• La Comisión Permanente también pidió a la Fiscalía General de la República que investigue el destino de esos recursos. 

La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Gobernación para que informe sobre la devolución de los ahorros de los ex trabajadores del Programa Bracero, en los términos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

También le solicitó a la Fiscalía General de la República investigue respecto al destino de los recursos pertenecientes a los ahorros de los ex trabajadores del Programa Bracero.

El dictamen refiere que los gobiernos de Estados Unidos y México suscribieron un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales, de 1942 a 1964, el cual hizo posible la entrada a ese país de más de 4.6 millones de mexicanos para trabajar en la construcción de vías férreas y en la producción de alimentos en los campos agrícolas. 

En el referido convenio, indica, se estableció la deducción del 10 por ciento del total de los salarios percibidos por los trabajadores mexicanos a razón de su trabajo, debiendo ser devuelto a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales establecidas para ello. “Lo cual, hasta el momento, no ha sucedido”. 

Se señala que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se incluyó el artículo octavo transitorio en el que se dispuso que la Secretaría de Gobernación debía implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que hubieren presentado solicitud para recibir el apoyo social. 

“Sin embargo, los esfuerzos realizados no han sido suficientes. En los años 2016, 2017 y 2018 tampoco se asignó la partida presupuestaria al apoyo social”.

Finalmente, precisa el documento, la SCJN resolvió el amparo en revisión 1152/2016, a favor de los ex braceros. En la cual se ordena al Ejecutivo Federal a restituirles sus fondos de ahorro, más los accesorios legales correspondientes por todos los años transcurridos desde el inicio del llamado Programa Bracero. 

Derivado de la sentencia de la SCJN, el siguiente paso es establecer la ejecución y cumplimiento de la resolución emitida, por ello es necesario conocer la ruta crítica que se habrá de seguir la Secretaría para dar solución a esta problemática social y lograr la devolución de los ahorros retenidos. 

Al respecto, el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, expresó que el actual Gobierno no renuncia a la responsabilidad que en justicia les asiste a los trabajadores braceros, pero también “exigimos que la Fiscalía investigue hasta sus últimas consecuencias quién abusó de esos recursos”.

Su compañera de bancada, Rocío Adriana Abreu Artiñano, manifestó que es fundamental investigar qué pasó con los recursos. “Queremos transparentar al pueblo de México, decirle cómo se utilizaron los recursos. Estamos asumiendo una responsabilidad compartida de que el que nada teme, tiene que transparentar”.

En tanto, la diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, dijo que los esfuerzos que se han dado para encontrar una solución a este problema no han sido suficientes. “desde 2013 hasta 2018, no se ha asignado partida alguna en el presupuesto, por ello es importante revisar los datos”. 

Finalmente, la diputada de Morena, María Guillermina Alvarado Moreno indicó que la deuda que se tiene con los trabajadores braceros tiene que ser saldada, “porque representa un acto de abuso contra sus derechos laborales y de corrupción”.