Susana Harp Iturribarría, Senadora de la República por el Estado de Oaxaca, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con el terremoto del 7 de septiembre de 2017 que afectó a diferentes entidades federativas de la República Mexicana, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este 7 de septiembre de 2017 se cumple un año del sismo que afectó al Estado de Oaxaca como ningún otro lo había hecho a la entidad desde la segunda mitad del siglo pasado. Ese día, a las 23:49 horas, se produjo el mayor fenómeno sísmico que se haya sentido en nuestro país: 8.2 grados en la escala de Richter.

La severidad del movimiento telúrico, con epicentro a más de 100 kilómetros de las costas de Oaxaca y Guerrero, se resintió en más de 15 entidades del país, en Guatemala y El Salvador. Su intensidad fue superior a la registrada por los sismos de la Ciudad de México de 1985 y 1917 y, por ello, es el más grande del que se tenga registro instrumental en la historia de nuestro país y se cuenta entre los 25 de mayor intensidad en los mismos términos a nivel mundial.

Oaxaca y Chiapas fueron los estados más afectados esa fecha. Sus edificaciones e infraestructura resintieron la fuerza de la naturaleza y su lamentable colapso ocasionó la pérdida de vidas humanas estimadas, en alrededor de 98 personas en el conjunto del territorio nacional. En Oaxaca, lamentablemente, se contabilizaron 76 vidas humanas.

Todos recordamos con sorpresa y dolor las imágenes de la muy querida y tradicional ciudad de Juchitán, de Unión Hidalgo, de Ixtaltepec y de Astata, pero, no fueron las únicas localidades afectadas: hubo daños considerables en 41 municipios de la entidad.

La afectación a viviendas, edificaciones públicas e infraestructura de todo orden alcanzó a 800 mil personas damnificadas, más de 60 mil viviendas afectadas, un millón de personas sin luz, 324 centros escolares dañados, 42 de los cuales, destruidos en su totalidad, además de la afectación en carreteras e infraestructura hidráulica, con un elevado costo económico insuficientemente cuantificado a un año del acontecimiento sísmico.

Solamente el registro de daños llevo más de tres meses estimarlo y, por supuesto, los recursos del Fondo de Desastres Naturales no tuvieron la disponibilidad ni la oportunidad requerida para atender las principales demandas de los ciudadanos: recuperar la normalidad de sus vidas, casas y empleos.

Cabe destacar que, además del movimiento del 7 de septiembre, las réplicas del terremoto acrecentaron los daños materiales y pusieron a la población en estado de alerta e, incluso, pánico, que se multiplicó con el sismo del día 19 de ese mismo mes.

Sin duda, la solidaridad y la cooperación constituyen dos virtudes fundamentales para que las personas y familias que perdieron integrantes o su patrimonio por causa del movimiento sísmico pudieran restablecer, en parte, la normalidad de sus vidas e ingresos lo más pronto posible.

Los mexicanos somos un pueblo dispuesto a brindar nuestra ayuda a nuestros compatriotas. Así ocurrió en el año de 1985 y con otros fuertes fenómenos meteorológicos, como el huracán Gilberto en 1988, cuyas pérdidas fueron calculadas en 5 mil millones de dólares [*] . El huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel”, considerados los más graves de este sexenio, provocaron pérdidas por 23 mil millones de pesos, el primero, y 24 mil millones de pesos, el segundo[*] .

De acuerdo con información de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgo de la SEGOB, entre el año 2000 y 2015, fallecieron en nuestro país 7 mil 742 personas con motivo de desastres naturales o incidentes provocados por la acción del hombre. Así mismo, la organización GermanWatch señala que México es el séptimo país en el mundo con más pérdidas económicas derivadas de fenómenos naturales entre 1997 y 2016, alrededor de 2 mil 957 millones de dólares. Estos datos, no contabilizan los efectos de los sismos de 2017.

Cabe destacar que el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, pasó de 5 mil 833 millones de pesos al inicio de la administración, a 15 mil 201 millones de pesos en 2017 [*] , sin embargo, la estimación de costos de los sismos de septiembre de 2017, fue de alrededor de 50 mil millones de pesos [*] .

