SENADOR GILBERTO HERRERA RUIZ: Muy agradecidos con el tiempo y la atención a este tema que consideramos de suma importancia.

Anteriormente, habíamos hablado de una problemática en Querétaro, con respeto al agua, que es un tema importante, pero que dijimos que no era un caso aislado.

Y este es otro caso, que es el caso de Amealco, municipio indígena, con unas grandes riquezas naturales, en todos los sentidos, y en donde una de esas riquezas es el agua, y hay un saqueo de ella y que no beneficia en nada a estas comunidades indígenas.

Y ese es un tema importante porque, en la Ley General de Aguas, dentro de lo que estamos planteando, es que todos los recursos naturales en nuestros espacios y comunidades indígenas, deben pertenecer a ellos.

Y han sido de las cuestiones que nos han bloqueado y que vamos a seguir luchando.

Por lo tanto, quiero pasarle el micrófono a nuestra regidora del Municipio de Amealco, municipio que, repito, indígena del estado de Querétaro, para poder hacer la denuncia que ella tiene presente y que, de alguna manera, es la voz de toda la gente de Amealco en el estado de Querétaro.

Adelante, regidora Josefina.

REGIDORA JOSEFINA MARTÍNEZ PASCUAL: Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, a los medios de comunicación.

Al doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador por el estado de Querétaro, gracias por voltear a ver a las comunidades indígenas y ofrecernos aquí un espacio.

Muchísimas gracias, senador.

Aquí habemos varios compañeros indígenas de diferentes comunidades de Amealco, en donde ellos han sido reprimidos.

A nuestros pueblos originarios y a nuestras comunidades indígenas, primero las robaron, luego las engañaron para ganar tiempo y mantenernos sometidos.

Y, al final, estos gobiernos neoliberales terminaron haciéndose la víctima, porque resulta que nosotros somos los malos, los que violentamos las leyes por manifestarnos y exigir nuestros derechos humanos.

Por pedir, por cierto, no más de lo que por justicia nos corresponde.

Mira que chulos, qué manejo tan conveniente para ellos de los hechos.

Ya basta, basta.

Nosotros los habitantes otomíes de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec, de Amealco de Bonfil, llevamos alrededor de dos años protestando por la falta de agua potable en nuestras comunidades.

Mucho antes de la aprobación de la Ley de Agua, que regula la prestación de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro.

Justamente hace un año sorprendimos en el mismo momento en el que se cometía el delito; a las pipas de más de 10 mil litros de capacidad saqueando el agua potable de nuestros pozos y estanques.

Momentos en que denunciamos y buscamos a las autoridades de la CEA de Amealco, pero, sin respuesta.

Por lo que, incluso tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Querétaro a manifestarnos para que nos recibieran y dialogar para ver cómo nos resolvía el problema y nada; no fuimos escuchados.

Desde entonces, no sólo hemos sufrido el saqueo del agua y la falta de abasto de la misma, sino que sistemáticamente hemos sido acosados, denunciados y reprimidos por las autoridades municipales y estatales.

La brutal represión que sufrimos mis hermanas y hermanos indígenas, integrantes de los pueblos originarios, donde, acompañados por los integrantes de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes universitarios, se bloqueó parcialmente la avenida 5 de febrero, para intentar (…) pero desesperado, ser escuchados para resolver la penosa situación sin que ninguna autoridad se manifestar para solucionar la situación, debe cesar.

No es posible que un gobierno electo democráticamente, priorice la violencia antes que resolver la problemática que aqueja a los sectores más pobres de nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, pido lo siguiente:

Uno. La libertad incondicional de los compañeros manifestantes detenidos el pasado viernes 10 de junio, frente a la Comisión Estatal de Aguas.

Dos. La derogación de la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, y que se genere una nueva ley que garantice el derecho al agua para los sectores más vulnerables y la salud de nuestros ecosistemas.

Tres. La apertura inmediata de mesa de trabajo para la resolución de conflictos socioambientales por el agua, que aquejan a comunidades, colonias y barrios de todo el estado de Querétaro.

Que la Comisión Nacional de Aguas, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpongan una acción inconstitucional y controversia, respectivamente, en contra de la ley antes mencionada.

Cinco. El cese inmediato a los actos de represión, deslegitimación, persecución, intimidación y abuso de autoridad, en contra de quienes integran las organizaciones civiles, quienes apoyan y participan de alguna manera en las propuestas.

Responsabilizando directamente al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en cualquier afectación a la integridad física, mental y emocional de los participantes a la manifestación pacífica en defensa del agua y la vida, derivada de la violencia de Estado.

