Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales.
SE SOLICITÓ DISPENSA DE TRÁMITES, QUE NO FUE OTORGADA POR LA ASAMBLEA.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA HACER DEL DOMINIO PÚBLICO LA SENTENCIA DE EXONERACIÓN 156/2018 DE ELBA ESTHER GORDILLO MORALES
Quien suscribe, J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, de la LXIV Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95 numeral 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente, PORPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA HACER DEL DOMINIO PÚBLICO LA SENTENCIA DE EXONERACIÓN 156/2018 DE ELBA ESTHER GORDILLO MORALES al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es uno de los iconos mexicanos por excelencia de la corrupción y la impunidad.
Con diversas acusaciones en su contra, la ex lideresa ha quedado en libertad con un expediente que hoy en día se encuentra como clasificado tras sentencia del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal.
Elba Esther Gordillo Morales inició su carrera política desde 1970, para 20 años después asumir el poder dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), puesto que ocupó durante 23 años.
Fue 3 veces Diputada Federal y Senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido del cual también fue Secretaria General de 2002 al 2005.
El 26 de febrero del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando bajaba de un vuelo proveniente de San Diego, California y puesta a disposición del Juez Sexto de Distrito, Alejandro Caballero.
Acerca de la detención se informó que Elba Esther había sido detenida por estar presuntamente involucrada en desvíos de recursos de los trabajadores del SNTE hacia otras cuentas personales.
El entonces Procurador Jesús Murillo Karam detalló que entre 2008 y 2012 se desviaron más de dos mil millones de pesos de cuentas de trabajadores del SNTE a tres cuentas de personas físicas y una más, de una persona moral, una empresa que pertenecía a la difunta madre de Elba Esther, quienes, según las autoridades mexicanas, no estaban autorizados legalmente para manejar recursos del sindicato.
Una de las acusaciones más fuertes, fue la del uso de fondos del sindicato para cubrir gastos personales como tratamientos de cirugía estética, compras en tiendas de lujo estadounidenses, alta joyería, obras de arte, propiedades inmobiliarias y vehículos de uso no oficial.
El Juez Sexto de Distrito, Alejandro Caballero, dictó auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo el 5 de marzo de 2013, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También se dictó formal prisión contra otras tres personas, acusadas por lavado de dinero: Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.
De acuerdo con las declaraciones hechas por Nora Guadalupe Ugarte, contenidas en la causa penal 11/2013, las hijas y otros familiares de la maestra recibieron cantidades millonarias de recursos provenientes de diversas operaciones de las que el extesorero del SNTE, Héctor Jesús Hernández Esquivel, estaba enterado.
El auto de formal prisión contra Gordillo fue apelado por su defensa el 7 de marzo de 2013.
Posteriormente, el 16 de abril del mismo año, la maestra interpuso un amparo contra el auto de formal prisión que le dictaron.
Por un error procedimental de la Procuraduría General de la República (PGR), se determinó que el juez quinto de distrito en materia penal deberá revalorar todas las pruebas que incriminaron a la maestra, y dictar un nuevo auto de formal prisión o libertad, por lo que hace al caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicho error fue que PGR presentó una querella contra Gordillo y no una denuncia como lo marca la ley para el delito de lavado de dinero.
Por este error, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el 21 de marzo de 2014, otorgar un amparo a Elba Esther, y ordenaron al juez sexto de distrito realizar una nueva valoración y dictar un nuevo auto de formal prisión.
Para el 10 de mayo siguiente, las autoridades ratificaron el auto de formal prisión en su contra.
En febrero de 2015, la defensa de Gordillo solicitó que la maestra continuara su proceso legal desde casa, debido a su mal estado de salud y su edad, entonces 70 años.
Sin embargo, argumentando que la maestra podría fugarse, un juez le negó la prisión domiciliaria el 23 de agosto del mismo año.
El 15 de mayo de 2017, la PGR perdió dos de los tres procesos penales contra la maestra, por defraudación fiscal. Un tribunal colegiado determinó de forma unánime que no existían pruebas para sostener las acusaciones en su contra.
Cuatro años y 10 meses después de su detención, el 15 de diciembre de 2017, la PGR resolvió que la maestra podría vivir en alguna de sus propiedades.
Elba Esther permaneció en prisión domiciliaria en un departamento ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, hasta el día 7 de agosto del 2018.
Los últimos meses de su prisión domiciliaria, la maestra los vivió con laxas medidas de seguridad. En diciembre de 2017 consiguió que autorizaran retirarle el brazalete electrónico de seguridad, pues su uso podía ocasionarle problemas emocionales.
A una semana de que llegó a su departamento en Polanco, las autoridades retiraron el dispositivo que Elba Esther tenía colocado en el tobillo, porque le causaba problemas de ansiedad, debido a que por las noches producía vibraciones que le impedían dormir bien.
Después de cinco años, cinco meses y once días presa, finalmente la exdirigente sindical fue absuelta por las autoridades, lo que elimina toda restricción para que circule con libertad o para que haga vida pública.
Este 8 de agosto, la PGR expresó que respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación sobre la absolución de la maestra, “aunque no la comparte”.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que “ha actuado, en todo momento, con apego a la Constitución”, y aclaró que “actúa siempre conforme a derecho e interviene cuando se presente un hecho que la Ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión”.
El pasado 25 de octubre, el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que al tratarse de un asunto relacionado con una acusación de delincuencia organizada, delito más grave que la PGR intentó fincarle a Elba Esther, no es posible siquiera emitir una versión pública, toda vez que pone en riesgo la seguridad nacional.
Mediante una solicitud vía transparencia, ingresada el 13 de agosto del presente año, el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, refirió que la resolución no podía ser entregada porque en ese momento, aún era posible que la PGR impugnara mediante amparo la determinación.
El magistrado señaló que la información dejó de ser reservada una vez que la resolución emitida en el incidente no especificado de sobreseimiento en el toca penal 156/2018, quedó firme. “Esto es que habían dejado de subsistir las razones que motivaron la clasificación” indicó el Consejo de la Judicatura Federal.
El Comité de Transparencia inició un procedimiento de clasificación de información derivado de la solicitud de la versión pública de la sentencia en el que resolvió confirmar la reserva decretada por el Tribunal Unitario pero por una causa distinta.
De las constancias del expediente, se advirtió que la sentencia solicitada trata de un asunto vinculado con el delito de delincuencia organizada, por lo que se clasificó con el carácter de reservada en por un periodo de cinco años por “seguridad nacional”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, solicitando sea considerada de urgente resolución:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales.
Atentamente:
Senador J. Félix Salgado Macedonio
Salón de Sesiones del Senado de la República
