DOCTORA LORETTA ORTIZ AHLF: …la tutela jurisdiccional efectivas, procesales, para revertir los patrones de indefensión en los que se encuentran ciudadanos frente al poder del Estado, especialmente los miembros de las poblaciones y grupos vulnerables.

 De ser investida con la responsabilidad que me convoca ante ustedes hoy, pretendo velar por la constante renovación progresista de éste y de todos los derechos fundamentales de manera inclusiva, para que de ésta manera podamos cerrar las brechas de la desigualdad y acortar las distancias entre mexicanas y mexicanos, dentro de un marco normativo garantista.

 Por otro lado, considero pertinente ahondar sobre la importancia del derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, requisitos sine qua non que recaen directamente, tanto en la institución como en los individuos que la conforman.

 Como todos sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra el principio de igualdad ante la ley, el derecho de toda persona que se presuma su inocencia, y el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido por ley.

 A este precepto declarativo, se suman las disposiciones convencionales del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 En este entendido, es indispensable que los estados garanticen la independencia judicial, a efecto de garantizar los derechos humanos, en específico el derecho a las garantías judiciales para toda ciudadanía; el de las y los jueces a la independencia, en el ejercicio de sus funciones.

 Con relación a esta necesaria independencia, el numeral 10 de los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura, establece: “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales, serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección del personal judicial, garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos”.

 Además agrega: “La selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición”.

 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resuelto en jurisprudencia vinculante para nuestro Sistema Judicial, que la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida para el cargo y con una garantía contra presiones externas.

 Con respecto a ésta última, garantía contra presiones externas, subrayo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos valora la preparación o formación académica, como una forma de evitar la coincidencia respecto a presiones externas.

 Como jurista y estudiosa del Derecho Internacional, soy plenamente consciente de la independencia de las y los operadores de justicia, con un presupuesto básico para el libre y pleno ejercicio de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado Mexicano.

 Nuestro cuerpo constitucional no contempla la militancia política como un impedimento para la elección de jueces. Incluso la misma Comisión Interamericana ha señalado expresamente que factores, como la participación en un partido político, no pueden considerarse restricciones absolutas, ya que configuraría la obstaculización de un derecho político-electoral y ésta sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por lo tanto, prejuzgar la idoneidad de una candidatura, dejando de lado los méritos, cualidades profesionales, la integridad de la persona aspirante, no sólo implicaría un alto grado de discrecionalidad, incluyendo requisitos extralegales, sino que, además, configuraría una violación a derechos humanos, al trasgredir el derecho a la igualdad de condiciones y no discriminación, recogida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el cual establece que en el goce de los derechos establecidos en la Convención, no debe existir una diferencia de trato por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.

Sin embargo, en el evento de ser considerada la mejor candidata para ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en señal de mi compromiso con la alta responsabilidad e investidura que esto significa y en el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente, he presentado el día de hoy mi renuncia formal al Partido Morena.

Finalmente, no puedo dejar de señalar de señalar que nos encontramos en una coyuntura histórica, en la cual se advierten posiciones encontradas en la relación entre los tres poderes de la Unión.

 En este sentido, me permito recordar las imperantes palabras del Presidente Vicente Guerrero: la patria es primero.

 Es en esta tesitura que la votación que tienen ustedes en puerta, honorables senadoras y senadores, cobra gran relevancia, dado que el Poder Judicial de la Federación cuenta con una facultad equilibradora de vital trascendencia para la vida democrática del país y para la existencia del Estado de Derecho.

 De ser investida con esta solemne función, velaré para que, de manera conciliatoria, prevalezca el diálogo, la unión entre los Poderes, que se busque tener los puentes de cooperación y colaboración plurales, y necesarios para cumplir cabalmente las obligaciones y responsabilidades conferidas en el Gobierno de la República por el pueblo de México, el único soberano.

 Adicionalmente, recalco que mi aspiración es impulsar mi trabajo desde la perspectiva de fomentar una justicia más cercana al pueblo de México y a la sociedad civil organizada, para que esto a su vez contribuya al fortalecimiento y recuperación de la confianza en las instituciones judiciales.

 Para cumplir este último propósito, una de mis prioridades será sostener y promover una política de tolerancia cero ante la corrupción, tráfico de influencias y el nepotismo en todos los niveles del Poder Judicial, así como en todos los ámbitos de la administración pública.

 De ser honrada con esta suma responsabilidad en el Poder Judicial, pondré al servicio de la sociedad y de la justicia toda mi experiencia, conocimientos y dedicación para la construcción de un auténtico Estado de Derecho.

 Me conduciré de manera independiente, imparcial y objetiva, me regiré exclusivamente en base al derecho positivo y convencional mexicano, y tendré como una máxima autoridad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Confío que mi trayectoria profesional y académica, dé constancia de mi probidad como una jurista reconocida a nivel internacional, por defender y promover el orden jurídico nacional e internacional, ya que mi genuina aspiración es contribuir a que, en nuestro país, todas y todos los mexicanos, podamos vivir el pleno goce y disfrute de nuestros derechos humanos.

 Agradezco la oportunidad de hacer esta intervención, así como su tiempo y consideración.

 Con mucho gusto procedo a la siguiente etapa.