las resoluciones que refiero, había señalado que no es lo mismo omitir presentar el informe a presentarlo de manera extemporánea, como ahora sucede en el caso de Michoacán.

Es evidente que no se ponderó el monto involucrado antes de fijar la sanción; es desmedida, es arbitraria y es excesiva la sanción, porque es un caso paralelo; en otros fue resuelto de manera distinta.

Y también es un caso paralelo cuando se anula una elección por exceder los gastos de campaña, precisamente el monto es el que se estudia, ponderándolo con el derecho al voto.

No será necesario, en casos como esto, ¿hacer lo mismo?, ¿me pregunto? Eso es tarea de los legisladores y eso es lo que vamos a hacer en su momento. Pero no le corresponde al TRIFE, ni menos al INE, crear normas jurídicas de aplicación general. Eso le corresponde al Poder Legislativo.

Es evidente que incluso en el supuesto de vacío legal, de lagunas de ley, le corresponde al legislador cubrir esa omisión. El juzgador no puede sino interpretar la norma escrita.

Claro, me parece un exceso que 14 y 16 mil pesos no expresados como gastos de precampaña, sean los supuestos suficientes para cancelar la candidatura de una persona.

Evidentemente que esta sanción es desproporcionada, excesiva, desmedida. Evidentemente que también, lamentablemente, los magistrados y su mayoría, no consideró algún porcentaje en este parámetro objetivo, que permitiera establecer una gradualidad de la sanción, con esta terrible consecuencia.

Pero incluso el reportar gastos, no era responsabilidad del candidato. Esta sanción desmedida, injusta, arbitraria, raya simple y sencillamente en desorbitada.

Por otra parte, las personas postuladas por un partido político, deben seguir las reglas de dicho partido político, por lo que, si el partido político informa o no informa a la autoridad electoral, no hay nada que reportar en cuanto a esos gastos.

Si la autoridad electoral no recibe del partido político, de acuerdo con sus estatutos y sus reglas, ningún reporte, es dable que sea aplicada la sanción al Partido, no al aspirante, no al candidato, sino al Partido que omite presentar esos gastos y esos informes.

Es decir, se obliga al candidato confrontarse con su Partido al ir a subsanar un error del Partido, de los errores que pudo haber por omisión cometido el Partido.

Es un tema, no tengo la verdad, no quiero conducirme como tal, pero es un tema que debe regularse, el sistema sancionador, porque la proporcionalidad de la pena, debe contribuir con la falta. Es un principio de cualquier estado democrático de derecho, que cada quien responda en lo personal.

Yo recuerdo los cuatro temas que les comento, y en los cuatro temas se planteaba por el IFE o por el INE la revocación de la candidatura, y el TRIFE actuó de manera correcta, restituyéndole sus derechos de candidato. Hoy ha quedado sepultado ese principio y por tanto el legislador tendrá que precisar en una norma, pero por lo pronto se ha cometido un abuso contra el derecho de los ciudadanos.

También, finalmente, la ponderación respecto a los derechos involucrados. Si es tarea del juzgador y en estos casos se consideró que la pérdida de un derecho humano, como es el ser votado, no valía tanto como el afán de transparencia de 14 mil pesos en los gastos de precampaña, cantidades no relevantes de dinero.

Escuché una expresión del presidente del INE que dijo “no es grave, es gravísimo que 14 mil pesos no hayan sido informados”. No, no es así; no es así y me parece una grave violación a los derechos humanos del ciudadano, para ser votado.

El segundo tema -y aquí termino-, es el de la sobrerrepresentación. Es decir, los límites a la asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional.

Para esta elección, ya con el proceso electoral en curso, el INE ha introducido normas, leyes, que establece criterios de afiliación o militancia efectiva para llevar a cabo esta asignación, lo que supone una legislación en el actual proceso electoral.

Es decir, modifica, crea normas de carácter general en pleno proceso electoral, y para que se formen reglas generales del proceso electoral, se establece una prohibición para que no puedan hacerse antes del proceso ni durante el proceso electoral. Está prohibido para el legislador, por el legislador, crear normas en materia electoral.

Lo anterior lleva a la reflexión de si no debiera haber una reserva legal para fijar los parámetros a fin de otorgar los lugares de representación proporcional, de tal manera que se impida definitivamente que el órgano administrativo electoral legisle este tipo de temas, y, sobre todo, que no se lleve a cabo cuando ya inició el proceso electoral, por seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

Por eso, me pregunto si el INE debe de seguir actuando de esa manera, o si el Tribunal Electoral también está avalando esta intromisión grave en el Poder Legislativo.

Yo soy defensor del Poder Legislativo, será porque toda mi vida he sido legislador y nunca había ocurrido tal exceso. El INE es el encargado de hacer cumplir la ley y de aplicar la norma al caso concreto, pero no puede crear leyes, normas, de carácter general. Por eso mi inquietud y mi preocupación; sólo toco esos dos temas.

Tengo un libro, que les recomiendo, sobre “Nulidades y Procedimientos Sancionadores”, es éste, lo acaba de editar Porrúa. Claro, muchos de ustedes tienen mucha mayor experiencia en la aplicación de la norma.

Este libro lo había escrito hace unos años, pero hoy lo completé y hoy Porrúa me lo editó: “Nulidades y Procedimientos Sancionadores”. Pero ustedes están en esa tarea en este momento.

Es más, qué bueno que dedican estos minutos a escucharnos, pero seguramente van a tener que trabajar hoy horas extras, hasta las dos, tres de la mañana, porque no creo que estén tan libres de trabajo.

Creo que hoy los órganos locales deben tener un cúmulo de recursos como nunca, como nunca, y lo grave es que tienen pocos recursos para contratar personal, y si contratas personal, para capacitarlos en pocas semanas, va a ser una de las contiendas más impugnadas en la historia del país, y ustedes son los juzgadores en quienes confiamos.

Una disculpa por extenderme.

A todos, les expreso mis respetos.