• Propone utilizar métodos sustentables y sostenibles para el manejo de los desechos, que protejan la economía, el medio ambiente y a la sociedad.

La senadora María Merced González González, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, propone modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, a fin de eliminar la incineración de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Con esta propuesta se busca poner en marcha soluciones sustentables y sostenibles, mediante los principios de remanufactura, reutilización, reciclaje, compostaje y recuperación energética de los residuos orgánicos, y se podría realizar mediante procesos de biodigestión.

Merced González destaca la necesidad de prohibir la incineración de residuos sólidos y crear un sistema de gestión integral, en donde se aplique la responsabilidad compartida entre los sectores sociales, productivos y los tres órdenes de gobierno.

Hay plantas cementeras, dijo, que utilizan neumáticos, desechos químicos, industriales, y hospitalarios para la obtención de combustible alterno, que generan emisiones peligrosas a la atmósfera y causan daños irreversibles en la salud de las y los mexicanos de las localidades aledañas a las fábricas.

También indicó que la actividad referida ocasiona pérdidas económicas, debido a que corta la cadena de la economía circular y no permite el uso de alternativas sostenibles a largo plazo.

Afecta a los ecosistemas circundantes a las plantas cementeras por la emisión de gases Orgánicos Persistentes y Orgánicos Volátiles, lo que conlleva a un daño para la población, ocasionando enfermedades hepáticas, cáncer, deficiencias inmunológicas, disfunciones hormonales, entre otros padecimientos crónicos, agregó.

Refirió que, en 2012, las plantas de CEMEX ejecutaron la quema de tres mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, actividad que realiza de manera regular para la obtención de energía, lo cual repercute de manera negativa en el sector económico, el medioambiental y la salud.

La iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.