• Llama el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, a tender lazos y establecer las bases para que el abasto sea suficiente en ambos lados de la frontera
• La Cámara de Senadores debe ayudar a resolver el conflicto que se presenta en Chihuahua, coinciden legisladores

Senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios se reunieron con funcionarios del Gobierno Federal, a efecto de clarificar el panorama y mantener una visión más amplia del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos y los conflictos que han surgido en Chihuahua en los últimos días por este tema.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, dijo que se busca tender lazos y bases para que, de ambos lados de la frontera, el suministro de agua sea suficiente para continuar con las actividades agrícolas, domésticas, así como las relaciones comerciales, industriales y laborales.

Es un buen momento para fortalecer la cooperación y llevar todos los temas de interés en el cauce de la legalidad y en los órganos jurisdiccionales encargados de regular esta materia, subrayó.

Eduardo Ramírez manifestó que esa región es compleja, ya que coincide con grandes desiertos, de ahí que se requiere de un buen uso y manejo del agua. Además, agregó, se observa “cómo se dirime un problema que alcanza mayor fuerza cuando hay en puerta procesos electorales”.

La presidenta de la Comisión, Bertha Alicia Caraveo Camarena, expuso que los graves problemas surgidos en Chihuahua comienzan a resonar en ambos lados de la frontera, los enfrentamientos se han caracterizado por la desinformación, los diferentes intereses creados a su alrededor y por el proceso electoral del próximo año.

Señaló que como legisladores tienen el compromiso de ayudar en este tema y dejar a un lado las “grillas que sólo provocan confusión y encono en la población”. Asumamos nuestro deber como representantes e intermediarios, entre el gobierno federal y los ciudadanos, expresó.

La legisladora de Morena llamó a tener altura de miras y anteponer los intereses de México, que es una nación de palabra, cumple sus acuerdos y respeta sus compromisos. Cuestionó a quienes ahora supuestamente defienden a los campesinos, pero son los mismos que históricamente los abandonaron a merced de los grandes terratenientes.

Anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, a fin de evitar conflictos domésticos por el agua y cuidar los bienes de la nación sin afectar el tratado bilateral con Estados Unidos.

Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que el Tratado divide los límites y la repartición de aguas, de dos, de los tres ríos transfronterizos, y establece los criterios para dirimir conflictos entre los ambos países en esta materia.

Precisó que en él se establece que Estados Unidos entrega del Río Colorado, mil 850 millones de metros cúbicos por año, mientras que México entrega 431 millones del Río Bravo. Asimismo, se precisan los montos mínimos de entrega, para que ninguno de los dos países retuviera agua en las presas internas por encima de lo que establece el Tratado y se definieron los usos de los ríos.

Indicó que en el ciclo 34, nuestro país cerró con un déficit de 324 millones de metros cúbicos, por lo que el ciclo actual no cuenta con flexibilidad y debe cerrarse en ceros. “Fue un volumen importante que no se entregó del anterior, es casi el equivalente al de un año”.

Aseguró que se están realizando diversas acciones y un gran esfuerzo para superar el manejo del ciclo 34, entre las que se mantiene un diálogo binacional con la sección estadounidense, con el objetivo de concluir en tiempo y forma, para no dar paso a sanciones o demandas para renegociar el tratado.

En su oportunidad, Humberto Marengo Mogollón, comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, indicó que el problema de esta región radica en que el consumo de vital líquido en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas aumentó, “pero ya no hay más agua en promedio”.

Por ello, abundó, se necesita de manera urgente e inmediata un modelo realista de oferta y consumo hidrológico, que considere las aguas superficiales y subterráneas, así como revisar la infraestructura hidráulica y ver la posibilidad de mejorar la seguridad; hacer acuerdos forzosos y obligatorios para tecnificar el riego y elaborar acuerdos con usuarios, legisladores y gobernadores.

Advirtió que de no cumplir con el Tratado, en un momento dado se corre el riesgo de que Estados Unidos lo denuncie y se tenga que hacer una renegociación, que podría resultar desfavorable para México y que podría generar un gran riesgo económico.

La directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, precisó que de acuerdo con estudios técnicos, el Río Conchos, es el más caudaloso y por ello debe aportar 54.1 por ciento del volumen total del Tratado, “pero no es así, ya que, con el tiempo el consumo aumentó en Chihuahua y disminuyó el agua que aporta”.

En consecuencia, señaló que los otros estados tuvieron que incrementar la cantidad de agua que aportan al Tratado. “La cuenca del Río Conchos se emplea para la agricultura, el hecho de que tanta agua se destine para este fin, nos lleva a entender el problema que vive la gente que se encuentra ahí”.

Destacó que en el Consejo de Cuenca, se trabajó un reglamento que lleva 14 años de elaboración, pero que para 2019, “Chihuahua se levantó de la mesa”.

El senador Américo Villarreal, de Morena, dijo que se requiere de un esfuerzo de inversión para actualizar la información científica y técnica, a fin de contar con datos que permitan tomar mejores decisiones en el manejo de las cuencas hidrológicas. Planteó reconsiderar algunos permisos agrícolas que se dieron en otros contextos, donde no se evaluaron correctamente.

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, consideró que se trata de un problema estructural y no debe verse como un conflicto político. Dijo que el destino alcanzó a esta zona fronteriza, por lo que sugirió el diseño de un gran proyecto de inversión de infraestructura, como una solución que no ponga en riesgo el abasto del agua y que podría ser financiado por el Banco de Desarrollo de América del Norte.

Del PAN, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge dijo que los agricultores de Chihuahua afectados han denunciado corrupción al interior de la Conagua en el manejo del líquido. Además, advirtió que una renegociación del tratado con Estados Unidos sería grave para nuestro país, pues los términos actuales nos benefician y difícilmente podrían repetirse en un nuevo acuerdo.