El senador Salomón Jara Cruz presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGO) a que, en ejercicio de sus facultades, intensifique la búsqueda y las investigaciones que permitan ejecutar, sin mayor dilación, la orden de aprehensión girada en contra de Juan Vera Hernández, quien ha sido identificado como el quinto presunto responsable del ataque feminicida con ácido perpetrado en contra de María Elena Ríos Ortiz.

El legislador morenista igualmente instó a la FGO a retomar el diálogo y la atención a María Elena Ríos Ortiz, a efecto de tomar medidas que permitan garantizar en todo momento la integridad y seguridad de la víctima y de sus familiares, así como asegurar la reparación integral del daño infringido a María Elena Ríos Ortíz.

“Han pasado más de 2 años desde que intentaron matarla con ácido. Uno de los agresores sigue impune. María Elena, quien vive con miedo, no podrá recuperar su vida, su tranquilidad y la de su familia, mientras uno de los feminicidas disfrute cada amancer en libertad”, señala la propuesta.

El punto de acuerdo refiere que, además de la lentitud del proceso penal y de la tardanza con la que la Fiscalía del estado ha actuado en este caso concreto de violencia de género, persiste la impunidad y a la fecha no se ha ejecutado la última orden de aprehensión girada en contra de Juan Vera Hernández, hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, quien ha sido identificado como el quinto participante en el atentado cometido contra la saxofonista oaxaqueña.

No solo se ha fracasado en la ejecución de la orden de aprehensión contra el quinto implicado, Juan Antonio Vera Hernández, sino que el hecho de que recientemente la Fiscalía General del estado de Oaxaca haya ofrecido una recompensa de 1 millón de pesos a quien proporcione información veraz, útil y eficaz para lograr su captura, parece confirmar que no existe ningún tipo de avance en las investigaciones y que todo se encuentra sujeto a que alguna persona aporte cualquier tipo pista.

El hecho de que uno de los principales responsables del ataque contra María Elena siga en libertad ejemplifica claramente la incapacidad de las autoridades encargadas de la procuración de justicia para cumplir con sus responsabilidades fundamentales y representa un peligro claro para la seguridad e integridad de María Elena, quien además de sentirse amenazada junto con su familia por la impunidad de la que goza uno de los perpetradores, también ha referido públicamente su insatisfacción con el trato recibido tanto por el anterior como por el actual encargado de la Fiscalía General del estado de Oaxaca .

En este escenario, resulta imperante que el Senado de la República reitere su llamado a las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas para que asuman su responsabilidad y refuercen su compromiso con la lucha contra la violencia feminicida; y particularmente en entidades como el estado de Oaxaca, en donde además de la violencia de género, la violencia política y las agresiones contra periodistas abonan de manera importante al clima de violencia, inseguridad e impunidad imperante.