Es innegable que estamos viviendo un momento de crisis y no hay sector social que quede exento de ello, pues las circunstancias de la pandemia de COVID-19, agudizaron muchos de los problemas que veníamos arrastrando tanto en la dimensión social como económica y político institucional.
En el ámbito social, el crecimiento de la desigualdad; la falta de acceso a servicios básicos y a fuentes de empleo, han lastimado a los sectores sociales mas desprotegidos o vulnerables, mientras que en la dimensión económica se vive un momento de bajo o nulo crecimiento, cierre de pequeñas y medianas empresas así como problemas con las cadenas de suministros y falta de apoyos para la reactivación económica, por último, en la dimensión político institucional vemos un panorama marcado por una incapacidad de las autoridades para intervenir en la solución de los problemas que nos aquejan, sobre todo por los problemas financieros y el sobreendeudamiento que se vive en los estados y municipios.
Esta incapacidad institucional para intervenir en la solución de los problemas sociales y económicos solo abona a la profundización de la crisis de legitimidad que ha distinguido por décadas a la política mexicana en todos los niveles de gobierno y que actualmente solo está siendo atendida desde el Poder Ejecutivo Federal mediante una mejor redistribución de los recursos presupuestales, inversión pública en infraestructura en las regiones que históricamente y sistemáticamente habían sido marginadas así como mediante la implementación de un régimen de austeridad republicana y una política fiscal orientada a mejorar la recaudación a través de la simplificación de las aportaciones y no crear o aumentar impuestos.
Estoy convencido que las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo Federal, se deben emular en los demás niveles de gobierno, pues la única manera de recuperar la legitimidad institucional frente a la ciudadanía es mediante un ejercicio de introspección que nos permita maximizar la eficacia gubernamental y tratando de reducir al máximo los costos de la administración pública mediante la austeridad y el adelgazamiento burocrático más oneroso. Contrario al ejemplo puesto por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, algunos municipios gobernados por el partido del presidente, como es el caso del municipio del cual soy oriundo (Ensenada, Baja California), han apostado por un aumento drástico en los impuestos para hacer frente a las múltiples necesidades que requiere atender la administración local, lo cual afectará a los sectores productivos, particularmente al sector turístico que representa una parte importante del PIB local y que es uno de los sectores que la Administración Pública Federal impulsará para reactivar la economía nacional.
Por ello recomiendo se reconsidere el aumento de dichos impuestos municipales, teniendo en consideración la crisis global que atravesamos y deben de ser el resultado de un dialogo entre las autoridades locales y representantes de los diversos sectores de la sociedad, pues de lo contrario solo desincentivaran la economía formal y agudizaran la crisis económica que atravesamos actualmente.
