Me da mucho gusto estar aquí, en este recinto, acompañada por ustedes. Les agradezco mucho.

Buenas tardes, compañeras, compañeros, familiares, amigos. 

Saludo con especial respeto y afecto al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de nuestro grupo parlamentario en el Senado, 

Asimismo, a mi colega y amigo, senador Héctor Vasconcelos, con quien esta noche rindo mi informe, por ser representantes de esta noble y antigua Ciudad de México. 

Es un gusto para mí estar con amigos y compañeros de lucha, en este histórico recinto, para informar sobre las actividades que hemos emprendido en esta LXIV Legislatura, para consolidar el andamiaje jurídico que requiere el nuevo régimen, representado por la cuarta transformación en la historia de nuestro país, y en la que todos hemos colaborado para traer al frente, y sé que seguiremos empeñados en llevar a cabo nuestra lucha por salir victoriosos de estas transformaciones. 

Como se apreciará en el informe que presento, así como el de mi compañero, el senador Héctor Vasconcelos, se engloban y dan contexto las actividades parlamentarias realizadas en este Primer Año de Ejercicio, encaminadas a fortalecer las bases jurídicas de una nueva administración pública federal, de un representante de una izquierda, de una corriente de izquierda nacionalista y democrática. 

El 29 de agosto de 2018, iniciamos nuestra gestión en el nuevo Senado de la República, presidiendo la Mesa de Decanos,  eso es por lo que a mí respecta. Por lo que tuve el honor de dirigir e instalar la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores. 

Desde ese momento y como parte del Grupo Parlamentario de Morena, establecimos como meta contribuir hacer de las tareas legislativas, una expresión de la voluntad del pueblo y del proyecto de transformación social que encabeza el ciudadano Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre mediante la vía democrática y pacífica para transformar al país y mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos.

Pugnamos por un nuevo régimen que fortalezca las bases de nuestra estructura institucional, para atender las necesidades nacionales, regionales, culturales, económicas y sociales de una creciente población; en lo posible sin intermediarios y con un apoyo institucional ligero, eficiente y eficaz.

Ello nos ha llevado a impulsar temas de restructuración administrativa, austeridad republicana, anticorrupción, seguridad pública, procuración de justicia y derechos humanos, en los cuales participamos con tesón y entusiasmo.

De igual manera, se promovieron temas de interés público, como la protección al medioambiente y recursos naturales, derechos de los grupos sociales y pueblos indígenas, trabajo y seguridad social para todos, y desde luego relaciones económicas con el exterior; mismos que a través de su análisis y debate, me acercaron más a mi vocación de economía política, alentada por las múltiples y variadas sesiones de un Parlamento Abierto.

Sin duda que estos últimos, los relacionados con las políticas sociales y económicas, centraron nuestra atención y vivificación en tanto nos acercamos a una mayor vinculación entre las políticas de desarrollo económico y las de bienestar social, que de ninguna manera deben estar separados, sino vinculadas estrechamente; ya que en nuestra política no tiene sentido la una, el desarrollo económico, si no logra la otra, la del bienestar social. 

Por otro lado, mi desempeño como legisladora, implicó una activa participación en las sesiones del Pleno, incluyendo el análisis, propuestas y debates en reuniones de comisiones. 

Por mi parte, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, participé con interés en las Comisiones ordinarias a las que pertenezco; siendo estas Hacienda y Crédito Público; Economía; Relaciones Exteriores; Federalismo y Desarrollo Municipal; y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

Derivado del consenso obtenido en las reuniones de comisión, se logró la aprobación en el Pleno, de cinco reformas constitucionales, cinco leyes de nueva creación, 76 reformas a otros ordenamientos vigentes, 12 decretos diversos, 6 instrumentos internacionales  y 59 nombramientos de servidores públicos.

Asimismo, he suscrito 17 iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo, sobre diversos temas que incluyen educación, derechos humanos, derechos de los pueblos, paridad y equidad de género.

En ese sentido, es conocido mi interés en dos problemas fundamentales para la economía política y la justicia social: el de la distribución del ingreso y el de la planeación de la economía.

Son indispensables políticas democráticas y eficientes, para abatir la desigualdad y lograr mejores ingresos y condiciones de vida para todos. Lo que surge de mi formación como economista, especializada en desarrollo y finanzas públicas.

