• Propone involucrar a las secretarías de Educación, Energía, Salud, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, además de Pemex en un plan educativo.

Para evitar que se repitan tragedias como la sucedida en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde explotó una toma clandestina de combustible, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano en nombre propio y de su compañero Rubén Rocha Moya, pidió a las secretarías de Educación Pública, Energía, Salud, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como a Petróleos Mexicanos que, de manera coordinada, desarrollen e implementen un programa educativo, dirigido específicamente a las comunidades donde cruza la infraestructura de ductos de gasolina.

El Gobierno Federal y estas dependencias deben trabajar en un programa relacionado con la educación y la cultura de los pueblos cercanos a los ductos, para que conozcan los riesgos para la vida de perforar y manipular combustibles, así como el valor económico, rentabilidad e importancia que tiene para el Estado mexicano la refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos, así como, señaló. 

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena recordó que la lucha del Gobierno del Presidente contra el huachicoleo seguirá siendo un tema prioritario en la agenda pública de México, por lo que reconoció la urgencia de implementar programas para concientizar a la población sobre los riesgos de perforar ductos.

Sólo alejando a los pueblos de la práctica del robo de combustibles, enseñando valores en  favor de la honestidad, la ética, la moral pública, impulsando alternativas educativas y culturales, promoviendo los programas sociales, se podrá contribuir a generar oportunidades para el cambio desde abajo que permita erradicar la práctica de la ilegalidad, la violencia y la destrucción colectiva como se registró en el fatídico estallido del ducto de Tlahuelilpan, aseguró.

La senadora Abreu Artiñano recordó que ordeñar ductos que transportan combustibles se ha convertido en una práctica negativa, extendida por diversas regiones del país que cuentan con ese tipo de infraestructura.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, las tomas clandestinas para robar combustibles iniciaron desde 2000. En 2002 había 180 tomas, en 2018 se dispararon a 14 mil 894, mencionó.