Muchas gracias presidente, honorable asamblea, senadores, senadoras, mexicanas y mexicanos

Una nación que no controla sus fuentes de energías, no controla su futuro. Esta frase la dijo un presidente de Estados Unidos que nada tiene que ver con el pasado arcaico, Barak Obama, en su libro La Audacia de la Esperanza.

Hoy más que nunca, las sabias palabras y premonitorias del presidente de México, Adolfo López Mateos, en el marco de la nacionalización de la industria eléctrica del 27 de septiembre de 1960 cobra sentido:

Pueblo de México:

“Les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de la Exclusiva Propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en Años futuros algunos Malos Mexicanos identificados con las peores causas del País intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el Petróleo y nuestros Recursos a los Inversionistas Extranjeros”.

60 años después, 2 de marzo del 2021, nos encontramos discutiendo después de una larga travesía de traidores a la patria que entregaron nuestros recursos a los extranjeros.

La apertura a capitales privados en la industria eléctrica tuvo su génesis en diciembre de 1988, al final de la administración de Miguel de la Madrid, en el que se aprobó modificar ley para permitir la participación de los particulares en la cogeneración para usos propios y los excedentes para la CFE.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en noviembre de 1992 se reformó nuevamente la ley para incorporar más modalidades de generación eléctrica como: autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, exportación e importación.

Más adelante, entre 1994 y 1998, durante la gestión de Ernesto Zedillo, la capacidad instalada de generación aumentó en el sector paraestatal sólo el 3.8 por ciento y el privado 23.2 por ciento.

Con la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se pretende eliminar la simulación y el fraude a la ley amparados bajo el régimen de autoabasto que se disimuló, se disfrazó y se protegió sobre todo en la reforma del 2013 que fue aprobada por el Pacto por México.

Senadores y senadoras, en esta tribuna no venimos a una falsa discusión. A veces la vida nos permite la oportunidad de la redención. Cuántos y cuántas de ustedes fueron senadores y diputados de este periodo neoliberal de entrega de nuestra industria eléctrica. Cuántos de ustedes, con el Pacto por México, no acompañaron a Peña Nieto a la entrega de la gran riqueza nacional.

Este proyecto de reforma que hoy discutimos modifica 9 artículos y un régimen transitorio de 5 artículos y en esencia busca lo siguiente:

En primer lugar, eliminar el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas para dar prioridad a la energía hidroeléctrica y reasumir la rectoría estatal en la materia. Con esto, se busca superar la relegación intencionada que el sistema actual ha generado respecto a las centrales de la CFE, asegurando así la rentabilidad a que obliga la legislación vigente para los proyectos de la nación, impedidos por el Despacho Meritorio del Mercado Eléctrico Mayorista con costos variables que sólo favorece la especulación de los productores privados, lo cual propicia la discriminación y el desplazamiento de la CFE, pues privilegia indebidamente a sus competidores gracias a prácticas desleales de comercio interno e internacional en una absoluta, absoluta falta de transparencia económica.

En segundo lugar, se elimina la restricción indebida que hace depender la entrega de los Certificados de Energías Limpias de la fecha de entrada en operación de las centrales eléctricas. Con esto se contribuye al fortalecimiento de un mercado eléctrico libre de sesgos o deformaciones, asegurando un mercado de piso parejo y dotado de plena igualdad de condiciones y oportunidades de competencia entre la CFE y las empresas privadas.

En tercer lugar, se elimina la obligación de la subsidiaria de suministro básico de la CFE de comprar energía por medio de subastas. De esta forma se elimina un sistema dañino para la economía nacional y por supuesto que para el interés público, ya que dichas adquisiciones se dan en un mercado eléctrico mayorista especulativo, que las hace más costosas para los consumidores. Además de que impide contar con coberturas de energía y capacidad en grandes volúmenes y suficientes, ya que la energía que en mayor proporción puede ser contratada es de carácter intermitente.

Finalmente, se abre la posibilidad a que aquellos permisos de autoabasto que fueron fruto de un fraude a la ley sean revisados, pues tales permisos son ilegales de origen y su vigencia crea un mercado simulado en perjuicio de la correcta competitividad que mandata la Constitución y sobre todo en contra de la CFE.

Ahora bien, contrario a lo que ciertos grupos de interés señalan, esta reforma tiene pleno apego al texto constitucional, pues si bien la reforma energética del 2013 insertó en nuestra ley fundamental un clausulado de contenido ideológico claramente neoliberal, ello no destruyó los principios sociales que centenariamente han prevalecido en nuestro constitucionalismo.

En efecto, en las constituciones convergen distintos discursos con cargas ideológicas diferentes, que para la coherencia del sistema deben guardar equilibrio entre sí. De este modo la libre competencia en el mercado de energías que ampara la Constitución debe entenderse en un sentido armónico con el papel rector del estado sobre el desarrollo nacional, que le da las atribuciones suficientes para planear, conducir y orientar las actividades productivas, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, lo que incluye la exclusividad, escúchenlo bien, del Estado en el desarrollo del área estratégica de la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional. Todo ello establecido en los artículos 25, 26 y 28 de nuestra máxima ley.

Dicho en otras palabras, las bases del estado social que fijó la Constitución de 1917 en ningún momento ha librado al estado de su obligación de asegurar el bienestar general y la mejora en las condiciones de vida de las personas, finalidad que no se puede alcanzar mientras exista un sistema que hace que servicios básicos como el energético no cumplan con tres principios: la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad. Corregir esta situación es la finalidad de la presente reforma.

El grupo parlamentario de Morena converge en sentido positivo a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, confiando en que su aprobación implicará una acción emblemática en la historia reciente, para corregir decisiones políticas erradas que solo han propiciado la desigualdad estructural en detrimento de la nación y el interés general.

“Industrializar al País no implica una subasta Pública de nuestros Recursos Naturales, ni la entrega indiscriminada del Patrimonio de la Patria”.

Mexicanas y mexicanos, senadoras y senadores, este es el momento de no echar culpas, de enfrentar el futuro y de retomar los recursos de nuestro país en beneficio de nuestra nación. No se trata de ideas del pasado, se trata de soberanía energética. No se trata de quién es nuestro patrón, por el patrón de todas y todos nosotros es el pueblo, es al que nos debemos y es el que nos paga. Sólo que aquí haya senadores a los que les paga Iberdrola y vengan entonces a defender otros intereses.

Mexicanas y mexicanos, hoy el Grupo Parlamentario de Morena le dice a esta iniciativa preferente del Presidente sí porque es necesaria, sí porque es indispensable para el futuro de nuestros hijos y para el presente de nuestra patria, asegurar nuestra soberanía energética. Escúchenlo bien: Sin soberanía energética, no somos libres, no somos independientes. Es una cuestión de seguridad nacional.

¡Que viva la Cuarta Transformación de México!

¡Que viva Andrés Manuel López Obrador!

Y que viva la reforma energética nacional que hoy presentamos de cara a nuestra patria.

¡Que viva México!

¡Que viva México!

¡Que viva México!