Ante la reciente deuda adquirida por el Gobierno y aprobado por el Congreso Local en el Estado de Tamaulipas, por 4,600 millones de pesos para inversión pública ante la actual emergencia sanitaria por SARS-CoV2, la senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes ha reiterado su compromiso con la ciudadanía tamaulipeca, de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Por ello turnará de forma directa a comisiones en el Senado de la República, un Punto de Acuerdo que exhorte al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a la Secretaría de Salud de Tamaulipas y a la Secretaría de Finanzas del mismo, a que envíen un informe pormenorizado, con total transparencia, del ejercicio de la deuda contraída para atender la pandemia mencionada; que incluya las mejoras de infraestructura, las contrataciones de personal, la compra de insumos y demás inversiones públicas realizadas, además de un informe del estado actual de la infraestructura y servicios médicos estatales para establecer una comparación con el trabajo realizado a raíz del préstamo adquirido.
El Gobierno Tamaulipeco ha tenido fuertes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. En ejercicios fiscales pasados, como ejemplo el de 2018, donde Tamaulipas resultó la segunda entidad federativa con mayor cantidad de fondos irregulares, teniendo 13 mil 326 millones de pesos señalados con observaciones por la Auditoría Superior de la Federación en su Fiscalización del Gasto Federalizado, solo por debajo del Estado de México. Para puntualizar aún más alguna de las irregularidades, específicamente en materia de salud, una observación de la ASF en Tamaulipas, es sobre la Construcción del Nuevo Hospital General de Matamoros, donde se pagaron 350.6 millones de pesos en nueve contratos de adquisiciones, con equipos que no se encuentran instalados, suministrados, ni puestos en operación en el hospital. Ante este panorama, es que el punto de acuerdo que presentará se torna, no solo pertinente, sino un deber. Es primordial supervisar con cuidado el uso de los recursos públicos, su correcta aplicación y asegurar que las inversiones públicas realizadas sean verdaderos focos de desarrollo.
La senadora ha expresado que no comparte la medida tomada por el gobernador y el Congreso Local, y que es necesario establecer un principio de transparencia y rendición de cuentas en las deudas adquiridas por el gobierno, ya que son las y los ciudadanos tamaulipecos los que día con día, durante años, pagan estas decisiones gubernamentales; además, insiste en que es deber de las y los representantes populares instar para que los recursos sean aplicados con pertinencia en beneficio de la población, pero sobre todo, de los sectores más desprotegidos.
