En primer lugar, quiero destacar que una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es el rescate al sector energético para que esté vuelva a operar como palanca del desarrollo nacional.

La política actual impone un proceso de privatización que se traduce en negocios lucrativos a empresas particulares, es por ello que las reformas a la Ley de la industria eléctrica resultan de carácter prioritario para promover la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado y promover condiciones equitativas de competencia.

Uno de los objetivos de esta minuta que estamos discutiendo es eliminar las políticas del dumping que favorecen a las empresas privadas sobre la Comisión Federal de Electricidad.

El esquema de autoabastecimiento fue perdiendo el objetivo, ya que los permisos de generación fueron expedidos a favor de grandes empresas cuyo objetivo no es generar energía para su consumo propio, sino para satisfacer la demanda de terceros, lo que representa un fraude a la Ley.

Quiero destacar que durante el parlamento abierto que se realizó en la Cámara de Diputados para el análisis de las reformas la CFE dio a conocer que esta práctica ha significado pérdidas para la empresa pública por 249 mil 606 millones de pesos, tan sólo en subsidios a privados en cajas de porteo de la modalidad de autoabastecimiento.

Las tarifas de porteo, el subsidio a privados a significado 28 mil 765 millones de pesos, las CFE intermediación de contratos legados a subsidiado a los autoabastecedores con 20 mil 841 millones de pesos. Los ingresos no percibidos por suministro básico ascienden a 200 mil millones de pesos, adicionalmente, la utilidad no percibida por este último concepto en el mismo periodo llegó a los 50 mil millones de pesos.

Con estos datos del esquema actual de la Comisión Federal de Electricidad subsidian a los generadores privados de energía las tarifas que actualmente pagan los privados por los servicios de transmisión que no son justas, ya que éstos apenas cubren el mantenimiento de esa transmisión.

La CFE estimó que este mercado ofrece precios de energía eléctrica de 5 a 10% por debajo del mercado eléctrico mayorista, gracias a los bajos cargos de transmisión eléctrica o por lo que no considero que por los datos que tiene la oposición sean correctos.

La Auditoría Superior de la Federación reveló que de 2014 al 2016 la CFE adquirió energía eólica a precio de 3.7 veces superior al costo de producción de otras plantas de su propiedad, lo que le provocó pérdidas de más de 2 mil 646 millones de pesos, derivado de contrato de largo plazo firmados sin tomar en cuenta las potenciales reducciones de costo del mercado.

Las tarifas del servicio público de transmisión y distribución que establece la comisión reguladora de energía eléctrica no cubren los costos reales. Se informa que a la fecha operan más de 300 centrales a las que se ha autorizado autoabastecerse y despachan energía mediante contratos a 70 mil socios bajo la figura de contratos de autoabasto.

Ejemplo de ello es Iberdrola, quien es subsidiado para la infraestructura de transmisión y distribución, lo que le permite vender más barato que la CFE, esta es una simulación ventajosa y que arroja pérdidas millonarias, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía.

En el mismo sentido, existen abusos con empresas autoabastecedoras sin consumo propio y que dan servicio a grandes consumidores industriales que pagan precios muy bajos de transmisión en todo el país, como son el Grupo Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kimberly Clark, entre muchas otras, las cuales simulan ser socias de Iberdrola, de Enel Energía, American Ligth and Power y otras dedicadas a la generación eléctrica, lo que les permite utilizar gratuitamente la red eléctrica, como lo hacen las propias trasnacionales, que tienen plantas eólicas y fotovoltaicas.

Ante esta realidad de prácticas desleales, es imperativo el rescate del sector energético mediante una política fundada en el principio de interés general, público y nacional que le permita participar en igualdad de condiciones en la industria eléctrica.

Los beneficios que pretendemos con esta reforma el día de hoy subsanan las finanzas de la CFE, ya que al priorizar sus generadores se asegura la entrega física de la energía eléctrica, deja de asumir el costo por pérdida de despacho y, en consecuencia, no subirían los precios de las tarifas.

Terminar con años de saqueo y con reconocimiento de los costos totales de generación, permitiendo una competencia de equidad en el mercado.

Garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional.

Nuestra Constitución, en el artículo 28, prohíbe los monopolios y hace referencia explícita a la planeación y control del sistema eléctrico nacional. Con base en ello, hoy estamos aquí para aprobar una Minuta que combate un mercado negro de electricidad que cuesta al país, a través de la CFE, alrededor de 7 mil 500 millones de pesos al año, generando un daño patrimonial en contra de las y los mexicanos.

Que quede claro: no estamos en contra de la competencia económica ni estamos en contra de las energías limpias, estamos a favor de que haya piso parejo, que el cálculo del costo de la energía de los generadores sea equitativo y que todos paguen lo que tienen que pagar, no podemos seguir bajo este esquema de simulación que solo beneficia a unos cuantos, y no al consumidor final que es el ciudadano común y va en deterioro de una empresa con vocación social, como lo es CFE.

Senadoras y senadores, no nos ofende que digan que obedecemos a nuestro presidente porque es una persona honesta, honrada y comprometida con las y los mexicanos, y no gente vende patrias con intereses ocultos como las que ustedes defienden.

Es cuanto senador presidente.