SENADOR SERGIO PÉREZ FLORES: Solicitamos ponerse de pie, también a nuestros invitados.

Maestra Luisa María Alcalde Luján, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto:

¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las senadoras y los senadores de la República?

SECRETRIA LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN: Sí protesto.

SENADOR SERGIO PÉREZ FLORES: De no cumplir el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.

Favor de tomar asiento.

En consecuencia y, en cumplimiento del Resolutivo segundo del acuerdo aprobado para nombrar esta comparecencia, procederemos a la intervención inicial de la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, hasta por 20 minutos.

Señora Secretaria, tiene usted el uso de la palabra.

SECRETARIA LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN: Muchísimas, muchísimas gracias, senador Sergio Pérez Flores, presidente de la Mesa Directiva.

Senador Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Coordinadoras, coordinadores de los grupos parlamentarios.

Senadoras, senadores.

Comparezco ante este Senado de la República para informar sobre las acciones y políticas implementadas por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de gobernabilidad y política interior.

Hace una semana informé en el pleno de la Cámara de Diputados el estado de la dependencia a mi cargo; pues, más allá de una obligación constitucional que, por supuesto, lo es, lo considero un diálogo republicano fundamental entre poderes.

En estos cinco años de transformación, la Secretaría de Gobernación se ha replanteado por completo su papel en la vida pública de México, adquiriendo una dimensión muy distinta a la que mantuvo por décadas.

Ya no es aquella institución que, para lograr una supuesta gobernabilidad, reprimía el disenso y los reclamos sociales.

Hoy, por el contrario, es la dependencia encargada de garantizar las libertades, los derechos y la participación democrática.

El espacio en el que se construyen acuerdos para problemas complejos, en donde se sesiona para discutir amnistías, la encargada de proteger a las víctimas y de coordinar la búsqueda de desaparecidos.

Hoy, la gobernabilidad la hemos construido con la firme convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Hay paz laboral, porque se promueve la justicia laboral.

Hay paz social, porque se escucha a todas y todos, pero se da preferencia a los que menos tienen.

Estamos, como nunca, invirtiendo en programas para el bienestar.

Se atiende a los jóvenes, a los estudiantes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los campesinos, comuneros y ejidatarios.

Y, por el otro lado, hemos impulsado una política de incrementos salariales, como no se hacía en más de cuatro décadas.

Gracias a esto, tenemos la enorme satisfacción de decir que, de acuerdo con datos del CONEVAL, 5.1 millones de personas han salido de la pobreza y se ha logrado reducir la desigualdad en nuestro país, aumentando los ingresos, sobre todo, de las familias más pobres.

Además, tenemos finanzas sanas.

La inflación sigue a la baja. El peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar y tenemos una inversión nacional y extranjera sin precedentes.

Estamos también atendiendo el problema de la inseguridad, con una estrategia radicalmente distinta a la del pasado, basada fundamentalmente en tres ejes.

El primero, y más importante, es atender las causas que generan la violencia, principalmente atendiendo y garantizándole a los jóvenes oportunidades de empleo y de estudio.

El segundo eje es, asumiendo que la responsabilidad en materia de seguridad es indelegable, el Presidente López Obrador encabeza todos los días a las seis de la mañana el Gabinete de Seguridad, donde se informa allí lo acontecido en el país en las últimas 24 horas, se toman decisiones y se coordinan los esfuerzos de todas las fuerzas de seguridad, incluido, por supuesto, la Secretaría de Gobernación.

A su vez, los gobernadores, las gobernadoras, sus equipos de trabajo, los gabinetes, sin distingo partidista, replican este ejercicio en sus estados, a través de las mesas de paz.

Y, finalmente, el tercero, y en esto ustedes fueron fundamentales: la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional.

A diferencia de la policía federal que llegó a tener 20 mil elementos desplegados, hoy, la Guardia Nacional, en tan sólo cuatro años, tiene ya 128 mil elementos capacitados, organizados, disciplinados.

Se han construido 269 cuarteles en todo el territorio nacional y hoy la aceptación de la ciudadanía de esta nueva institución, que es la Guardia Nacional, tiene un respaldo del 80 por ciento.

Los datos dan cuenta de los resultados de esta estrategia.

La incidencia delictiva ha disminuido en 24 por ciento y los delitos que generan más impacto en las familias y en las comunidades, como es el caso del homicidio y el secuestro, se han reducido en 17 y 80 por ciento, respectivamente.

