• En días pasados policías estatales ingresaron armas a una secundaria con pretexto de acciones preventivas de violencia

Tras la publicación de una información respecto a que policías de Guanajuato enseñaron a estudiantes a usar fusiles de asalto y pistolas, el senador Elí César Cervantes Rojas, integrante de la Comisión de Seguridad, criticó que se permita el ingreso de armas a las escuelas con pretexto de una charla de prevención de violencia.

Por ello, llamó al gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a frenar este tipo de acciones, más que educativas o preventivas, abonan a la violencia y polarización de un estado que se encuentra con altas cifras de homicidio doloso, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2020 se registraron más de 4 mil víctimas de este tipo de homicidios.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Educación estatal dar una explicación a fondo sobre lo que ocurrió, por qué ocurrió, y las acciones que emprenderá para castigar la autorización para que los estudiantes fueran adiestrados en el uso de armas en un plantel educativo.

Además, exhortó a la Secretaría de Educación Pública federal para que en el ámbito de sus competencias tienda lazos de diálogos para que se frene este tipo de acciones violentas y en ninguna escuela del país vuelvan a ingresar armas para uso de los estudiantes, y se ayuda a integrar un protocolo nacional al respecto.

El también integrante del Grupo Parlamentario de Morena dijo que el uso de armas en nada abonan a la pacificación del país, un ejemplo de ello es el uso de armas en Estados Unidos que tal es la facilidad de acceder a un arma que jóvenes esperan cumplir 18 años para comprar una y cometer eventos horribles como el asesinato de pequeños en primarias.

De acuerdo con la información difundida, los padres de familia –de los estudiantes de la secundaria técnica 54 “Mariano Matamoros” de Purísima del Rincón–, externaron su inconformidad porque los directivos de la escuela hayan permitido el ingreso de pistolas a una institución académica y más aún que les hubiesen permitido usarlas, comentó el también integrante de la Comisión de Educación.

Cervantes Rojas señaló que lo que se sabe del uso de las armas en la secundaria de Guanajuato es que forma parte de las pláticas sobre prevención de adicciones y violencia del programa Planet Youth, el cual fue implementado por el Gobierno del estado, con apoyo de protección civil, tránsito municipal, lo que resulta vergonzoso para un gobierno que dice respetar los derechos y promocionar el respeto cívico.

Y es que no es una sociedad armada lo que dará paz al país, es el respeto a los derechos humanos, la justicia, las oportunidades de bienestar y desarrollo que se ofrecen lo que aportará para tener una sociedad más segura.

Sentenció: “No se debe llevar armas a las escuelas y enseñar a los niños a manejarlas pues esto no coadyuvará a detener a la violencia. Los gobiernos deben impulsar el respeto de los derechos de niños tales como el derecho a la vida, al desarrollo, la educación; así como fortalecer las medidas de prevención pero no desde la visión caduca de ojo por ojo”.

Cervantes Rojas dijo que el programa denominado Planet Youth –según la información difundida– es un modelo islandés que fue acogido por aproximadamente 20 gobiernos municipales de dicho estado, por lo que se debe revisar para evitar que se replique esta trasgresión al artículo 12 de la Ley de Educación del estado que exige fomentar una conciencia de respeto a los derechos humanos y una cultura de la no violencia.

Además, en el artículo 159 de dicha ley establece que se harán acreedores a una sanción quienes efectúen actividades que pongan en peligro la seguridad de los educandos (fracción IX); las sanciones las tendrá que interponer la Secretaría de Educación estatal.

Una misma infracción contemplada en el artículo 170 de la Ley General de Educación, pero esta ley contempla una sanción sólo cuando exista reincidencia de actividades que pongan en peligro la seguridad de los estudiantes con la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios.