Con el permiso de la presidencia, compañeras, compañeros, quiero darle gracias a mi grupo parlamentario, a mi coordinador Adán Augusto, a la presidenta de la comisión de Energía, Laura Itzel Castillo y a Enrique Izunza, de poder posicionar porque pasaron 20 años para poder lograr el impulso del sector energético de recuperar soberanía y valga nuestro reconocimiento a Heberto Castillo, a Porfirio Muñoz Ledo, e Ifigenia Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, compañeros de la izquierda, de la izquierda consecuente, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

Quiero precisar que entre diciembre del 2013 y el verano del 2014 la entonces coalición gobernante y con exclusión total de la izquierda mexicana en el proceso legislativo aprobó lo que se conocería como la malreforma energética de Enrique Peña Nieto.

Con dicha reforma se buscaba cerrar el ciclo de una participación creciente del estado en el sector iniciada hace 110 años con la creación de la Comisión Técnica del Petróleo en 1915 plasmada en la Constitución Política de México en 1917. Se consolida en 1938 con Lázaro Cárdenas la expropiación petrolera y eléctrica y se reafirma en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica. El significado histórico de estas fechas tan emblemáticas como el 18 de marzo y el 27 de septiembre fue puesto en entredicho y con ello volvió a irrumpir en el debate político la importancia del sector energético como elemento simbólico constitutivo de la identidad colectiva de la mayoría del pueblo mexicano.

Buscando legitimarla socialmente, se aseguraba que la reforma, decía Peña y algunos que deambulan por aquí, que permitiría incrementar la renta petrolera del estado. Nada más falso, porque ni hubo aceleramiento del crecimiento económico ni tampoco dinamizaron la creación de empleos. Prometieron que se iban a reducir los precios de los energéticos, la electricidad y los alimentos así como contar con energía abundante y barata para detonar el crecimiento. Fue un fracaso. Ni transparencia ni rendición de cuentas, pero sí contratos de Odebrecht para becar a Felipe Calderón en España. Es decir, y quiero señalar por lo que han dicho, Pemex cuando recibió un peso por la Secretaría de Hacienda Pemex le regresó cuatro pesos al gobierno de la república y esto fue durante el sexenio del presidente López Obrador.

Al cierre de la administración de Peña la tasa integral de restitución de reservas probadas de hidrocarburos apenas alcanzó el 25 por ciento de la producción del petróleo y cayó por debajo de los dos millones de barriles diarios. La de gas natural rondaba los cuatro millones de pies cúbicos diarios. Las tarifas eléctricas aumentaron en sectores como el doméstico con el 10 por ciento, el agrícola con el 11 por ciento y servicios con un 30 por ciento.

El desempleo flagelaba a las zonas petroleras y los empleos creados por los nuevos generadores eléctricos fueron en su mayoría temporales, poco calificados y mal pagados. La inversión privada ya realizada en 2018 era en un orden de magnitud inferior a la esperada y el crecimiento del PIB seguía sumido en la mediocridad propia del estancamiento estabilizador que hoy padecemos. En suma los únicos resultados tangibles de la reforma energética fueron principalmente la dilución de la capacidad rectora del Estado y su debilitamiento como actor central del sector a través de sus empresas, el establecimiento de un modelo de industria basado en el mercado y el protagonismo creciente del sector privado a costa del desplazamiento acelerado y forzado de Pemex y la CFE así como la consolidación de un esquema de integración energética subordinada a los intereses extranjeros.

Ante estos resultados de la reforma… Por supuesto senadoras y senadores, no se trata con esa forma, con esa insistencia desde los círculos opositores, opinólogos de encontrar el camino de regreso a un pasado idílico. Al contrario, la intención central del paquete de reformas enviado por la presidenta de la república es la construcción del mejor sendero institucional posible hacia el futuro del sector energético y de nuestro país. En este sentido el objetivo primordial de las modificaciones legislativas que nos ocupan es armonizar la orientación general de las políticas públicas en materia energética de los gobiernos surgidos de nuestro gran movimiento popular con la arquitectura institucional, el marco jurídico y la dinámica sectorial.

De esta forma podrá haber plena certeza en las condiciones materiales para el desarrollo de los proyectos de inversión público, privadas y mixto. De un lado porque se reducirá el riesgo de judicialización de las políticas públicas y por el otro porque estarán dadas las condiciones para una adecuada planeación y toma de decisiones en materia de inversión. Se restituye al estado su potestad de planear, regular y supervisar el sector energético sin las fragmentaciones y duplicidades que antes lo entorpecían.

Se crea una ley de planeación y transición energética para impulsar con mayor decisión esta agenda, pero a diferencia del pasado ahora la planeación será vinculante y contará con mejores instrumentos de mediano y largo plazo. Por primera vez se incluye el concepto de justicia energética en la legislación para reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía. Esto vendrá acompañado de recursos para la atención prioritaria en las poblaciones más vulnerables.

Se crea el Sistema Nacional de Información Energética para recabar información que permitirá tomar mejores decisiones en materia energética y diseñar mejores políticas públicas. Se va a devolver con el carácter de empresas públicas. Se va a dar el cambio de naturaleza jurídica de Pemex y CFE de empresas productivas a empresas públicas del estado, reguladas por el derecho público y se les incorporará a un régimen especial sobre austeridad, contabilidad y sustentabilidad.

Se refuerza las políticas de austeridad alineando el ejercicio de sus recursos a criterios de eficiencia y responsabilidad financiera, además del establecimiento de metas anuales específicas alineadas a la planeación. Al recuperar su mandato público, las CFE y Pemex garantizarán el acceso universal a la electricidad, a los combustibles, incluso en zonas no rentables para los privados. Es decir, estamos logrando que el Estado y el enfoque del gobierno humanista que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum cuente con las herramientas necesarias para darle la protección, la seguridad que necesitan todos y cada uno de nosotros los mexicanos.

Desde México vemos con preocupación cómo el modelo, el modelo que hoy ha puesto en crisis al país, a la nación, a nuestros hermanos de Chile, un modelo promovido por intereses neoliberales, ha convertido la electricidad en un privilegio en lugar de un derecho. La crisis chilena debe servirnos de advertencia para seguir defendiendo la soberanía energética y el papel del Estado en la regulación de servicios esenciales. No podemos permitir que las familias paguen el precio de la especulación y la falta de planeación.

La energía no es un lujo, es un derecho humano y México ya vivió los estragos de un sistema privatizado y por eso la cuarta transformación. Vamos a luchar porque la Comisión Federal de Electricidad y Pemex sigan siendo el pilar de nuestra soberanía energética. No podemos depender de las empresas extranjeras para garantizar el acceso a un servicio universal en México.

La lucha de la soberanía energética sigue en pie y por eso el voto de la bancada mayoritaria de Morena será a favor. ¡Que viva Pemex! ¡Que viva CFE! ¡Que viva la soberanía energética en México!

Es cuanto, presidente.