En materia de migración, ante el flujo sin precedentes de personas y familias que transitan por nuestro territorio hacia los Estados Unidos, estamos atendiendo el fenómeno de manera estructural y coordinada con los países de origen y destino, bajo una perspectiva integral de desarrollo y derechos humanos, para que la gente no migre por necesidad y tenga alternativas donde están sus raíces, sus familias y sus costumbres.

Abordamos este tema hace unos días en el diálogo de alto nivel, México-Estados Unidos. Allí expresamos nuestro interés en ampliar las estrategias que han demostrado reducir la intención de migrar en El Salvador y en Honduras.

En ese sentido, el próximo 22 de octubre, en Palenque, se llevará a cabo una cumbre convocada por el Presidente López Obrador con 11 de sus pares de Latinoamérica y El Caribe, precisamente para elaborar un plan conjunto de atención al flujo migratorio.

Hemos sostenido que ni los muros ni las deportaciones serán suficientes para desalentar a quienes arriesgan su vida con el anhelo de mejorarla.

Y que los bloqueos económicos sólo acrecientan el problema.

Por otro lado, seguiremos insistiendo que el Gobierno de Estados Unidos permita que los trámites migratorios se realicen desde los países de origen, para que no se vean en la necesidad de emprender el riesgoso camino hacia la frontera norte.

Reforzamos la capacidad y seguridad de las estaciones migratorias y promovemos la incorporación de la población migrante en el mercado laboral, a través de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo que, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha realizado la asignación de 23 mil 424 números de seguridad social en poco más de un año.

En materia de refugio y asilo, México honra su tradición de proteger a quienes son perseguidos por su ideología, religión o que son desplazados por crisis económicas y humanitarias.

Hay que destacar que, en los últimos años, México se ha convertido en el tercer país a nivel mundial con el mayor número de solicitantes de la condición de refugiados, tan sólo detrás de Estados Unidos y Alemania.

En este año, el número de solicitantes suma ya 113 mil personas.

Esta Administración ha otorgado la condición de refugiado a 97 mil 300 personas, es decir, 642 por ciento más que el sexenio anterior.

Atendemos de forma prioritaria a la búsqueda de personas, de desaparecidos, a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo presupuesto se ha incrementado en 134 por ciento en este sexenio, y se prevé duplicarlo para 2024.

Se han conformado las 32 comisiones estatales de Búsqueda, así como el Centro Nacional de Identificación Humana, para dar respuesta efectiva, técnica y científica al número de personas no identificadas a lo largo de los años.

Se han realizado 4 mil 560 jornadas de búsqueda en campo en 30 entidades y 621 municipios del país.

Esto siempre en coordinación con las autoridades de los Tres Órdenes de Gobierno, y sobre todo con la participación de las familias de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, quienes son acompañadas por elementos de seguridad para salvaguardar su integridad.

Trabajamos para contar con un registro de desaparecidos que sea confiable y que sea útil para la búsqueda de personas, ya que el registro actual tuvo deficiencias que permitieron duplicados, registros incorrectos, muchos de ellos sin información mínima que permita la identificación de las personas desaparecidas.

En los próximos meses intensificaremos las brigadas de búsqueda y localización de la mano de los gobiernos estatales. Además, publicamos ya la convocatoria para elegir a la nueva o nuevo comisionado.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa ha fortalecido en su segundo informe las líneas de investigación para encontrar a los estudiantes que siguen desaparecidos, para castigar a los responsables y brindar justicia y consuelo a sus familias y a la sociedad ante los hechos vergonzosos que constituyen un crimen de Estado.

Hoy sabemos que los estudiantes no formaban parte del crimen organizado y que agentes estatales y autoridades del más alto nivel participaron en la fabricación de la verdad histórica.

El informe también señala la localización de los restos de tres de los 43 estudiantes y el desarrollo de acciones de búsqueda para localizar a los 40 que permanecen desaparecidos, incluyendo la identificación genética de restos óseos y la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos.

Se han detenido a 132 personas: 41 integrantes de la delincuencia organizada; 71 policías federales, estatales y municipales; tres altos funcionarios de la Fiscalía General de la República, incluido el exprocurador, el exsecretario de Seguridad Estatal de Guerrero; el expresidente municipal de Iguala; la expresidenta del DIF en Iguala, y 14 elementos del Ejército, incluidos los comandantes del 27 y 41 batallón de infantería.

Además, existen tres solicitudes de extradición de personas que se encuentran en Israel y en Estados Unidos, entre ellos Tomás Cerón, acusado de tortura.

El gobierno de la Cuarta Transformación respeta y promueve el pensamiento crítico y la libertad de expresión.

No utilizamos el poder del Estado para silenciar a la disidencia, sino que se realizan esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, cuya integridad está en riesgo a causa de su actividad profesional.

