•  Plantean descartar la clausura de negocios, siempre y cuando no comprometan intereses generales.

El senador Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para eliminar las causas de clausura o suspensión del funcionamiento de las empresas y negocios que sólo impliquen trámites administrativos con el objetivo de proteger las fuentes de ingresos y de empleo.

Las autoridades competentes no podrán aplicar ninguna suspensión desde la primera visita, a menos que se demuestre peligro inminente contra la vida o la salud de las personas que laboran en los establecimientos o de los usuarios de los bienes o servicios respectivos o cuando se trate de la probable comisión de delitos.

La exposición de motivos señala que la generación de fuentes de empleo y la conservación de las existentes es una de las demandas de la sociedad mexicana. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), enfrentan obstáculos como trámites administrativos, fiscales, de revisión y supervisión, de salubridad, los cuales implican tiempo y recursos para el cumplimiento de requisitos para su operatividad.

Recientemente, recuerda, fue aprobada la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuyo objetivo de erradicar prácticas que puedan generar corrupción, como la verificación que se hace de las actividades comerciales e industriales que realiza la ciudadanía, generadoras de empleo y bienestar social.

El documento busca reconocer el papel que juegan las pymes en nuestro país y adoptar medidas que les apoyen en su actividad para que superen la esperanza de vida de los negocios, la cual, según datos del INEGI, no supera los 9.1 años.

Dichos establecimientos, asegura, son los más afectados por los trámites que se, los cuales son considerados por sus propietarios como excesivos debido al tiempo que se emplea y su alto costo; además, la falta de algún requisito puede llevar a su clausura, perdiendo así el patrimonio invertido.

Es por ello que plantea reformar la Ley General de Mejora Regulatoria para que la conservación de las fuentes de ingresos y de empleo prevalezca sobre el cumplimiento de requisitos que sean considerados innecesarios.

La legislación o normatividad respectiva deberá prever el otorgamiento de plazos razonables para tal cumplimiento, que puedan ser ampliados por acuerdo de la autoridad competente con los obligados a la regularización, así como la asesoría y acompañamiento gratuito en la materia.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.