4 de diciembre de 2024

Posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena sobre las leyes Reglamentarias del Poder Judicial de la Federación en reunión de comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, en voz de la senadora Nora Ruvalcaba

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Senadora Nora Ruvalcaba

Gracias, con el permiso de la Presidencia. Senadoras y senadores. Durante décadas fuimos testigos de un Poder Judicial cooptado por las cúpulas del poder, convertido en un bastión que perpetuaba los privilegios de unos cuantos. Un espacio blindado para los más privilegiados que anteponía los derechos de las transnacionales a los del pueblo de México. Vimos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación privilegió a las grandes empresas extranjeras por encima de intereses nacionales. 

Cuando el pueblo mandató a nuestro movimiento fijar tarifas eléctricas justas, así lo acatamos desde el Poder Legislativo al aprobar la reforma eléctrica. Sin embargo, seis empresas promovieron amparos que fueron admitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y derivaron en la declaración de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Industria Eléctrica. Reforma en la que se otorgaba preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas en la industria eléctrica y que pudo haber mejorado sustancialmente desde entonces la economía de millones de familias mexicanas. ¿Y qué hizo en cambio la Corte con la reforma energética de Enrique Peña Nieto?

Esa que entregó un cheque en blanco a las trasnacionales para explotar nuestros recursos, la defendió. En esa ocasión, los ministros no admitieron impugnaciones válidas, ni siquiera cuando presentaba la reforma claros vicios de forma y de fondo desde su aprobación. Lo mismo ocurrió con los amparos otorgados a empresas de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Prefirieron proteger el libre comercio antes que el derecho a la salud del pueblo de México, pero  eso va a cambiar. 

La reforma constitucional en materia de salud que próximamente discutiremos aquí pondrá un alto a esos atropellos.

La Suprema Corte debería ser el ente garante de los derechos del pueblo. Ha jugado del lado de los poderosos y ha creado contubernios que por décadas han perpetuado la desigualdad, la pobreza y la marginación social. Hoy, más que nunca, el pueblo de México exige un poder judicial que no sea cómplice del saqueo, que no voltee para otro lado ante los abusos, que no sirva a intereses mezquinos de las élites.

Esta reforma representa una oportunidad histórica de arrancar de raíz todo aquello que ha lastimado nuestra justicia y nos coloca en la antesala de un cambio verdadero, porque transformar el poder judicial es un deber moral con las generaciones futuras. Es nuestra responsabilidad garantizar que nuestras hijas e hijos encuentren un México donde la justicia sea un derecho y no un privilegio. También enfrentamos un problema profundo de nepotismo en el poder judicial.

Redes familiares han tomado el control de los puestos clave, favoreciendo a los suyos y excluyendo a quienes con esfuerzo buscan un espacio a través de la carrera judicial. En 2022, el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Poder Judicial identificó 6 mil 755 redes familiares, algunas hasta con 79 parientes ocupando cargos dentro de la institución. Podría pasarme horas enumerando los casos en que el Poder Judicial le ha fallado a mexicanas y mexicanos, pero no lo haré porque eso no se repetirá más.

Con la reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre, dimos el primer paso hacia un órgano imparcial que verdaderamente sirva al pueblo. Ahora necesitamos avanzar con leyes secundarias que fortalecerán ese andamiaje jurídico. Vamos a limpiar a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la corrupción, de los privilegios y de las complicidades que obstaculizan el desarrollo de nuestro país.

Vamos a modernizar el sistema judicial garantizando una justicia pronta y expedita a través del fortalecimiento de la carrera judicial. Todo eso mientras preservamos y fortalecemos su autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y de sus áreas administrativas. La Escuela Nacional de Formación Judicial capacitará, evaluará y certificará al personal judicial y administrativo, extendiendo estos beneficios muy pronto a los poderes judiciales locales, a las fiscalías y a las defensorías públicas.

Se acabaron los dispendios. Ahora cada peso será utilizado con responsabilidad bajo una verdadera fiscalización. Vamos a eliminar los fideicomisos destinados al financiamiento de prestaciones extravagantes que no existen en los otros dos poderes de la Unión, con lo que se erradicará también la opacidad en la administración de los recursos públicos que les son transferidos año con año.

Por tanto, no podrán ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al único fideicomiso legal que existe, que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Y quiero ser enfática. El personal del Poder Judicial no tiene por qué preocuparse.

Sus derechos laborales están protegidos. Hemos contemplado recursos para pensiones, apoyos médicos y otras obligaciones laborales conforme a la ley. Estamos ante el nacimiento de un poder judicial más inclusivo, donde se reflejen las distintas voces de nuestra sociedad y se respeten plenamente los derechos humanos.

Un poder judicial con paridad, perspectiva de género y derechos humanos, en el que la voluntad del pueblo sea la voz soberana. ¿Por qué esa voluntad clama por un México justo, libre y democrático? Clama porque nunca más los intereses de los poderosos se impongan al bienestar de la nación.

En nuestra democracia, el pueblo es el juez de todos los poderes de la Unión. Cada resolución, cada reforma debe responder a su voluntad. Tengo claro que el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional votarán en congruencia, en congruencia con su adopción a la corrupción, a la falta de transparencia, a los privilegios, a la política de cuotas y de cuates, cosa que con la Cuarta Transformación quedarán sepultados.

Nada dijeron cuando desmantelaron la política social emanada de la Revolución Mexicana y comenzaron a privatizar todo, privatizaron el ejido, privatizaron el agua, privatizaron la energía, privatizaron la electricidad, privatizaron el gas, lo privatizaron todo con un adelgazamiento del Estado que apenas podía responder a las necesidades de la población. Es importante recalcarles que nunca más tendrán un poder a su servicio. Se acabaron los ministros que respondían a los intereses de los partidos políticos y que eran repartidos aquí en el Senado a los partidos políticos.

Se acabaron todas esas componendas. Se acabó ese poder judicial que respondía a los intereses económicos como con el que se inauguró la Suprema Corte de Ernesto Zedillo Ponce de León al aprobar el criminal anatocismo que era el cobro de intereses sobre intereses. Hoy ningún poder operará en contra del pueblo.

Hoy el poder vuelve a su legítimo dueño y a su creador, el soberano pueblo de México. Es cuanto.