![](https://morena.senado.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Ricardo-Monreal-Ávila.jpg)
- La reforma está en sintonía con los compromisos derivados de la firma del TIPAT y el T-MEC.
Tras afirmar que la piratería en México representa pérdidas anuales por 43 mil millones de pesos, con lo que se podría mantener 20 hospitales de especialidades, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para castigar con cárcel los delitos de decodificación de señales de telecomunicaciones, comercialización de aparatos de piratería y alteración de gestión de derechos de propiedad intelectual.
La propuesta del coordinador de Morena en el Senado establece que las personas que obtienen un lucro de la práctica de la piratería reciban una sanción penal y de esta forma proteger los derechos de propiedad intelectual e incentivar la producción de material original, considerando que México ocupa el primer lugar en América Latina en los delitos de piratería y contrabando.
El senador explicó que la piratería en México genera pérdidas anuales de 43 mil millones de pesos, lo cual representa una merma recaudatoria de poco más de 6 mil millones de pesos, monto aproximado para mantener 20 hospitales de especialidades.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Hábitos de Consumo de Piratería 2019, el 82 por ciento de las personas consultadas considera que la piratería tiene efectos negativos para la economía del país.
A pesar de esto, indica el legislador, la transgresión de los derechos de propiedad intelectual muestra una tendencia al alza por lo que es necesario generar una cultura antipiratería que muestre con claridad que actos como estos tienen consecuencias legales.
Monreal Ávila aseguró que esta reforma al Código Penal Federal forma parte de las adecuaciones legales necesarias para la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con esta reforma, apuntó el senador, se busca fortalecer el crecimiento económico de México, al dar certidumbre jurídica y garantizar que los creadores de contenido vean sus derechos salvaguardados y, como consecuencia, continúen desarrollando y difundiendo legalmente material propio.