Ciudad de México a 18 de octubre de 2018

CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE ARMONICE LA LEGISLACIÓN DE LA ENTIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS EN EL ACTUAL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS.

La suscrita senadora Martha Lucía Mícher Camarena, integrante de MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Como estado mexicano tenemos una gran deuda con los miles de familias que han sido víctimas de algún delito o de alguna violación a sus derechos humanos, como estado Mexicano no hemos sabido responder adecuadamente a las necesidades y demandas que este grupo en condición especial de vulnerabilidad le han presentado a los gobiernos a lo largo de los últimos 12 años.

De aquel Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al actual Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas han tenido que pasar muchos años de sufrimiento, muchas experiencias dolorosas y muchos procesos de frustración para quienes en algún momento decidieron confiar en la actuación de las autoridades legalmente facultadas para otorgarles la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Sin embargo, aunque resulte doloroso reconocerlo, debemos de señalar que a todas ellas y a todos ellos les hemos fallado, pues aunque se ha logrado avanzar en algunos temas sustanciales para garantizar el acceso a la justicia, en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos la impunidad sigue siendo la constante, por ello, resulta indispensable que en el ánimo de lograr que los derechos de todas las víctimas de algún delito o de alguna violación a los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados se continúe con las adecuaciones normativas necesarias, que le permitan a las distintas autoridades del estado Mexicano el poder responder a las necesidades de todas estas familias lastimadas e indignadas.

El martes 3 de enero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General de Víctimas que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre pasado. Tras un proceso plural de análisis y discusión que inició en el Senado de la República y concluyó con la aprobación en la Cámara de Diputados, el Estado mexicano cuenta ahora con un instrumento legal renovado dirigido a fortalecer las capacidades institucionales y rediseñar las políticas públicas destinadas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas en situación de víctima.

Esta reforma buscó la optimización en los procesos de acceso a medidas de ayuda; el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que prestan atención directa a las víctimas; el apoyo y la atención en aquellos casos en que las víctimas del fuero común no son atendidas; establece el derecho de las víctimas para acceder a peritajes independientes; el cambio en la estructura orgánica de la CEAV, dejando la dirección del organismo en una persona; la especialización del personal que presta servicios en la institución; la protección especial a personas que han sido desplazadas a causa de un hecho victimizante; se crea la Asamblea Consultiva a fin de que organismos de la sociedad civil, colectivos de víctimas y academia estén representados en un mecanismo de toma de decisiones; y  el fortalecimiento de la figura del asesor/a jurídico/a.

Esta reforma es resultado de la suma de esfuerzos de gobierno y sociedad civil. La reforma ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas iniciar la adecuación del marco normativo y la modificación de su estructura orgánica y los procesos de atención para tener una institución más eficiente, operativa y humana que haga efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de que son titulares las personas en situación de víctima; a la par, habrán de construirse vías de  trabajo y colaboración con las comisiones ejecutivas de las entidades federativas para concretar la vigencia de un Sistema Nacional que atienda de forma coordinada a las víctimas.

En la reforma también se mandata las entidades federativas realicen la reformas legislativas necesarias a fin de armonizar la legislación estatal acorde con los parámetros establecidos desde la Ley General. Así, en su segundo transitorio se establece:

“SEGUNDO. – Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la leg islación que corresponda”…

El plazo fijado por la propia reforma se venció el pasado 3 de enero de 2018, y lamentablemente todavía muchos estado de la República se mantienen en deuda con las víctimas.

En recientes fechas, organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre los grandes pendientes en materia de atención a víctimas por parte de la federación y los Estados, en ese sentido señalaron con contundencia pese que han pasado más cinco años desde que la Ley General de Víctimas entró en vigor, el 9 de enero de 2013, hay entidades donde el rezago persiste, entre los que se encuentra Guanajuato donde “ni siquiera se ha considerado legislar al respecto”.

Lo anterior, pese a que en Guanajuato la violencia se ha incrementado de forma alarmante, ocupando los primeros lugares en materia de inseguridad. Tan sólo del 21 al 24 de mayo de 2018, en 15 municipios de Guanajuato, fueron asesinadas 46 personas, mientras que en el mes de abril, la entidad fue la tercera con mayor incidencia delictiva al iniciar 11 mil 530 carpetas de investigación, sólo detrás de Estado de México con 21 mil 153 carpetas de investigación por diversos delitos y de la Ciudad de México, con 18 mil 947, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el tercer lugar a nivel nacional y sólo detrás de las entidades más pobladas del país.

En este contexto, la omisión por parte del Congreso del Estado de Guanajuato al no expedir el símil de la Ley General de Víctimas a nivel estatal, implica un desacato a lo mandatado por el Congreso de la Unión en el artículo segundo transitorio, y evidencia la falta de voluntad política del Congreso de la entidad para proteger a las víctimas, garantizarles sus derechos colocándolas en una situación de indefensión y desprotección tal y como estaban hace más de una década.

Por ello, como Senado de la República y como parte del Congreso de la Unión debemos exhortar a nuestras compañeras y compañeros legisladores a que hagan su trabajo, a que cumplan con la Ley General y con sus obligaciones parlamentarias frente a los miles de víctimas que se registran en el estado de Guanajuato y en buena parte del país.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO. –SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A FIN DE QUE ARMONICE LA LEGISLACIÓN DE LA ENTIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS EN EL ACTUAL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS.

 

SEN. MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA