Como Presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República hago un llamado respetuoso a mis homólogos en el Senado estadounidense para rechazar de manera contundente el impuesto a las remesas por su impacto negativo en la economía de México y Estados Unidos.

Considero que, ésta es una medida: i) desproporcionada, pues afecta a prácticamente cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense; ii) supone una carga para quienes cuentan con dicha ciudadanía; iii) representa una carga tributaria excesiva; iv) contradice regulaciones sobre transferencias de dinero; v) entraña serios problemas de operación y; vi) es un detrimento en los esfuerzos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para
impulsar una migración regular, segura y ordenada, especialmente en la frontera que compartimos.

Aunado a ello, existe una relación directa entre las remesas y las exportaciones de Estados Unidos a México. Por lo tanto, una disminución en el flujo de remesas podría impactar negativamente en el comercio bilateral, perjudicando a ambos países.

A la par, las remesas representan un pilar fundamental de la economía de millones de familias mexicanas, que contribuyen significativamente al desarrollo de nuestro país. Una medida tributaria del 3.5% propuesto, disminuirá el monto que efectivamente reciben nuestros connacionales, afectando su calidad de vida y limitará su capacidad de inversión en sus propias comunidades.

Es inaceptable que se pretenda gravar de manera discriminatoria. Independientemente del estatus migratorio de los contribuyentes, ellos y ellas envían parte de sus ingresos a sus familias en el extranjero, con diversos propósitos, cumpliendo con sus respectivas obligaciones fiscales, al tiempo que contribuyen de manera significativa a la economía estadounidense.

Al respecto, se estima que, las tasas de cumplimiento tributario de las migrantes irregulares en EUA oscilan entre el 50 % y el 75 %. Además, pagan a nivel nacional, en promedio, un 8% de sus ingresos en impuestos estatales y locales. Para poner lo anterior en perspectiva, el 1% más rico de los contribuyentes en EUA paga una tasa impositiva efectiva promedio de tan solo el 5.4%

Afirmo que la propuesta es violatoria de derechos humanos, incluyendo el derecho a la protección de los datos personales y a la privacidad. Lo anterior, debido a que plantea que, los proveedores de transferencias de remesas celebren un acuerdo escrito con el Departamento del Tesoro para entrar en la categoría de “Proveedor Calificado”, en el que estos se comprometan a verificar si los remitentes son, o no, ciudadanos o nacionales de EUA para estar exentos del impuesto del 3.5% en las remesas.

Normalmente la verificación de la ciudadanía es una atribución del Estado, y cuando no es de esta manera se debe desglosar en la propia ley las limitaciones o restricciones. En este caso, no se precisa una justificación legal que de cuenta el por qué privados tendrían acceso a datos personales de las posibles personas afectadas; o un marco de verificación de los fondos del
remitente.

Lo anterior, propiciaría la exigencia de verificación de la ciudadanía estadounidense para dichas transacciones por parte de instituciones financieras y pequeñas empresas, al vulnerar el derecho a la privacidad, así como a un trato digno y libre de discriminación.

Al ser una medida desproporcional y excesiva, se buscaría inevitablemente otros canales, incentivando el uso de mecanismos informales y no regulados. Lo anterior, permitiría que las Organizaciones de la Delincuencia Organizada obtengan más fuentes de ingresos ilícitos.

Es fundamental que se continúe preservando la transparencia y la seguridad de las transacciones financieras, tal y como lo había venido implementando el gobierno estadounidense a través de canales formales y regulados. Por tanto, es indispensable que se
rechace esta medida.

Por ello, hago un llamado respetuoso al Senado de Estados Unidos para que escuchen las voces y tomen en cuenta, no solo a los actores de instituciones financieras y bancarias, sino también, a los miles de familias, estudiantes y miembros de las fuerzas armadas que se verían afectados en su derecho a la protección de datos personales, a la privacidad y a la no discriminación.

En ese sentido, también les exhorto respetuosamente a priorizar el diálogo y la cooperación parlamentaria para tratar las causas estructurales de la migración, así como la búsqueda de soluciones duraderas. Lo antes descrito, en el marco de una relación bilateral basada en el respeto y el beneficio mutuo.