• Los esfuerzos deben centrarse en procurar mejores condiciones de vida para quienes menos tienen, destaca el senador Eduardo Ramírez

Es necesario legislar y poner en marcha nuevas políticas públicas que permitan construir mejores condiciones de vida para las y los mexicanos, las cuales combatan la desigualdad e impulsen el desarrollo, no sólo de nuestro país, sino de la región, aseguraron integrantes del Senado de la República, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Lo anterior, en la presentación del Informe regional de desarrollo humano 2021: “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Caso mexicano, el sistema de protección social y laboral: contribución paradójica a la lucha contra la desigualdad”, que organizó la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, expresó que ese diagnóstico es el inicio de un proceso que debe desembocar en nuevas estrategias y acciones para transformar las sociedades de la región, mediante la implementación de políticas públicas que se traduzcan en un desarrollo perdurable y justo.

El esfuerzo, subrayó el senador, debe centrarse en procurar mejores condiciones de vida para quienes menos tienen, así como voltear a ver a las comunidades del sur y a las poblaciones más vulnerables.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, presidenta de la Comisión Especial, adelantó que los resultados de este informe serán de utilidad para que el Senado diseñe una agenda legislativa en esta materia, en el inicio de la siguiente Legislatura.

Explicó que el objetivo es lograr la recuperación sostenible que demanda el contexto actual y atender, de manera prioritaria, la profunda brecha de desigualdad que persiste en el país.

La legisladora del PT insistió en que se necesita el diseño de políticas públicas y leyes integrales sostenibles, con un enfoque sistémico y visión de largo plazo para atender los problemas estructurales que señala el Informe.

En nombre del Instituto Belisario Domínguez (IBD), la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que la pandemia por Covid-19 acentuó las desigualdades en la región; sin embargo, subrayó que se trata de un problema estructural que no se ha atendido adecuadamente.

La también presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, agregó que desde el Legislativo están obligados a promover el desarrollo de políticas públicas que atiendan, con una visión integral, estos retos complejos.

El rol del Poder Legislativo es clave en la promoción del desarrollo sostenible, reiteró, por lo que se deben generar las condiciones que permitan el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas focalizadas a la reducción de la brecha de desigualdad y a promover el desarrollo económico.

Marcela Meléndez, economista en Jefe del Bureau Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, sostuvo que nuestra región es la segunda más desigual del mundo, debido a factores como la concentración de poder, la violencia y los sistemas de protección social que no funcionan bien.

Puntualizó que este bajo crecimiento y desigualdad, especialmente para las mujeres, la comunidad LGBTTTIQ+ y los grupos étnicos, quienes no cuentan con representación política, servicios del Estado, ni con representación en los agentes económicos, sólo se puede combatir si se conocen los factores que causan estos problemas.

Cynthia Martínez, oficial nacional de Desarrollo Económico y Social del PNUD en México, denunció que el sistema de protección social y laboral está exacerbando la desigualdad social en lugar de disminuirla, pues los programas son insuficientes.

La configuración actual de la seguridad social en México no es funcional, pues las personas que ganan menos subsidian a las que ganan más.

Por ello, subrayó, es necesario transitar hacia sistemas de protección social y laboral más incluyentes y efectivos, que aumenten los derechos sociales de las personas e incrementen la productividad. “Una forma de hacerlo es pensar en la universalidad del sistema de protección social”.

Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en México, hizo un llamado para que se impulse un nuevo contrato social en el país, que desemboque en una nueva gobernanza efectiva e inclusiva.

Jesuswaldo Martínez Soria, director general de Investigación Estratégica del IBD, aseveró que este informe ayudará a reflexionar sobre las políticas públicas y las decisiones legislativas que conviene implementar, para subsanar las deficiencias en materia de seguridad social y laboral.

En ese sentido, dijo que es necesario crear un régimen de acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras informales; la instrumentación de un seguro de desempleo; y construir un sistema de seguridad social universal.