El presupuesto del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos se ha incrementado en 125 por ciento respecto al sexenio anterior, pasando de 780 millones de pesos a mil 750 millones.

Además, se ha fortalecido la adhesión de mil 378 defensores y periodistas, adicionales a los 800 que ya existían en 2018, lo que representa un incremento del 173 por ciento.

Actualmente están incorporados 2 mil 776 personas, de los cuales 603 son periodistas, mil 181 son defensores de derechos humanos y 391 son personas protegidas indirectas.

En materia de atención a víctimas, la CEAV se ha fortalecido para otorgar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño, así como 124 mil servicios especializados en materia psicológica, médica, de asesoría jurídica en sus 32 centros de atención integral.

De 2018 a la fecha, su presupuesto ha aumentado en 28 por ciento, lo que ha permitido la atención en los últimos dos años de más de 8 mil 600 núcleos familiares.

En cuanto a reparaciones integrales y compensaciones, se han entregado más de mil 918 millones de pesos a favor de seis mil víctimas directas e indirectas, destacando, por cierto, que el 80 por ciento de las personas beneficiadas corresponden a registros de víctimas de sexenios anteriores.

También estamos poniendo atención en las personas en situación de vulnerabilidad y pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que se encuentran recluidas para que tengan su libertad y puedan reintegrarse a la sociedad.

De 2020 a la fecha se han otorgado el beneficio de amnistía a 376 personas, es decir, un promedio de dos cada semana.

Como nunca, estamos atendiendo a las mujeres que han sufrido violencia machista e invertimos recursos significativos para prevenir y eliminar este flagelo.

En cinco años se han asignado 4 mil 290 millones de pesos en programas dirigidos a combatir la violencia, un aumento real de 47 por ciento si lo comparamos con 2018.

Tan sólo el presupuesto para refugios especializados suma mil 931 millones de pesos en cinco años, es decir, 63 por ciento más que el sexenio pasado.

Además, se han establecido 23 centros de justicia para las mujeres, 37 nuevos refugios y 16 centros de atención externa, para sumar un total de 561 unidades especializadas, que atienden a 360 mil mujeres al año, es decir, mil mujeres cada día.

Destacamos que la tasa de feminicidios ha disminuido en un 30 por ciento durante la actual administración, y que los homicidios dolosos de mujeres fueron seis por ciento menos que en 2022.

Esto por supuesto que se debe a la política de seguridad y de bienestar, pero también al trabajo de INMUJERES, de CONAVIM y de innumerables mujeres que han tejido redes de apoyo en torno a los refugios y a las unidades de atención a víctimas.

El objetivo es lograr que todas las niñas y mujeres mexicanas podamos vivir seguras, libres y sin miedo.

El Ejecutivo Federal promueve el diálogo y la coordinación con los poderes de la Unión, bajo el principio republicano de división de poderes, convencidos de que debe haber respeto, debe haber equilibrios, debe haber independencia y que ninguno puede colocarse por encima de otro.

Me he reunido con gobernadoras, gobernadores, legisladores, funcionarios de todos los partidos; con ministros, consejeros y magistrados, fiscales generales e integrantes de organismos autónomos, y siempre lo hemos hecho con respeto y animada por construir soluciones que perduren, en beneficio de todas y de todos, y no solamente de unos cuantos.

La buena coordinación que el Presidente y el Gabinete ha mantenido con las y los gobernadores de todos los partidos nos han permitido planear, construir, rehabilitar cientos de obras de infraestructura y también de obras hidráulicas que van a detonar bienestar y progreso en las comunidades y en las regiones del país.

Esto se hace convencidos de que ninguna obra puede hacerse a la fuerza, que debe consultarse, siempre informando, convenciendo y obedeciendo a la colectividad.

Tan sólo este año se han consultado a las comunidades mayo-yoreme, de Sinaloa, a comunidades indígenas de Yucatán y Campeche, a comunidades del norte de Puebla, y próximamente estaremos consultando a la tribu yaqui, en Sonora.

Estamos fortaleciendo la democracia todos los días porque sabemos que sólo haciéndola valer y convirtiéndola en un hábito, podemos vivir en paz y armonía.

En este sentido y de cara al proceso electoral de 2024, mantendremos la coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos estatales, para garantizar que se desarrolle de forma libre, de forma pacífica, de forma ordenada.

Y concluyo: tenemos la enorme responsabilidad histórica de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado, y que, con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias e intereses personales, tenemos un compromiso superior, y ese compromiso es con el pueblo de México.

Muchísimas gracias a todas, a todos, por su atención, senadoras, senadores.