Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación, pueblo de Tamaulipas.
Hoy vengo con profunda alegría, pues el Senador Presidente, Eduardo Ramírez, ha presentado una Controversia Constitucional contra la ley publicada el 24 de junio por el Congreso de Tamaulipas; cuyo objetivo es proteger el fuero del Gobernador Cabeza de Vaca y evitar que enfrente el debido proceso judicial.
Quiero subrayar la sensibilidad del Dr. Ricardo Monreal, mi coordinador y la del Dr. Eduardo Ramírez, presidente del Senado, porque han entendido la compleja circunstancia de Tamaulipas y la necesidad de respetar la decisión que tomó el pueblo en las urnas durante el anterior proceso electoral.
Como he señalado en las últimas semanas, esta ley es inconstitucional a todas luces, es un intento para detener el proceso que la Fiscalía General de la República inició y que la Cámara de Diputados refrendó al retirarle el fuero al gobernador.
Es un intento para detener la justicia, la democracia y la transformación de la vida pública.
Tamaulipas está bajo el asalto de un clan que ha manejado el aparato estatal a su antojo, para beneficio de pocos, que ha vulnerado el estado de derecho y ha corrompido las instituciones.
El uso del Estado para evitar que inicie el proceso de la FGR contra García Cabeza de Vaca es una muestra de la falta de ética, del compromiso que tienen consigo mismos y no con nuestra gente; además, al más puro estilo de las administraciones anteriores, han hecho piruetas legales para defenderse, dejando de lado su labor constitucional: el de brindar paz y bienestar a las y los tamaulipecos.
Este clan ha compenetrado a todos los poderes estatales, manejando al congreso a su antojo, a la fiscalía e incluso al poder judicial estatal; ha vulnerado la autonomía de la UAT y desfalcado sus arcas. No ha sabido enfrentar la derrota del 6 de junio, donde el pueblo tamaulipeco escogió la alternancia, dándole a Morena, mayoría en el congreso local. Esta clase de manejos torcidos de la ley, con tal de anular la rendición de cuentas debe terminar, esa parte de la antigua política no se necesita más.
El proceso que tiene la Controversia Constitucional depende de la Suprema Corte de Justicia, la cual definirá si invalida este decreto y mandata al Congreso de Tamaulipas para que legisle en esa materia, en esta ocasión, sin contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Confío en que la Suprema Corte pueda resolver en favor de la legalidad y del pueblo de Tamaulipas.
Tamaulipas necesita certeza y legalidad, es el único modo de salvar a nuestra entidad. Es el único modo de que comience la nueva era de la política tamaulipeca y que nuestro pueblo conozca la dignidad, la democracia y la justicia.
Muchas gracias.