• El documento fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales

Con 68 votos a favor y 35 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que, entre otras disposiciones, plantea crear la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía, enfocado en garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados y sectores del país.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, señaló que la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio es porque México requiere de una autoridad fuerte, independiente y con plena legitimidad democrática, que priorice la eficacia institucional, la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

La nueva autoridad antimonopolios, explicó, es semejante a la de Estados Unidos, con lo que se cumple con uno de los requisitos del T-MEC, además de que se establece una separación entre la autoridad que investiga y la que sanciona, característica que asegura la imparcialidad de las decisiones.

Con ello, enfatizó, se deja de manifiesto que el nuevo organismo, responsable de la competencia económica, cumple con el artículo 21 del T-MEC en materia de política de competencia.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, afirmó que esta reforma se inscribe en un proceso de renovación institucional orientado a consolidar un Estado más eficaz, con instituciones legitimadas por su cercanía a las necesidades sociales y con capacidad para conducir el desarrollo nacional de manera ordenada, moderna y estratégica.

Por ello, destacó que México debe dotarse de herramientas jurídicas que garanticen que su aparato productivo esté al servicio de la nación y no al arbitrio de intereses oligopólicos ni de decisiones descontextualizadas.

La reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señala que la Comisión Nacional Antimonopolio es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía y enfocado a evitar monopolios, a fin de contribuir al desarrollo del país y al bienestar de los mexicanos.

El dictamen sostiene que estas modificaciones son parte de la reforma de simplificación orgánica que extingue a diversos órganos autónomos, entre los que se ubica la COFECE, además de realizar un rediseño institucional sobre las funciones del Estado en la rectoría económica del país.

La Comisión Nacional Antimonopolio contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá atribuciones que le permitan identificar, investigar y sancionar conductas ilegales para impedir violaciones a la ley.

El proyecto de decreto plantea que cuente con un órgano de gobierno compuesto por cinco personas comisionadas, cuya presidencia será designada por la titular del Ejecutivo Federal, con lo que se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que sanciona. Además, ejercerá su presupuesto de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con las modificaciones también se alinea la legislación mexicana con las mejores prácticas internacionales, ya que podrá evitar que se requiera un acuerdo previo para que los intercambios de información anticompetitivos puedan ser sancionados.

Con el objetivo de detectar oportunamente concentraciones contrarias a la ley, se consideran como indicios de una posible concentración ilícita, aquellas que afecten sustancialmente las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados relevantes. Asimismo, se establece que no podrán ser investigadas las concentraciones que no requieren notificación previa a la Comisión, una vez transcurrido un año desde su realización.

De acuerdo con el dictamen, el titular de la Autoridad Investigadora podrá presentar denuncia o querella ante la Fiscalía General de la República (FGR), respecto de las probables conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia. La querella únicamente podrá formularse con el Dictamen de Probable Responsabilidad.

Asimismo, se prevé la inhabilitación de las empresas, que hayan sido sancionadas por prácticas monopólicas absolutas,para participar en contrataciones públicas de carácter federal o local por un periodo que no será menor de 6 meses ni mayor a cinco años.

También se robustecen las sanciones en caso de entregar información falsa, por la comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas; por la comisión de Prácticas Monopólicas Relativas; por concesiones ilícitas, por no notificar concentraciones; por incumplir condiciones de concentraciones; por incumplir compromisos de prácticas monopólicas relativas; por incumplir sanción de desincorporación, a fedatarios públicos que den fe de concentraciones no notificadas; y por incumplir resoluciones de barreras a la competencia.

Las y los senadores David Novoa Toscano, Mario Humberto Vázquez Robles y Laura Esquivel Torres, del PAN; Edna Geraldina García Gordillo, del PRI; y Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, presentaron modificaciones a los artículos 3, 12, 13 bis, 18, 23, 31, 54, 77 bis, 136 y 140, 141, 142, de la Ley Federal de Competencia Económica.

Sin embargo, la asamblea rechazó las propuestas de modificación, por lo que los artículos reservados quedaron en sus términos, y con 72 votos a favor y 34 en contra el dictamen fue aprobado en lo particular.

Para fijar la postura de Morena, Martha Lucía Micher Camarena consideró que el proyecto busca fortalecer y dar continuidad a la política de competencia del país, pues impulsa una modernización institucional para recuperar el control del Estado sobre los intereses económicos, para que la competencia sea de verdad una herramienta en favor de las familias mexicanas.