- No podemos hablar de una cultura de transparencia efectiva, sin incluir a las generaciones más jóvenes: Jiménez Arteaga
La senadora Rosa Elena Jiménez Arteaga presentó una iniciativa para que autoridades federales, de las entidades, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México estén obligadas a difundir información clara, sencilla, comprensible y accesible para niñas, niños y adolescentes, relacionada con el ejercicio de sus funciones gubernamentales.
“No podemos hablar de una cultura de transparencia efectiva, sin incluir a las generaciones más jóvenes que viven en nuestro país” y que, además, representan un gran porcentaje de la población, consideró la legisladora en su iniciativa que fue turnada a las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expuso la legisladora de Morena, dio a conocer que en México habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que representa 35 por ciento de la población.
El derecho de acceso a la información busca generar las condiciones para que todas las personas tengan acceso a la información pública generada por las instituciones gubernamentales, incluso, nace como una herramienta de apoyo a la rendición de cuentas, pues impulsa a las dependencias de nuestro país a transparentar el ejercicio de sus funciones.
Por ello, afirmó Jiménez Arteaga, debe ser obligación de los Estados tomar medidas correspondientes para dar cumplimiento a todos los derechos consagrados en la Convención Sobre los Derechos del Niño.
“No solo debemos regular el contenido de los medios de comunicación, sino, también, impulsar a que todas las instituciones públicas incluyan en sus páginas oficiales un apartado especial que difunda sus facultades y atribuciones de una manera entendible para niñas, niños y adolescentes”, apuntó.
Puntualizó que la iniciativa busca adicionar el artículo 66 Bis y un segundo párrafo al artículo 101 Bis 1 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la información que difundan las instituciones públicas, especialmente para menores, se ajuste a su capacidad y a sus intereses, que favorezca social y educacionalmente su bienestar, y que refleje la diversidad de circunstancias que los rodean.