Compañeras, senadores, senadoras, en nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, vengo a presentar a esta soberanía el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

La Ley Federal de Derechos, más que un instrumento de recaudación, es una herramienta de justicia económica y social que fortalece la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos de la nación.

Este ordenamiento no sólo actualiza las contribuciones que sostiene el desarrollo nacional, sino que establece un marco que garantiza el uso soberano, responsable, sostenible y equitativo de nuestros bienes públicos.

Para el ejercicio fiscal 2025 se proyectan ingresos por derechos, aprovechamientos y productos que ascienden a 374 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.4 por ciento en términos reales respecto a lo programado para el cierre 2024.

Este aumento responde en su mayoría a la actualización de cuotas con base en la inflación, así como ajustes congruentes con la evolución de las tecnologías y procesos, asegurando así un cobro justo que refleja el costo real de los servicios prestados y el uso de los bienes de la nación.

Las modificaciones contenidas en este dictamen fortalecen la soberanía nacional y privilegian sectores estratégicos como el medio ambiente, la minería, el agua, las telecomunicaciones y los servicios migratorios, reconociendo las prioridades de nuestro país. Permítame destacar los aspectos más relevantes en cada uno de estos rubros.

Uno, migración. Se eliminan exenciones de derechos aplicables a pasajeros de cruceros, un sector que captura más del 50 por ciento de la capacidad global en el Caribe, con destinos claves como Cozumel, Cancún y Mazatlán. Este ajuste asegura que la nación reciba una justa retribución para la utilización de su infraestructura y servicios de migración que recibe esta industria.

Dos, medio ambiente y recursos naturales. Las actualizaciones de cuotas fortalecerán las acciones del manejo, conservación y restauración de la biodiversidad en nuestras áreas naturales protegidas, reafirmando el compromiso con la conservación del patrimonio ambiental de México para las generaciones futuras.

Tres, agua. Este dictamen establece reformas esenciales para garantizar una gestión eficiente y sostenible del agua, uno de los recursos más valiosos de la nación. La instalación obligatoria de medidores asegura una medición precisa a los volúmenes utilizados o descargados, mientras que la armonización con la norma oficial mexicana NOM 001-Semarnat 2021, refuerza la protección de los ecosistemas hídricos y la calidad del agua.

Cuatro, en atención al incremento en los precios internacionales de los metales, se eleva la tasa de los derechos especiales y extraordinarios sobre minería al 8.5 por ciento y 1 por ciento, respectivamente. Estos recursos adicionales se destinarán a proyectos que beneficien directamente a las comunidades mineras, reduciendo las brechas de desigualdad en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Cinco, telecomunicaciones. Se eliminan los pagos de derechos por servicios de telecomunicaciones en comunidades afromexicanas e indígenas, así como para actividades de protección civil. Esta medida garantiza un acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo social de las zonas más rezagadas del país.

En su conjunto, estas reformas representan un paso firme hacia un México más justo de la rectoría del Estado sobre los recursos de la nación, promoviendo la transparencia, la redistribución justa de los beneficios derivados de nuestro patrimonio y un desarrollo equitativo que no deja a nadie atrás.

Es cuanto.