La senadora Cecilia Sánchez García presentó un punto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), inicie los procedimientos de sanción en contra de los funcionarios que resulten responsables por la omitir hacer totalmente pública la información sobre sus contratos, gastos, resultados de auditorías y destino de los recursos públicos que recibe el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
La también trabajadora petrolera, afiliada al STPRM, señaló que de 2016 al 30 de septiembre de este año se han presentado 323 solicitudes de información al STPRM. Sin embargo, de cada 100 solicitudes hay 10 quejas que atiende el INAI, además de contar con dos denuncias por no responder a las solicitudes de información.
En el documento inscrito para su turno a comisiones en esa misma sesión, se pone de manifiesto que la negativa del STPRM tiene que ver con no dar a conocer los sueldos y prestaciones de sus dirigentes, sobre todo lo que concierne a su ahora exsecretario general, Carlos Romero Deschamps, así como los convenios celebrados con la empresa del Estado.
La senadora Cecilia Sánchez dio a conocer que, para evitar transparentar la información sobre las transferencias de Pemex al sindicato, este emitió dos pagos a Asesoría Librax, uno por 307 mil pesos y otro por 290 mil pesos, por los conceptos de Asesoría Legal y Asesoría Legal Especial, respectivamente. Indicó que una tercera factura se emite todos los meses a favor de Asesoría Andrade Palacios por 272 mil 347 pesos, por concepto de asesoría legal. En el punto de acuerdo, se manifiesta que Asesoría Librax es una firma especializada en temas relacionados con acceso a la información, fideicomisos, coordinación de proyectos y contabilidad, y forma parte de Asesoría Andrade Palacios, relacionada con el secretario de la Función Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Virgilio Andrade.
La senadora indicó que la asesoría contratada por el STPRM es para un “Plan de opacidad” que ha ocultado información sensible sobre actos de corrupción en el sindicato. Por ello, urgió al INAI a iniciar los procedimientos de sanción en contra de los funcionarios que resulten responsables por la omisión de hacer totalmente pública la información sobre sus contratos, gastos, resultados de auditorías y destino de los recursos públicos que recibe el STPRM.
La legisladora por Morena señaló que con esta omisión los funcionarios violan el derecho a la información pública consagrado en la Constitución, así como diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de vulnerar los derechos de los agremiados.
