PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A HACER PÚBLICA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CON NÚMERO FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, CORRESPONDIENTE AL CASO ODEBRECHT, AL CONSIDERAR EL MISMO DE INTERES PÚBLICO.

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 23 de octubre de 2018, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, compareció ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Con un discurso triunfante, aseguró que la dependencia a su cargo ha investigado de manera exhaustiva a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades en el caso Odebrecht.

La funcionaria señaló que, como consecuencia de sus investigaciones, fue inhabilitada la empresa brasileña y una de sus filiales, siendo México el primer país que tomó esta medida y con las sanciones económicas más altas que haya impuesto la dependencia.

A pesar del optimismo del discurso oficial enarbolado por la secretaria Gómez, no se puede perder de vista que hasta el momento ningún funcionario público ha pisado la cárcel como resultado del escándalo regional más grande de los últimos tiempos. Las consecuencias de las investigaciones derivadas de éste han afectado prácticamente a todas las naciones en donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá.

No obstante, hay una excepción notable: la de México, donde se han estancado las investigaciones federales realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), lo que revela la flagrante indiferencia cómplice con la que ha actuado el Gobierno saliente.

A diciembre de 2017, las siguientes habían sido las acciones judiciales emprendidas en otras latitudes:

Perú:

• Una investigación a la primera dama
• Una orden de captura
• Una investigación abierta
• Una expresidente encarcelado
• Una ex primera dama encarcelada
• Cuatro funcionarios detenidos

Brasil:

• Dos denuncias
• 79 detenidos
• Dos funcionarios citados a declarar

Argentina:

• Un embargo
• Cuatro allanamientos
• Odebrecht quedó fuera de la lista de contratistas
• 100 empresas investigadas
• Una investigación abierta

Colombia:

• Ocho investigaciones a congresistas
• Un funcionario con medidas preventivas
• Un funcionario en prisión
• Dos empresarios detenidos

República Dominicana:

• 11 personas detenidas
• Tres funcionarios sin fuero

Ecuador:

• Dos prófugos
• Nueve detenidos
• Un expresidente dispuesto a declarar

Guatemala:

• Una solicitud a Odebrecht para que devuelva 40 millones de dólares
• Dos investigaciones

Panamá:

• 36 personas procesadas
• 24 investigaciones abiertas
• 56 millones de dólares en activo, incautados
• 30 asistencias judiciales internacionales [*]

Ante tal escenario, este punto de acuerdo tiene por objeto hacer un enérgico llamado a la PGR para que haga públicas las actuaciones que obran en la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al ser información de interés público, tal como lo ha manifestado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano que refrendó ese carácter e instruyó a la Procuraduría, mediante el recurso de revisión con número de expediente RRA 4436/18, a entregar la información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación relacionados con Odebrecht.

Al respecto, en su resolución, el INAI señaló que en la carpeta de investigación referida se analizan conductas presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito de servidores públicos, tal como lo reconoció la propia Procuraduría en el Comunicado de prensa 1165/17 PGR-SEIDF, a través del cual reveló que se encuentran vinculados diez servidores públicos y nueve exfuncionarios de PEMEX, los cuales —en el desempeño de su funciones— intervinieron en la adjudicación de diversos contratos de obra pública asignados a Odebrecht.

Para motivar su resolución, el INAI ponderó el derecho humano a la información y el derecho a la secrecía de las actuaciones ministeriales respecto de la carpeta de investigación a la que se ha hecho referencia; en tal sentido, dicho Instituto señaló que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que, previo a determinar la primacía del interés público, se debe practicar la prueba de interés público consignada en el artículo 155 de dicha norma. Así, para el caso en comento, el INAI efectuó la prueba, argumentando la idoneidad, necesidad y proporcionalidad como elementos que justifican la publicación de la información por parte de la PGR, en los siguientes términos:

• Idoneidad: a consideración del INAI, “la única forma que tiene la ciudadanía en general de constatar los avances de la investigación es accediendo a las actuaciones de la carpeta de investigación en cuestión, mediante el derecho de acceso a la información pública”, [*] por lo que se reputa apropiada la medida.
• Necesidad: en la resolución en análisis, el INAI señaló que se cumple esta característica derivado de “la trascendencia nacional e internacional del asunto Odebrecht, pues ha permeado en el ámbito social, político y desde luego jurídico a partir de la adjudicación de diversos contratos, [*] de donde se colige que es ineludible transparentar la forma en que actuaron servidores públicos y ex servidores públicos”. [*]
• Proporcionalidad: finalmente, sobre este punto el INAI constata “un margen de beneficio mayor al favorecer el derecho de acceso a la información. respecto de la secrecía a las investigaciones del Ministerio Público, pues favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos”. [*]

Además, al sustentar su resolución, el pleno del INAI determinó que es de interés público conocer la información sobre el caso Odebrecht, toda vez que permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad y la manera como solventa las investigaciones en casos o hechos en los que se presumen delitos que implican actos de corrupción.

Ahora bien, no obstante que el máximo órgano en materia de transparencia [*] se manifestó de modo contundente en el sentido descrito, han trascendido diversas versiones periodísticas [*] que aluden a un posible incumplimiento por parte de la PGR.

Dado que el plazo máximo para atender la resolución vence el 2 de noviembre del año en curso, resulta urgente agilizar el llamado a la PGR para que acate el mandato del INAI y publique cuanto antes la carpeta de investigación relativa al caso Odebrecht y sus instituciones cómplices, uno de los más indignantes y vergonzosos en la historia reciente de nuestro país.

Que no haya duda: en este nuevo episodio de nuestra República no habrá más intocables, ni impunidades perpetuas. Morena tiene claro que hoy necesitamos un régimen de transparencia total, porque sólo con información pública, autoridades y población podremos trabajar juntas para prevenir, denunciar, perseguir y castigar el despilfarro y la corrupción, y apaciguar el profundo sentimiento de impunidad que prevalece entre nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acate la instrucción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de entregar la versión pública de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, así como los avances y el estatus de la investigación relativa al caso Odebrecht.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 30 del mes de octubre de 2018.

Suscribe

SEN. DR. RICARDO MONREAL ÁVILA

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