Un Estado democrático no tiene movilizaciones. Un Estado que escucha a sus gobernados no sería ‘experimenta protestas’, y esta protesta contra su ley se puede prevenir más mucho tiempo atrás, porque por parte del Estado o inclusive desde el momento en que ingresaron la ley al Congreso o después de la aprobación, el gobernador puso hacer uso de su derecho a vetarla, pero no fue así porque algo grave se oculta en contra de la sociedad, por eso se aprobó fast track, de un día para otro.

De nuestros pueblos originarios quieren todos nuestros recursos naturales y nosotros les estorbamos, pero no lo vamos a permitir.

Gracias a todos por escucharnos y escuchar nuestro sentir. Nuestras hermanas y hermanos de todas las comunidades que representa cada uno de las comunidades de Amealco aquí estamos.

Y le pedimos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que voltee a ver a Amealco, que realmente necesitamos de su ayuda. Y con el senador Gilberto, le doy las gracias por abrirnos este espacio tan importante.

SENADOR GILBERTO HERRERA RUIZ: Muchas gracias.

Esto que ellos denuncian, es un tema de la conclusión de una ley que se aprobó en el estado de Querétaro, donde se formaliza la privatización del agua, donde el agua se convierte en un negocio y no en un derecho humano y un derecho de toda la población.

Y sólo el resultado de lo que hemos tenido, ya está denunciando igualmente una represión de varias que ha habido en el estado de Querétaro con motivo del agua. Cuando la necesidad choca con el lucro, es cuando se vienen los conflictos.

Por eso la petición al gobernador, que tiene que ver el agua como un derecho de la gente y no como un negocio para unos cuantos en el estado de Querétaro.

Les agradezco mucho el espacio y muchísimas gracias.

MODERADORA: Si ustedes nos lo permitieran, senador, les pregunta Tania Damián.

REPORTERA: Senador, sobre la Ley General de Aguas que quieren volver a impulsar, entiendo que es una coordinación ciudadana. ¿Cómo va? ¿Habría posibilidad de aprobar?

SENADOR GILBERTO HERRERA RUIZ: Estamos trabajando en ello. Hay que recordar que el agua no sólo es el problema Querétaro, es en muchos estados donde se ha convertido en un gran negocio.

La Constitución de alguna manera abre un espacio a que particulares puedan participar en el tema del agua, pero ese espacio se abre para municipios que son muy pobres y que tal vez no tienen la capacidad de por sí solos abastecer de agua a su población.

Pero ese pretexto, el de particulares, lo aprovecharon ciertos municipios, capitales de los estados como Querétaro, Boca del Río, Aguascalientes y Mérida, que no son municipios pobres, para pasarle esa obligación de servicio de agua potable a privados: compañías francesas, compañías españolas, compañías mexicanas que han lucrado enormemente.

Cuando hay una asignación de agua, a CONAGUA se le paga un peso, y ellos venden el agua a 20 a 50 pesos el metro cúbico. Imagínese el negocio que están realizando.

Una botellita de agua, si usted paga a 20, a 50 pesos el metro cúbico, una botella de agua de un litro, de esas que se compran en el súper, son dos a cinco centavos, ¿por qué nos la venden a 14 pesos?

Entonces, todos esos intereses económicos nos están atrasando en la ley, pero estamos trabajando toda la bancada de Morena para sacarla lo más pronto posible, porque con eso acabaríamos con esa privatización de agua que se ha realizado ya por muchos años y que no es posible.

REPORTERA: Esa aprobación, ¿automáticamente se quita, digamos? Comento porque Puebla también es una ciudad donde está privatizada el agua. ¿Se quita la privatización?

SENADOR GILBERTO HERRERA RUIZ: Sí. Se prohíbe la privatización. La obligación del Estado de asumir ese servicio; si no puede un municipio, pues se lo pasa al gobierno estatal, que sí va a tener la capacidad de hacerlo.

No lucrar ya con el agua y obligar al Estado a proporcionar al menos 50 litros de agua potable para todo mexicano, que no tengan que caminar más de media hora para abastecerse de agua en sentido rural, en donde tal vez hay muchos espacios, pero que esté accesible y que sea de una calidad de agua potable, que es problema que también tenemos en comunidades, en donde hay agua, pero no es potable al 100 por ciento.

REPORTERA: Sólo una última pregunta. ¿Tienen el radar en cuántos municipios del país estarían operando organismos privados?

SENADOR GILBERTO HERRERA RUIZ: Yo creo que la mayoría de las capitales de los estados, donde hay mucha población y es un gran negocio.

En ningún Estado en zonas de alta marginación, de muy alta marginación, en ningún municipio de esos está operando un privado; ahí no es negocio, se han metido donde sí es un negocio.

Muchas gracias.