Todo esto enmarcado dentro del tema de seguridad, seguridad que todos deseamos, que todos anhelamos y por la que estoy segura, que todos luchamos. La seguridad de una vida cívica, en donde podamos realizar nuestras ambiciones, nuestras intenciones de mejora para todos. 

Esa necesidad y conveniencia de sujetar las acciones de gobierno también, a una planeación y programación que sobre una base democrática y una amplia participación, establezcan las rutas estratégicas que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo económico y social del país. 

Es decir, se trata de hacer de las acciones de gobierno, acciones de todos los ciudadanos. A todos nos interesan y todos debemos de participar. 

Me permito exponer algunas ideas, en busca de una mayor participación del Congreso, y en particular del Senado, para darle atención a dos temas, mencionados anteriormente, así como la elaboración de planes, programas y proyectos, y el agrupamiento de documentos económicos, fiscales y presupuestarios en los procesos que involucran al Ejecutivo y al Legislativo; para dar mayor cohesión y viabilidad a nuestros programas.

En primera instancia, hemos propuesto la integración de un consejo nacional económico y social, amplio, democrático y participativo, que incluya las organizaciones del sector privado, el mundo del trabajo y de la academia; y como órganos de estudio al Poder Legislativo y después al Poder Ejecutivo. 

Esta comisión nacional de desarrollo, esta comisión política de desarrollo económico y social, no la tenemos. Consideramos que debe crearse este lugar de debate, presentación de proyectos y debate, y que vea no nada más a la Ciudad de México; sino que veamos a toda la República y el lugar que tiene nuestra República en este mundo, en este Continente, tan combatido y que necesita tanto de una orientación política, con justicia social. 

No nada más de este Continente, sino de este Continente y de todo el mundo. Cada vez más sentimos todos que pertenecemos no a un lugar, no ni siquiera a un país, ni siquiera a un Continente; sino que estamos todos los días rodeados por avances que ya involucran a todo el mundo. 

Por lo tanto, creo que conceptualmente debemos de estar atendidos y que en este consejo de economía política y social, podríamos discutir ampliamente y permanentemente tanto los objetivos, tanto de la iniciativa privada llamada así, como también del sector público. 

Me permito exponer algunas ideas, que es lo que estoy haciendo, en busca de una mayor participación del Congreso, y en particular del Senado, para darle atención a los temas mencionados anteriormente. Es decir, no nada más desarrollo, sino también justicia, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y del agrupamiento de documentos económicos, fiscales y presupuestarios en los procesos que involucran al Ejecutivo y al Legislativo, para dar mayor cohesión y viabilidad a los programas.

En primera instancia, está la posible integración, como hace unos momentos dije, de un consejo nacional económico y social, democrático y participativo, que incluya al sector privado, al mundo del trabajo, a la academia y órganos de estudio, al Poder Legislativo y desde luego al Ejecutivo, 

Por otro lado, he propuesto la elaboración de un programa de finanzas públicas de la federación, que integre los criterios generales de política económica, la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Asimismo, ocupará mi atención apoyar de mejor manera la economía popular y el financiamiento de los sectores que abastecen el mercado interno, y desde luego la relación de nuestra economía con la del exterior; nuestras exportaciones y proyectos estratégicos en relación con la coordinación fiscal, para una más eficiente dotación de recursos a las entidades federativa, sin desvíos ni intermediaciones excesivas. 

El financiamiento del desarrollo. Desde este ámbito estatal, así como la operación más eficaz, económica y competitiva de las instituciones financieras y bancos privados, son tareas ineludibles para establecer las bases y en proyectos de inversión en infraestructura económica y social. 

En otras palaras, lo que estoy proponiendo es la creación de un consejo económico y social que incluya tanto a los órganos de  estudio del sector público, como a los órganos de estudio del sector privado; y que en combinación, mediante la discusión y el debate de ideas, de principios, se establezcan los programas y los recursos necesarios para sacar adelante a nuestro país, continuar en la vía de un desarrollo económico, como decíamos antiguamente, con justicia social y como decimos en los nuevos términos, con una distribución del ingreso equitativo y social para todos. 

Muchas gracias por su atención.