De acuerdo con el último informe de gobierno, para la atención de los daños causados por los dos sismos, se emitieron 11 Declaratorias de Desastre, bajo las que, a junio de 2018, se autorizaron más de 38 mil millones de pesos; 29 mil 694 fueron canalizados a través del FONDEN y 8 mil 400 millones de pesos, correspondieron a las aportaciones de las entidades federativas [*] .

En ese mismo informe, se especifica que la aplicación de recursos del FONDEN presentó un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento. Esto quiere decir que, a un año de la catástrofe, únicamente se han ejercido la mitad de los recursos destinados a resarcir los daños de los sismos de 2017.

La evidencia da cuenta de que, aún con toda la experiencia que hemos adquirido los mexicanos en materia de fenómenos climatológicos y sísmicos (en Oaxaca tiembla prácticamente todos los días), no hemos creado una cultura que permita la mitigación y remediación respecto de los peligros, riesgos y contingencias a que nos somete las fuerzas de la naturaleza o la acción irreflexiva del hombre.

Tampoco hemos logrado la eficiencia gubernamental en el ejercicio de los recursos públicos, que nos garantice oportunidad en la atención, transparencia y rendición de cuentas. Sin duda, como en otras ocasiones, la solidaridad de los mexicanos fue determinante para lograr una acción rápida en el rescate de víctimas y atención a damnificados.

Estas acciones ciudadanas fueron definitivas para resolver en primera instancia, la difícil circunstancia de los cientos de miles de compatriotas que perdieron su patrimonio y tranquilidad por causa del terremoto.

Pero la mitigación y remediación de los daños no ha concluido. A un año todavía hay miles de casas habitación que reparar, rehabilitar y edificar. Hay cientos de aulas escolares que reponer y lograr la normalidad del ciclo escolar de miles de niños, no sólo en Oaxaca, sino en todo el territorio nacional.

Sin pretender sustituir a las instituciones del Estado en materia de protección civil, mitigación y remediación de daños, la solidaridad ciudadana es un claro ejemplo de que todos contamos con una red social ante las adversidades de los fenómenos de la naturaleza.

Esta solidaridad debemos alentarla y multiplicarla en cada evento climatológico o sísmico que genere graves afectaciones a la seguridad de las personas, su patrimonio y respecto de la infraestructura de servicios públicos.

Sin embargo, ello no es condición para no exigir a las autoridades de las instituciones del Estado, la aplicación responsable, transparente y eficaz de los recursos de los mexicanos para sobreponerse a los desastres naturales. Sobre todo, ahora que, a un año de los eventos de septiembre de 2017, no se ha logrado remediar los daños y afectaciones causadas con motivo de los sismos de aquel mes funesto.

La igualdad de derechos que postula a democracia es razón suficiente para exigir la transparencia y la rendición de cuentas de quienes tienen a su cargo el uso de los recursos públicos a un año de aquellos lamentables acontecimientos.

Con base en lo anterior y con fundamento en la fracción II del numeral 1, del artículo 8 y 276, numeral 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación presente un informe detallado por entidad federativa del monto de los recursos públicos canalizados a través del Fondo de Desastres Naturales con motivo de los sismos del mes de septiembre de 2017.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe pormenorizado de las acciones, programas, recursos, por entidad federativa y padrón de beneficiarios, en relación con los daños y afectaciones a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el costo, inversión y aplicación de recursos para la rehabilitación de la infraestructura carretera dañada con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

CUARTO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública informar sobre el número de planteles remozados, rehabilitados y/o reconstruidos con motivo de los daños causados a la infraestructura física educativa por los sismos de septiembre de 2017, así como el número de alumnos, por entidad federativa, que aún cursan sus estudios en aulas provisionales y aquellos que no lo realizan de manera regular a partir de septiembre de 2017.

QUINTO.- Se solicita respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informar las acciones que en materia de asignación recursos, rehabilitación y construcción de viviendas llevaron a cabo con motivo de los sismos de septiembre de 2017.

Ciudad de México, a los 5 días del mes de septiembre de 2018

Atentamente

Susana Harp Iturribarría

Senadora por el Estado de Oaxaca