La senadora Nestora Salgado García presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que valore la posibilidad de realizar una auditoría financiera y de cumplimiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la finalidad de verificar el desempeño de las acciones tomadas para garantizar la atención a víctimas en el país. 

Otro exhorto del punto de acuerdo pide al presidente de la República remita al Senado la terna de las personas que serán propuestas para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado de la CEAV. Lo anterior se da en contexto de la renuncia de Jaime Rochín, quien hasta el 15 de junio estará al frente de la Comisión. 

La senadora indicó en el documento que ante el permanente compromiso con las víctimas “debemos buscar los mecanismos que nos permitan dar pie a una política de Estado para que las víctimas puedan superar su condición con más y mejores herramientas, así como para garantizar a la sociedad que se implementen medidas con enfoque transformador, que permitan la modificación de las causas estructurales de la violencia para lograr el objetivo de que las víctimas recuperen plenamente el ejercicio de todos sus derechos”. 

La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y centra sus esfuerzos en tres acciones esenciales: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas, no obstante, pese a la existencia de la Ley desde enero de 2013, y sus dos reformas, “existe un reclamo legítimo de muchas víctimas directas e indirectas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que las representan que han denunciado las deficiencias de la Comisión que incluyen procedimientos ineficaces, discrecionales y burocráticos que obstaculizan desde la inscripción de víctimas al RENAVI además de la negativa de acceso a reparación integral, asistencia, entre otras cuestiones”, recalcó la senadora. 

También han denunciado en diversas ocasiones que, al no priorizar la promulgación del reglamento, cuyo plazo venció en septiembre de 2017, ni dar una explicación razonable de su tardanza, la CEAV ha dejado a las víctimas y sus representantes en un estado de indefensión, lo cual ha abonado a la confusión sobre los procesos y procedimientos para acceder de forma efectiva a sus derechos. Además, dicha situación ha generado reclamos por parte de diversos colectivos y personas quienes han denunciado que la interpretación de la Ley por parte de sus funcionarios, en algunos casos es arbitraria y discrecional.