• Los robos al autotransporte de carga representan 0.5 por ciento del PIB nacional.

Legisladores de Morena proponen sancionar hasta con 15 años de prisión a quien fabrique, comercialice o compre equipos que pueden bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Además, a quienes los instalen o los utilicen.

La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, establece que estos equipos deberán ser asegurados por las autoridades y posteriormente destruidos de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Indica que los equipos a que se refiere la iniciativa, también sirven para intervenir las comunicaciones telefónicas o rastreadores de vehículos, por lo cual, los legisladores consideran que cuando sean usados por algún servidor público sin autorización expresa, éste deberá ser sancionado hasta con 18 años de prisión, a menos que pueda acreditar el motivo por escrito.

El espíritu de la propuesta, que adiciona los artículos 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y al artículo 168 Ter al Código Penal Federal es evitar se siga utilizando la tecnología para anular la señal de rastreo en autotransportes de carga, conocidos como GPS, lo que facilita robos y secuestros en carreteras, haciendo más difícil a las autoridades la localización de estos vehículos.

El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que de 2015 a 2018, el robo a autotransporte de carga en México se incrementó hasta 81 por ciento. Asimismo, según registros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, este delito creció casi 90 por ciento entre 2017 y 2018.

La misma estima que los autotransportistas perdieron 92 mil 500 millones de pesos durante 2017 debido a la delincuencia, cifra que representa un 0.5 por ciento del PIB nacional. Estas cifras sin duda reflejan la gravedad del problema y la urgencia de fortalecer el marco jurídico en la materia, se indica en el texto.

Un bloqueador o inhibidor de señal de radiofrecuencia, bloquea e interfiere llamadas de celular, mensajes de texto, señales de posicionamiento de GPS, por servicios de datos, redes de Wi-Fi, entre otras. Son permitidos por la ley, sólo para bloquear cualquier comunicación en torno a los centros de readaptación social, de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores.

La iniciativa propuesta por los senadores de Morena, Higinio Martínez Miranda y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, así como por los diputados de Morena, Juanita Guerra Mena y del PAN, Víctor Manuel Pérez Díaz, fue turnada para su análisis a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.