o   Eliminan de la minuta facultad de la Secretaría de Gobernación para proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional.

El Senado de la República modificó la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer el andamiaje institucional del nuevo gobierno.

 Después que se aprobó el proyecto de decreto en lo general, senadores de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PVEM presentaron en lo particular sus reservas para modificar diversos artículos del dictamen.

 Con 93 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, el Pleno respaldó los cambios a los artículos 8, 27, 33, 37 y 40, planteados por los senadores Cristóbal Arias, Xóchitl Gálvez, Jorge Carlos Ramírez, Beatriz Paredes, Noemí Camino y Nuvia Mayorga.

 En votación por separado, avaló -con 62 votos en pro, 37 en contra y cinco abstenciones- la modificación al artículo 17 Bis, que sugirió el senador Cristóbal Arias. Y, con 105 votos, el cambio que propuso el senador Ricardo Monreal a la fracción VIII, del artículo 27. 

 Además, con 63 a favor y 43 en contra, aprobó en los términos del dictamen, diversos artículos reservados para ser modificados, lo cual fue rechazado.

 A sugerencia del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, la asamblea eliminó de la fracción VIII, del artículo 27 del dictamen, la facultad que se le había conferido a la Secretaría de Gobernación para “proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional”.

 El legislador destacó la necesidad de garantizar el tránsito hacia un modelo de gobierno abierto, con pleno respeto a la libertad de expresión, sin gastos excesivos, sin control, cooptación, “compra de silencios o favoritismos para personalidades políticas o públicas”, ni coerción hacia los medios de comunicación.

 También se aprobó la propuesta del senador Cristóbal Arias Solís para establecer en el artículo 8 que el Ejecutivo Federal contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Oficina de la Presidencia.

 Dichas unidades podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a través de la oficina referida.

 Se precisó en el primer párrafo del artículo 17 Bis, que las oficinas de representación, que estarán en las entidades, “se coordinarán con las delegaciones de programa para el desarrollo”.

 La asamblea aceptó cambios al artículo 8, planteados por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, a fin de aclarar que a la Oficina de la Presidencia le corresponde definir las políticas del Gobierno Federal en los temas de informática, tecnologías de la información, comunicación y de gobierno digital, en términos de las disposiciones oficiales.

 Además, respaldó la propuesta del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, para señalar en la fracción I del artículo 8 que las políticas del gobierno federal de informática, tecnologías de la información y la comunicación del gobierno digital bajo los principios de gobierno y datos abiertos en términos de las disposiciones aplicables.

 Del mismo modo, avaló que en el artículo 33, fracción XXI, quede establecido que la Secretaría de Energía se coordine con la Comisión Reguladora de Energía, para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

 Se aceptó la adición de una fracción XXI al artículo 40, propuesta por la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, a fin de promover la organización de los jornaleros agrícolas y garantizar la protección laboral y de seguridad social que establece la legislación aplicable.

 Los senadores respaldaron otro cambio al artículo 27 impulsado por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM, para que la Secretaría de Gobernación también pueda formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de paz y de la legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad.

 Asimismo, que pueda crear e implementar de forma permanente una página electrónica de consulta pública, donde se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas, de todo el país; y establecer otra para los casos de mujeres y niñas.

 La propuesta también busca que la Segob elabore y ejecute los programas de reinserción social y apoyo a las personas que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad; así como el diseño e instrumento de programas anuales para el desarrollo municipal, previo un diagnostico en los ayuntamientos.

 La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, presentó una reserva para eliminar la porción normativa de la fracción 24, del artículo 37, que faculta a los órganos internos de control a revisar la deuda pública, misma que fue aprobada por la Asamblea.

 Luego de su aprobación en lo particular, el proyecto de decreto se devolvió con cambios a la Cámara de Diputados.