• Pide Casimiro Méndez evidenciar violencia contra mujeres, sectores vulnerables y pueblos indígenas, problemas que nos dejó el neoliberalismo

La represión sistemática a la libertad de expresión, así como la desaparición y tortura de personas, ya no forman parte de la política de Estado que se instrumentó en el pasado, pero el respeto a los derechos humanos representa un desafío para la actual administración, reconoció el senador Casimiro Méndez Ortiz.

El legislador dijo que es necesario consolidar la transformación nacional y que para ello se deben evidenciar los problemas “que nos dejó el neoliberalismo”, como la violencia hacia las mujeres, a los sectores más vulnerables, a los pueblos indígenas, entre otros.

Durante la inauguración del foro “Derechos Humanos: Retos y conquistas de la lucha social”, el senador de Morena recordó que, durante el contexto de la aprobación de la reforma educativa, en el sexenio pasado, las y los profesores que protestaron fueron reprimidos con gas lacrimógeno.

“La ley fue aplicada de manera retroactiva, no fuimos escuchados, fuimos avasallados, hubo toneladas de gas lacrimógeno para cualquier tipo de protesta, pese a que la libre manifestación es un derecho humano y constitucional”, subrayó.

Casimiro Méndez consideró que no hay nada más revolucionario y que distinga a quienes dicen tener ideología política de izquierda, que defender los derechos a la salud, educación, a la vivienda y los derechos humanos.

En tanto, la senadora Nestora Salgado García consideró necesario eliminar la violencia y mejorar la seguridad a nivel nacional, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos humanos.

Refirió que estas problemáticas, que se agudizan en entidades con altos índices de pobreza como en Guerrero, dificultan que la población pueda desarrollarse de forma optima y en paz, e, incluso, impide que tengan una vida digna.

En ese estado, señaló, se comenten cerca de siete asesinatos diarios en distintas regiones, por cuestiones de conflictos armados, y que el crimen organizado obliga al desplazamiento forzado de comunidades completas.

Además de lo anterior, la legisladora comentó que por las malas prácticas de los gobernantes estatales se han incrementado las condiciones de vulnerabilidad y han hecho presos políticos a quienes se han manifestado para alcanzar mejores condiciones de vida.

Nestora Salgado recordó que en el Senado de la Republica se aprobó la Ley de Amnistía, la cual representa un acto de justicia social para las personas que se encuentran privadas de su libertad, por anomalías procesales o cuestiones políticas.

En ese sentido, se comprometió a coadyuvar a atender los casos de injusticia social y a los presos políticos, activistas y defensores de derechos humanos, o a quienes enfrenten alguna amenaza, ya que cuando fue detenida por cuestiones políticas, pasó nueve meses sin contar con un abogado.

Por su parte, la activista Maricela Reyes Jerónimo dijo que en el gobierno de Silvano Aureoles, se reprimió y encarceló a comuneros, estudiantes, profesores, así como a trabajadores de la educación y a luchadores sociales que expresaron su inconformidad social.

Dijo que la prisión a su padre, Leobardo Reyes Meza, maestro de primaria, es un ejemplo de esas acciones que violentan los derechos humanos; además de que fue golpeado, torturado, e incomunicado desde su detención.

Antonio Cerezo Contreras, también activista, aseveró que existen casos de presos políticos que necesitan ser liberados, por lo que pidió a las y los senadores atender esta situación, pues se trata de personas que están privadas de su libertad injustamente.