• Debido a la contingencia, las instalaciones han sido objeto de robo, vandalismo y deterioro, advierte Cecilia Sánchez

Durante el periodo de la contingencia sanitaria, se estima que entre 40 y 50 por ciento de los planteles educativos, a nivel nacional, fueron vandalizados o registraron algún tipo de robo, lo que representa entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha situación.

La senadora Cecilia Sánchez García propuso hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que implementen o refuercen de manera permanente, los operativos de revisión y vigilancia de los planteles escolares en los diferentes niveles educativos.

A través de un punto de acuerdo, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena busca prevenir más robos, daños y vandalismo, a efecto de mantener las instalaciones educativas en las condiciones adecuadas para el regreso a clases.

En la propuesta, que se analizará en la Segunda Comisión, también hizo un llamado al gobierno de Campeche para que informe sobre las acciones que implementó en materia de revisión y vigilancia de los planteles escolares en los 11 municipios del estado.

De acuerdo con el reporte de la organización Mexicanos Primero, después de 422 días cerradas, cinco mil 493 escuelas fueron objeto de robo, lo que implica aproximadamente 13 planteles al día, en promedio.

Detalló que los ladrones se llevaron, principalmente, equipo de cómputo, cableado eléctrico y materiales de hierro, además, tuberías de cobre, bombas de agua, archiveros, bocinas, focos, herrería, proyectores, cámaras de vigilancia, instrumentos musicales, material de laboratorio, ventiladores, equipo de aire acondicionado, puertas, ventanas, despensas, vajillas, excusados, lavabos, grifos, libros, sillas y butacas y material didáctico.

Sánchez García destacó que tanto el Gobierno Federal, como las secretarías de Educación Pública de los estados, tendrán que destinar hasta 100 millones de pesos para reparar los daños.

Es urgente, expresó la legisladora, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen la seguridad pública de sus habitantes y de los planteles educativos a nivel nacional, para mantener condiciones de calidad en el retorno a las actividades escolares y evitar que sigan los robos.