• El Senado tipificó este tipo de agresiones como un delito federal; antes de la LXIV Legislatura, la conducta no era sancionada, destaca Fernández Balboa

La senadora Mónica Fernández Balboa señaló que la violencia política en contra de las mujeres se ha agudizado durante los últimos años, “en la misma medida en que nosotras hemos conquistado posiciones y derechos”.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que este tipo de agresiones “es la repuesta a medidas afirmativas como las cuotas y la paridad de género, que tratan de subsanar la exclusión histórica y sistemática de las mujeres en los gobiernos, en los parlamentos y en la vida pública”.

De acuerdo con algunos reportes, sólo en 2019, la violencia política contra las mujeres aumentó 276 por ciento. Pero este indicador, enfatizó, tiene relación directa con la creciente participación política de las mujeres.

Se trata, apuntó, de una práctica repudiable muy frecuente que cuestiona, frena y limita la participación de ellas en la esfera pública, en los procesos electorales, en la toma de decisiones y en el ejercicio de la función pública.

La presienta de la Comisión de Gobernación impartió la conferencia “La violencia política como un obstáculo a la igualdad sustantiva”, un evento a distancia organizado por el Tribunal Electoral de Tabasco.

Fernández Balboa consideró que este flagelo es la reacción de la misoginia y el machismo a la reivindicación del género femenino en su derecho a tomar parte de las decisiones que nos afectan a todas y a todos.

Las diferentes manifestaciones del problema, refirió, son la expresión de una estructura social y política patriarcal que se siente tocada por la alteración de las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

“Frente a cada conquista, frente al incremento de la presencia de las mujeres en los asuntos públicos, el machismo reacciona para preservar un sistema de dominación”, expresó.

Por ello, la tipificación como delito de la violencia política contra las mujeres ha sido una de las prioridades del Senado de la República, pues esta conducta no era considerada como un ilícito federal, por lo que tampoco era sancionada ni había procedimientos especializados para atenderla.

Antes de la LXIV Legislatura, destacó la legisladora, este vacío jurídico existía pese a que había más de 40 iniciativas en la materia y de que a nivel local 27 entidades ya sancionaban este tipo de violencia en sus leyes, 21 estados en legislaciones electorales y nueve en sus códigos penales.

Por ello, fue necesario incorporar en nuestro marco jurídico una definición precisa sobre esta situación.

La igualdad sustantiva, subrayó, alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. “No basta que estén en un papel, sino que tenemos que vivirlos, tenemos que, a través de acciones afirmativas, vivir cada día esta igualdad”.