Con su permiso, senador presidente. El dictamen que hoy presentamos en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos ha sido trabajado de manera conjunta, de forma unida, con la Comisión de Hacienda y Crédito Público que preside el compañero senador Cuauhtémoc Ochoa.

Este dictamen tiene como propósito modernizar y fortalecer la gestión de recursos públicos alineando el marco legal con las realidades actuales del país y los principios de sostenibilidad, inclusión social y eficiencia administrativa.

Destacaré, para no ser repetitivo, los aspectos que me parecen más relevantes. Primero, modificación en las cuotas por expedición de documentos migratorios para visitantes sin permiso de trabajo, adaptando el sistema actual a la realidad migratoria.

Segundo, aumento de cuotas por servicios migratorios a pasajeros de vuelos internacionales, buscando una distribución equitativa de costos.

Tercero, actualización del cobro de derechos en minería, alineando el pago al fallo de las licitaciones y no sólo a las solicitudes para mayor transparencia y eficiencia.

Cuarto, revisión de las cuotas para reflejar de manera justa el impacto del uso en las áreas naturales protegidas, así como la implementación de descuentos para fomentar su visita y conservación.

Quinto, exención de derechos en telecomunicaciones para actividades de protección civil en emergencias y para pueblos afromexicanos, promoviendo su inclusión social.

Sexto, modificaciones para garantizar la inclusión plena de personas con discapacidad y personas adultas mayores, en línea con lo que hemos venido haciendo para fortalecer sus derechos.

Séptimo, actualización del listado de municipios en zonas federales para asegurar certeza jurídica y mejorar la gestión de estos recursos.

Octavo, adecuaciones en minería y agua, alineadas también con las disposiciones sectoriales y los servicios federales para garantizar claridad, transparencia y eficiencia en el cobro de derechos.

Como conclusión, quiero establecer nuestra firme convicción de que este proyecto para 2025 busca fortalecer la justicia social y el bienestar, siempre el bienestar, apoyando a los sectores vulnerables, fomentando la inversión en infraestructura y energía, manteniendo una disciplina fiscal estricta y mejorando la recaudación fiscal sin aumentar impuestos.

En dos palabras: prosperidad compartida.