• El objetivo, evitar que tales desechos contaminen el medioambiente.

El senador Ricardo Monreal propondrá reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a efecto de que fabricantes, comercializadores y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos se responsabilicen del manejo adecuado de estos productos cuando su vida útil haya terminado.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena explicó que el objetivo es dar una gestión integral a dichos aparatos para evitar que sus componentes tóxicos contaminen el medioambiente.

Indicó que de los 3.9 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se produjeron en América Latina en 2014, México contribuyó con casi 24 por ciento, sólo superado por Brasil.

Dijo que si bien es cierto que este tipo de productos sirven para apuntalar el futuro, también es verdad que al terminar su vida útil y son desechados, se convierten en residuos que, por sus componentes tóxicos, contaminan la atmósfera y causan graves daños a la salud humana.

Refirió que según la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, sólo 10 por ciento de este tipo de residuos a nivel nacional, se recicla de manera formal. El 40 por ciento permanece almacenado en casas-habitación o bodegas. En tanto, el 50 por ciento es mandado a rellenos sanitarios o tiraderos no controlados.

Ante esta situación, el senador propuso establecer la obligación a los generadores, fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos, de formular y ejecutar planes de manejo de residuos de tales productos.

Se pretende que financien y se hagan cargo de la gestión integral de esos desechos, incluyendo el tratamiento, la valorización y el reciclaje, además de garantizar su recolección.

Ricardo Monreal planteó un plazo de un año, a partir de la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, para que fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores puedan contar con los medios necesarios que les permitan cumplir con la obligación de financiar y hacerse cargo de la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.