- La falta de una normatividad ocasiona que a los usuarios se les adjudiquen servicios que acepten por error, o por no contar con información.
Con el objetivo de erradicar las prácticas abusivas que afectan los derechos y el patrimonio de los usuarios al utilizar los cajeros automáticos, el senador Ricardo Monreal presentará una iniciativa para regular el funcionamiento de esos dispositivos.
En México no existe una disposición específica al respecto, lo que ocasiona que al utilizar esos dispositivos bancarios, a las personas se les cobre un producto que no autorizaron, o que por error acepten un seguro o un crédito que difícilmente podrán pagar y del que no han tenido oportunidad de informarse, manifiesta en su propuesta el coordinador de Morena en el Senado.
Refiere que esa situación ha ocasionado que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONSUSEF) atienda múltiples quejas presentadas por los usuarios que rechazan los servicios financieros que aparecen en pantallas emergentes de los dispensadores mencionados.
Con adiciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley de Instituciones de Crédito, el legislador busca establecer la prohibición de que las entidades bancarias que operen cajeros automáticos ofrezcan cualquier servicio a través de éstos, salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de los clientes.
Asimismo, las instituciones involucradas deberán informar a las personas usuarias los términos y condiciones de contratación de los productos financieros ofertados, disposiciones que también deberán aplicar a donativos realizados mediante cajeros automáticos.
“Esto permitirá generar un entorno financiero en el que la buena fe y los derechos de las personas no sean vulnerados, eliminando prácticas abusivas que, en muchas ocasiones, inducen al error por a los usuarios y acaban por afectar su patrimonio”, señala el senador, en su propuesta.
La iniciativa plantea adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 5 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la fracción XVII Bis al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.
